Informe de la ONU sobre los Derechos Humanos en Colombia

      

      Texto presentado por la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las

      Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ante el 57 periodo de sesiones

      de la Comisión de Derechos Humanos , que se realiza en Ginebra (Suiza).

 

      INTRODUCCIÓN

      Desde hace ya algunos años, la Comisión de Derechos Humanos viene

      siguiendo con preocupación la situación de los derechos humanos en

      Colombia. Esto se ha visto reflejado en sucesivas declaraciones por parte

      de su Presidente. La Comisión de Derechos Humanos solicitó en 1996 a la

      Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos

      Humanos establecer una oficina en Colombia, teniendo en cuenta la

      invitación del Gobierno de este país.

      El 26 de noviembre de 1996 fue establecida la Oficina del Alto Comisionado

      de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia (OACNUDH),

      mediante acuerdo firmado por el Gobierno de ese país y el entonces Alto

      Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En el marco

      de este acuerdo, la Oficina debe observar la situación de los derechos

      humanos y de derecho internacional humanitario con el objeto de asesorar a

      las autoridades colombianas en la formulación y aplicación de políticas,

      programas y medidas para la promoción y protección de los derechos

      humanos, en el contexto de violencia y conflicto armado interno que vive

      el país. Ello debe permitir a la Alta Comisionada presentar informes

      analíticos a la Comisión de Derechos Humanos. El acuerdo fue prorrogado

      por tercera vez, hasta abril de 2002.

      En el 56º período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos (2000) la

      Declaración de la Presidencia consideró que la Oficina "sigue desempeñando

      una función vital en la lucha contra las violaciones de los derechos

      humanos y del derecho internacional humanitario..." y señaló que "sigue

      creyendo que la valiosa labor de promoción y protección de los derechos

      humanos que realiza al ayudar a las autoridades de Colombia a formular

      políticas y programas en ese ámbito es de máxima importancia y la apoya

      plenamente". Asimismo agregó que la Comisión "recomienda que se amplíe la

      presencia de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para

      los Derechos Humanos más allá de Bogotá" y solicitó a la Alta Comisionoada

      la presentación de "un informe detallado que contenga un análisis de la

      Oficina de Bogotá sobre la situación de derechos humanos en Colombia".

      El presente informe corresponde al período comprendido entre enero y

      diciembre de 2000 y se basa en la información recogida por la Oficina del

      Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en

      Colombia, directamente o a través de sus interlocutores, y analizada por

      la misma. La Oficina esencialmente en el desarrollo de sus funciones de

      observación, recibe quejas y se desplaza la las regiones para observar

      directamente muchas situaciones concretas que se presentan en el país y

      que se relacionan con su mandato. Así, mediante sus entrevistas y

      reuniones con víctimas, testigos, autoridades nacionales y locales, tanto

      civiles como militares, y su observación directa a través de sus viajes,

      la Oficina analiza los datos e informaciones, y evalúa los comportamientos

      de los distintos actores involucrados, tanto en los hechos violatorios

      como en las responsabilidades de actuación para la prevención o la

      protección. Como resultado de este ejercicio, la Oficina traslada sus

      preocupaciones a las autoridades competentes y presenta las

      recomendaciones que considere pertinentes para hacer frente a esas

      diversas situaciones. En relación con ello enfoca, además, su asesoría

      legal y la cooperación y asistencia técnica con las instituciones,

      respondiendo al resultado de dicha observación, al diagnóstico elaborado y

      a los obstáculos y dificultades identificados.

      I. VISITA DE LA ALTA COMISIONADA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS

      HUMANOS A COLOMBIA

      La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

      visitó el país entre el 3 y el 4 de diciembre de 2000. Los propósitos de

      la visita fueron verificar la situación de derechos humanos, impulsar la

      labor de su Oficina en Colombia y resaltar el papel cumplido, tanto por su

      Director como por su equipo de trabajo. Su presencia en Colombia se

      produjo en momentos críticos para el país y cuando se vislumbraba una

      posible ruptura del proceso de paz con las FARC.

      En su segunda visita a Bogotá, la Alta Comisionada se entrevistó con el

      Presidente de la República, Andrés Pastrana Arango, con la Comisión

      Intersectorial de Derechos Humanos, integrada por ministros del despacho y

      las cabezas de las instituciones judiciales y de control, con el Ministro

      de Trabajo, con el Defensor del Pueblo, con líderes políticos y

      empresariales, con periodistas, con más de 20 representantes de

      organizaciones de derechos humanos, de los sindicatos, del movimiento por

      la paz, de indígenas y de afrocolombianos, y con representantes de las

      agencias del sistema. Intervino, igualmente, en una rueda de prensa con

      los principales medios de comunicación del país.

      La visita de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos

      Humanos permitió el envío de mensajes firmes, no sólo sobre la importancia

      de los derechos humanos para un Estado de derecho sino también sobre la

      necesidad de construir en el país una paz negociada. En este sentido,

      llamó a la sociedad civil a superar la aguda polarización y a desechar las

      posiciones guerreristas.

      La Alta Comisionada, en mensajes dirigidos al Gobierno, a los actores

      armados y a la sociedad colombiana, hizo énfasis en varios puntos

      concretos. A todos los actores armados les reiteró que los principios

      humanitarios no son negociables ni adaptables. Instó al Gobierno, en

      particular, a poner en marcha un mecanismo eficaz para la lucha contra el

      fenómeno del paramilitarismo, a abordar las causas estructurales de la

      crisis carcelaria, a acelerar la adopción de un Plan de acción nacional en

      derechos humanos y a adelantar una evaluación independiente del Programa

      de Protección de Defensores de Derechos Humanos del Ministerio del

      Interior.

      Al Gobierno, a todos los actores armados y a la sociedad colombiana en su

      conjunto les reiteró la importancia de respaldar con mayor fuerza la

      suscripción de un Acuerdo Global de Derechos Humanos y de Derecho

      Internacional Humanitario como un paso importante para la reafirmación de

      valores comunes y para el fortalecimiento del proceso de negociación de

      paz.

      II. ACTIVIDADES DE LA OFICINA

      En el año 2000, la Oficina continuó su actividades buscando intensificar

      el fortalecimiento de cada una de sus áreas de trabajo, es decir, de

      observación, de asesoría legal y de cooperación técnica.

      Las quejas presentadas ante la Oficina continuaron siendo una fuente

      privilegiada de acceso y comprensión de la realidad del país. En 2000 se

      recibieron 1017 quejas, de las cuales 759 fueron admitidas. Se enviaron

      108 comunicaciones a las autoridades y se emprendieron numerosas gestiones

      directas. La Oficina realizó viajes a distintas regiones del país,

      completando un total de 65 visitas al terreno y de 145 días de actividades

      fuera de Bogotá. Estos viajes se han focalizado esencialmente sobre

      regiones de especial preocupación por la gravedad de las violaciones de

      derechos humanos y de las infracciones al derecho internacional

      humanitario, en zonas donde se identificaron posibilidades de prevención

      de tales violaciones e infracciones, y en localidades donde el

      acompañamiento a las víctimas se hizo indispensable.

      La Oficina incrementó sus actividades relacionadas con el asesoramiento

      jurídico. Asistió a numerosas reuniones de trabajo en el seno de comités y

      otras instancias para impulsar investigaciones de violaciones de derechos

      humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, elaborar

      programas e identificar acciones para la protección y garantía de estos

      derechos, y para impulsar el seguimiento de las recomendaciones . La

      Oficina elaboró cuatro Hojas Informativas (publicaciones que tienen por

      objeto precisar, en el marco de la normativa internacional, conceptos que

      contribuyan al análisis de temas de actualidad nacional).

      Asimismo, se publicó, en colaboración con la Universidad Nacional, una

      recopilación y actualización de las recomendaciones internacionales hechas

      a Colombia en materia de derechos humanos y derecho internacional

      humanitario. También se prepararon dos compilaciones, una de instrumentos

      de Derecho internacional de derechos humanos, de derecho internacional

      humanitario y de derecho penal internacional y otra de jurisprudencia y

      doctrina internacional y nacional en la materia (véase el capítulo VIII).

      Adicionalmente, la Oficina publicó un boletín sobre normas de seguridad y

      de autoprotección.

      En cuanto a la tarea de asesoramiento y asistencia técnica, la Oficina

      continuó intensificando su diálogo y desarrollando los proyectos con las

      instituciones colombianas encargadas de la protección y promoción de los

      derechos humanos, así como con las organizaciones no gubernamentales e

      instituciones académicas (véase el capítulo VIII).

      Como parte de su política de promoción y difusión, la Oficina participó en

      numerosas actividades (seminarios, foros, talleres y conferencias).

      Realizó ademas dos talleres regionales con organizaciones no

      gubernamentales (véase el capítulo VIII). Asimismo, en el marco del

      trabajo con los medios de comunicación, la Oficina incorporó un oficial

      encargado del tema y llevó a cabo reuniones y talleres con periodistas. Su

      Director concedió varias entrevistas, convocó conferencias de prensa y

      mantuvo numerosas reuniones de trabajo con los directores de los más

      importantes medios del país. La Oficina elaboró también 17 comunicados de

      prensa.

      III. Dificultades para el desarrollo del mandato de la Oficina; Situación

      de los derechos humanos y derecho internacional humanitario

III. DIFICULTADES PARA EL DESARROLLO DEL MANDATO DE LA OFICINA

      

 

      El pleno desarrollo del mandato de la Oficina se ha visto confrontado por

      algunas dificultades que son importantes señalar. La primera de ellas es

      el notorio y objetivo agravamiento de la situación del respeto a los

      derechos humanos y al derecho internacional humanitario en Colombia. Esto

      ha provocado el cierre progresivo de múltiples espacios de participación,

      denuncia, investigación y seguimiento a todo nivel y escala, afectando

      directamente las labores del conjunto de entidades que trabajan en el

      campo de los derechos fundamentales, particularmente las organizaciones no

      gubernamentales. Dentro de los límites de sus recursos, la Oficina

      concientemente multiplicó sus esfuerzos para proseguir su trabajo en tan

      graves y difíciles circunstancias y examinar la situación de muchas

      regiones a pesar del patente clima de polarización e intolerancia que vive

      el país (véase el capítulo IV).

      También se han presentado inconvenientes en la interlocución con el

      Gobierno. Las instancias en las que la Oficina -desde el inicio de sus

      actividades en el país- logró brindar acompañamiento, apoyo y asesoría al

      Estado para promover acciones y programas destinados a enfrentar las

      diferentes problemáticas y hacer el seguimiento de las recomendaciones

      internacionales, han sido disueltas, o marginadas de los ejes de las

      principales políticas gubernamentales, o bien disgregadas en aspectos

      colaterales a los principales problemas, o el efecto que han tenido no ha

      estado a la altura de la magnitud de la crisis. Por ejemplo, las

      respuestas gubernamentales a las comunicaciones trasmitidas por la Oficina

      sobre casos y situaciones específicas (como alertas tempranas), en su

      abrumadora mayoría han sido insatisfactorias, inoperantes y puramente

      burocráticas. Aún cuando el propio Presidente Pastrana tomó seria nota de

      todas estas situaciones, el detrimento de la calidad de la respuesta

      gubernamental a la interlocución con la Oficina no se ha corregido de

      manera sustantiva y las funciones y capacidad de impacto de este mecanismo

      resultaron muy desaprovechadas por el Gobierno.

      Para superar el reto que un marco tal supone, la Oficina reformuló su

      estrategia de acción y cooperación buscando los canales y métodos más

      propicios y efectivos para tal efecto. Por una parte, en un esfuerzo por

      desarrollar el diálogo con el Gobierno, más allá de la coyuntura de

      realización del período de sesiones anual de la Comisión de Derechos

      Humanos de las Naciones Unidas, la Oficina presentó al Presidente Pastrana

      -a mediados de año- sus principales preocupaciones, mediante un informe

      reservado, sin que ello generara un cambio en la dinámica de la

      interlocución. Por otra parte, consciente de la creciente expectativa y

      atención que generosamente le han brindado todos los sectores del país, la

      Oficina redobló sus labores y diálogo con un amplio abanico de grupos

      políticos, empresariales, eclesiales, sindicales, barriales, campesinos,

      académicos, estudiantiles, y de reinsertados de ex-movimientos

      insurgentes, en todos los cuales la recepción obtenida ha sido

      reconfortante.

      Finalmente, la Oficina también afrontó, durante el mismo período,

      dificultades de orden financiero que tuvieron fuerte impacto en sus

      actividades. La llegada tardía de recursos necesarios para el cumplimiento

      del mandato hizo que, durante aproximadamente un mes, la Oficina no

      pudiera mantener su presencia periódica en las diversas regiones del país.

      Por otra parte, algunos de los proyectos previstos en el marco de la

      cooperación técnica no pudieron, por la misma razón, implementarse en el

      transcurso del presente período, provocando su postergación para el

      siguiente año. Asimismo, la apertura de las oficinas regionales previstas

      en el plan de acción de la Oficina, en seguimiento de las recomendaciones

      de la Comisión de Derechos Humanos, quedó igualmente pendiente de

      ejecución.

      IV. CONTEXTO NACIONAL

      En el panorama general de los acontecimientos del año 2000, en Colombia se

      entretejieron de manera compleja y crítica asuntos de naturaleza

      diferente. Entre ellos figuran los diálogos de paz entre el Gobierno y las

      guerrillas, las agudas diferencias surgidas entre las élites políticas por

      los debates sobre reforma y referéndum, y la crisis que ello conllevó.

      También se incluye en ese panorama las escandalosas revelaciones sobre

      prácticas persistentes de corrupción en la contratación estatal, el

      intenso proceso de discusión en torno a la aprobación de recursos

      internacionales relacionados con objetivos de la iniciativa denominada

      "Plan Colombia", y los delicados escollos que han emergido en las

      relaciones bilaterales con la vecina República de Venezuela. De manera

      paralela, procesos de corte más estructural, como son la persistencia de

      los duros efectos de la seria crisis económica del año 1999 y la constante

      y nociva actividad de las poderosas redes del narcotráfico, siguen siendo

      relevantes para la completa comprensión de la situación del país.

      Desarrollar de manera adecuada cada una de las cuestiones antes

      mencionadas escapa, probablemente, al marco que señala el mandato de la

      Oficina y, sin duda, excede las limitaciones de espacio del presente

      Informe. No obstante, es indispensable que en esta sección se llame la

      atención sobre la polarización que empezó a afectar a Colombia a lo largo

      del año. La dinámica de la polarización logró madurar hasta configurarse

      nítidamente como el más preocupante fenómeno político-social, e incluso

      militar, que podría afectar el próximo ciclo político del país. El propio

      Presidente Pastrana ha advertido públicamente sobre los riesgos de un

      escenario tal. El influjo de la polarización comenzó a atravesar

      subrepticia y paulatinamente el conjunto de los temas centrales

      previamente aludidos y , de no ser revertido, se proyecta con capacidad de

      definir el curso de los principales acontecimientos y decisiones del

      conjunto de actores que forman parte del cuadro de las múltiples crisis

      colombianas. El actual proceso de polarización no sólo trae consecuencias

      negativas para los diálogos de paz, los ensayos de concertación social y

      laboral, el debate político nacional y la economía, sino que también

      contribuye a acelerar procesos de desinstitucionalización del Estado de

      derecho.

      El Gobierno persistió en sus esfuerzos por avanzar hacia la adopción de

      acuerdos en la búsqueda de la paz e impulsó numerosas gestiones con este

      objetivo (véase el capítulo VI.1). No obstante, durante el período del

      presente informe, la Oficina ha notado que el amplio respaldo a la

      continuación de las negociaciones con las FARC disminuyó

      considerablemente. Existen algunos sectores sociales y líderes políticos

      que piden el fin de la "zona de distensión" y el inicio de ofensivas

      militares a gran escala contra las guerrillas. De la misma manera,

      reclaman la aprobación de normas que posibiliten la creación de "milicias"

      armadas, lo cual anuncia un peligroso escalamiento de la confrontación

      bélica. A su vez, se han adelantado propuestas gubernamentales para

      cambios normativos importantes que podrían afectar y limitar derechos y

      garantías constitucionales y agravar la situación de impunidad. La Oficina

      también ha detectado que un número creciente de actores y sectores del

      país tienden a percibir todo análisis crítico, incluso aquellos que tiene

      carácter constructivo, como ataques frontales y deliberados. La Oficina ha

      observado, igualmente, que el camino del diálogo con el ELN tampoco este

      año pudo ser allanado, aunque se registraron avances importantes (véase el

      capítulo VI.1). Se trata, en términos generales, de un ambiente que

      debilita los espacios de interlocución a todo nivel.

      Visto lo anterior, el reto principal en Colombia es reagrupar las

      voluntades nacionales para volver a encauzar al país en un camino de

      respeto y vigencia de los derechos fundamentales, de pleno desarrollo

      humano y de una paz justa y duradera. Manteniendo ese horizonte en mente,

      la preocupación de muchos países amigos de Colombia se ha concentrado en

      el eje de la solución negociada del conflicto armado interno. La acción de

      la Oficina, en el seno de las actividades de conjunto que realiza el

      sistema de las Naciones Unidas en Colombia, puso el énfasis en la difusión

      de la iniciativa del "Acuerdo Global sobre Derechos Humanos y Derecho

      Internacional Humanitario". A esta iniciativa han dado su respaldo la

      Comisión de Derechos Humanos, a través de la Declaración de su Presidente,

      y el propio Secretario General de las Naciones Unidas. En noviembre de

      2000, el Presidente Pastrana encabezó y presentó ante el país un consenso

      de importantes corrientes políticas colombianas en torno a un "Frente

      Común por la Paz y contra la Violencia". En éste se señaló como una

      "consideración urgente" el logro de un acuerdo como el referido. En

      desarrollo de su mandato, la Oficina seguirá impulsando la propuesta del

      "Acuerdo Global", buscando con ello contribuir en la construcción de

      consensos fundamentales que detengan la espiral de confrontación y

      polarización.

      V. SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

      El presente informe, de conformidad con el mandato de la Oficina en

      Colombia, se refiere tanto a violaciones de los derechos humanos como a

      infracciones al derecho internacional humanitario. Las acciones y

      omisiones contra derechos consagrados en instrumentos internacionales de

      derechos humanos constituyen violaciones de éstos cuando tienen por

      autores a servidores públicos del Estado o a particulares que obran por

      instigación, con el consentimiento o con la aquiescencia de las

      autoridades.

      En el marco del conflicto armado interno colombiano, las infracciones al

      derecho internacional humanitario son acciones u omisiones contrarias al

      artículo 3 común a los Convenios de Ginebra, al Protocolo II adicional a

      éstos y al derecho consuetudinario, cuya autoría corresponde esencialmente

      a quienes participan directamente en las hostilidades. En Colombia, el

      derecho internacional humanitario se aplica al Estado, a las guerrillas y

      a los paramilitares.

      En el país, los principales grupos armados insurgentes (guerrillas), que

      se oponen al Estado, son las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia

      (FARC), la Unión Camilista-Ejército de Liberación Nacional (UC-ELN) y el

      Ejército Popular de Liberación (EPL). También existen grupos paramilitares

      que se llaman a sí mismos "autodefensas" y reclaman ser fuerzas de

      carácter netamente contra insurgente. La mayoría de ellos se identifica

      pública y colectivamente como "Autodefensas Unidas de Colombia" (AUC),

      siendo su núcleo más fuerte y conocido el de las "Autodefensas Campesinas

      de Córdoba y Urabá" (ACCU).

      Las violaciones de derechos humanos por parte de los grupos paramilitares

      comprometen la responsabilidad del Estado en diversos supuestos. Por una

      parte, dentro del contexto en el cual se realizan los hechos imputables a

      esos grupos hay elementos de responsabilidad general del Estado por la

      existencia, el desarrollo y la expansión del fenómeno paramilitar. De otra

      parte, hay también situaciones en las que el apoyo, la aquiescencia o la

      tolerancia de servidores públicos ha sido sustantivo en la realización de

      los mencionados hechos. Igualmente deben considerarse constitutivos de

      violaciones de los derechos humanos los hechos perpetrados por integrantes

      de grupos paramilitares por obra de la omisión de las autoridades. Cabe

      señalar que el Estado colombiano tiene obligaciones positivas en materia

      de protección de los derechos humanos y de prevención de sus violaciones.

      Es importante igualmente destacar que varios de los siguientes casos

      comprometen la responsabilidad directa o indirecta del Estado en materia

      de derechos humanos al mismo tiempo que constituyen infracciones al

      derecho internacional humanitario.

A.              Derechos civiles y políticos

A. Derechos civiles y políticos

      

 

      1. Derecho a la vida

      Como en años anteriores, durante el año 2000 las violaciones más notorias

      y numerosas del derecho a la vida estuvieron constituidas por las

      ejecuciones extrajudiciales. Éstas se consumaron tanto en su modalidad de

      masacre como en la de homicidio individual o "selectivo". Aunque un alto

      porcentaje de las ejecuciones parecía tener móviles políticos, en algunas

      de ellas eran identificables los elementos característicos de la llamada

      práctica de "limpieza social".

      Las masacres fueron cometidas, en su mayoría, durante el desarrollo de

      violentas incursiones de los grupos paramilitares y, muchas de ellas,

      dieron lugar al desplazamiento forzado de los pobladores de la zona. El

      Ministerio de Defensa afirmó que "esos grupos son responsables de una gran

      parte del incremento de las violaciones a los derechos humanos en los años

      recientes" . En casos como los de Ochalí (Antioquia), el 19 de enero,

      Ovejas (Sucre) y El Salado (Bolívar), entre el 16 y el 19 de febrero,

      Pueblo Bello (Cesar), el 8 de marzo, y Tibú (Norte de Santander), el 6 de

      abril, el número de muertos en cada matanza osciló entre 15 y 54. Como

      caso paradigmático cabe resaltar la masacre ocurrida en la madrugada del

      día 22 de noviembre en la Ciénaga Grande de Santa Marta (Magdalena). En

      esa ocasión, un grupo de 60 paramilitares incursionó en poblados de

      humildes pescadores y dio muerte a por lo menos 42 personas. A raíz de

      estos hechos, fue denunciada la desaparición forzada de 30 personas y

      otras 3000 se desplazaron. Estos crímenes forman parte de un ataque

      sistemático contra la población civil.

      La crueldad deliberada y extrema fue el sello característico de esas

      masacres, incluyendo actos con altos niveles de sevicia sobre las

      víctimas, acusadas de una supuesta simpatía por la insurgencia. Además,

      provocaron una atmósfera de zozobra y terror sobre los civiles. Los

      departamentos más afectados por las ejecuciones colectivas de autoría

      paramilitar fueron Antioquia, Bolívar, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó,

      Magdalena, Norte de Santander, Putumayo, Sucre y Valle.

      El grueso de la población afectada por las ejecuciones extrajudiciales de

      origen paramilitar estuvo constituido por campesinos de todas las edades,

      sin excluir a los niños. En el campesinado ven los miembros de las AUC a

      posibles colaboradores clandestinos de la guerrilla o a sustentadores

      pasivos de la misma.

      La Oficina también recibió información sobre ejecuciones extrajudiciales

      cuyos autores habrían sido integrantes de la fuerza pública. En el

      departamento de Caldas se acusó a miembros de la Policía nacional de las

      matanzas con motivaciones de "limpieza social" en los municipios de

      Salamina, Neira y Aranzazu. También se tuvo conocimiento de que, en Pasto

      (Nariño), un oficial y varios agentes del mismo cuerpo armado fueron

      llamados a indagatoria por la muerte de personas indigentes cuyos

      cadáveres aparecieron degollados y con signos de tortura. En Pueblo Rico

      (Risaralda), el 18 de abril, tres indígenas del pueblo Emberá-Chamí fueron

      víctimas de una masacre que habría sido ejecutada por hombres del

      ejército. Otro ejemplo lo constituye la muerte, el 3 de octubre, de Over

      Perea, de 15 años por un agente de la Policía, en el sector de El Cartucho

      (Bogotá). El joven, quien fue retenido junto con otros tres menores, fue

      torturado, le dispararon y posteriormente su cadáver fue arrojado a un

      contenedor de basura. En las masacres de Ovejas y El Salado, ya

      mencionadas, la Oficina recibió testimonios sobre la posible participación

      directa de miembros del ejército en estas acciones paramilitares.

      En lo que se refiere a "homicidios selectivos", durante el período

      cubierto por el presente informe, los grupos paramilitares dieron muerte

      violenta, entre otros, a funcionarios municipales, candidatos a cargos de

      elección popular, ex combatientes desmovilizados, indígenas, académicos,

      estudiantes, sindicalistas y defensores de derechos humanos.

      Durante el presente período, la Oficina ha podido registrar un nuevo

      patrón de actuación por parte de las AUC en materia de muertes selectivas.

      En efecto, en varias zonas del país se observa que las muertes selectivas

      son cada vez más frecuentes, por encima de las masacres que

      caracterizaron, en términos generales, la actuación de los grupos de

      autodefensa. Tal patrón, que busca disminuir el impacto público de las

      matanzas, fue notorio en Barrancabermeja (Santander) y en varios

      municipios del norte del departamento del Cauca. Por otra parte, la

      Oficina tuvo conocimiento de que en algunas localidades controladas por

      grupos paramilitares se ha ejercido una práctica sistemática de limpieza

      social en contra de prostitutas, homosexuales, delincuentes, drogadictos,

      niños de la calle, recicladores, entre otros; fenómeno poco reportado

      oficialmente. Ello se observó, en particular, en zonas como Montería y

      Tierralta (Córdoba), Remedios y Segovia (Antioquia), en Santa Marta

      (Magdalena) y en Quibdó (Chocó).

      Otras violaciones del derecho a la vida registradas durante el año 2000

      fueron las que se perpetraron por agentes de la fuerza pública del Estado

      al actuar con negligencia o con uso excesivo de la fuerza en eventos

      durante los cuales se emplearon armas de fuego o gases lacrimógenos. Así

      ocurrió en el municipio de Toledo (Norte de Santander), el 11 de febrero,

      al disolver una manifestación de los indígenas del pueblo U'wa contra la

      empresa petrolera OXY, hecho en el cual resultó muerta una niña de seis

      meses.

      Gran consternación causó en el país lo ocurrido en Pueblo Rico (Antioquia)

      el 15 de agosto, cuando miembros del Ejército Nacional dieron muerte a

      seis niños y dejaron heridos a otros cuatro menores, sobre los cuales

      habrían disparado durante alrededor de media hora.

      Por último, con las violaciones del derecho a la vida están relacionadas

      estrechamente las amenazas de muerte proferidas por los paramilitares

      contra personas al servicio de organizaciones no gubernamentales pro

      derechos humanos, funcionarios judiciales, periodistas, sindicalistas,

      ministros religiosos, profesores y estudiantes universitarios (véase el

      capítulo VI).

      2. Derecho a la integridad personal

      Aunque desde hace algunos años han disminuido notoriamente en Colombia las

      quejas sobre tortura aplicada para obtener confesiones o testimonios, en

      los últimos 12 meses siguieron reportándose numerosos casos de personas

      torturadas con fines de castigo o de intimidación. La casi totalidad de

      las víctimas de tortura en Colombia resultan sometidas a graves

      sufrimientos porque los torturadores se proponen, ya sancionarlas

      ilegalmente por lo que son, piensan, opinan o hacen, ya infundir miedo en

      sus parientes amigos, vecinos o copartidarios.

      Muchas de las personas que pierden la vida en las ejecuciones

      extrajudiciales perpetradas por agentes del paramilitarismo son

      previamente torturadas por sus captores con los suplicios más atroces,

      como en el caso de Ovejas y El Salado anteriormente aludido. El hecho de

      que generalmente la tortura preceda a la ejecución extrajudicial, tiene un

      efecto distorsionador sobre las estadísticas referidas a aquel crimen. Al

      acopiar información acerca de los casos de homicidio colectivo o

      selectivo, los nombres de las víctimas suelen incorporarse al renglón de

      las violaciones contra el derecho a la vida sin mencionar que con respecto

      a esos muertos también hubo violaciones del derecho a la integridad

      personal. En otros casos, los médicos que realizan la necropsia omiten

      establecer la existencia de indicios de tortura en los cadáveres.

      En el transcurso del año también se registraron violaciones del derecho a

      la integridad personal por medio de tratos crueles, inhumanos o

      degradantes. Estos tratos lesionaron a personas que tomaban parte en actos

      públicos de protesta, como sucedió en Montería (Córdoba), el 6 de marzo,

      durante el desalojo de un predio ocupado por invasores, o a personas que

      se hallaban privadas de libertad en instalaciones policiales y en centros

      de reclusión. Por lo demás, en lo que respecta a las condiciones en que

      las se mantiene a miles de personas en las cárceles colombianas, véase el

      capítulo VI.

      Finalmente, la Oficina ha recibido quejas sobre el uso desproporcionado de

      la fuerza en actuaciones militares y policivas. Se reportaron casos en los

      cuales los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley proceden con

      abierto desconocimiento de los principios internacionales sobre

      legitimidad, proporcionalidad y oportunidad del empleo de medios de poder

      físico en el marco de protestas callejeras y en el interior de

      establecimientos penitenciarios.

      3. Derecho a la libertad individual y a la seguridad personal

      Una violación grave y abundante del derecho a la libertad y seguridad

      personal, que afecta además otros derechos fundamentales, fue la

      constituida por las desapariciones forzadas. Para efectos de este Informe,

      la Oficina sólo considera desapariciones forzadas los hechos en los cuales

      figuran como autores las personas a que se refieren los instrumentos

      internacionales sobre la materia, es decir, los funcionarios públicos o

      particulares que obran con el apoyo, aquiescencia o tolerancia de agentes

      del Estado . La anterior advertencia resulta necesaria, ya que en la

      legislación colombiana puede endilgarse la responsabilidad de una

      desaparición forzada incluso a personas particulares que obren sin el

      apoyo, la autorización o el asentimiento del Estado.

      La Oficina pudo observar que durante el período al cual se refiere el

      presente informe la desaparición forzada siguió siendo una práctica

      reiterativa de los grupos paramilitares, empleada con finalidades

      punitivas e intimidatorias. Las estadísticas sobre las víctimas de este

      delito continúan siendo imprecisas, ya que se comete, generalmente, dentro

      de un contexto de violencia generalizada contra la población civil, como

      resultado criminoso de actuaciones en cuyo desarrollo proliferan también

      ejecuciones extrajudiciales, secuestros y éxodos masivos. Tales

      circunstancias dificultan comprobar, en muchas ocasiones, la presencia

      inequívoca de los elementos del crimen. En las zonas rurales que sufren

      incursiones de grupos paramilitares se dio, una y otra vez, el caso de

      personas a quienes nunca volvió a verse después de ser sacadas de sus

      hogares o de sus sitios de trabajo por hombres armados que se las llevaron

      consigo tras acusarlas de connivencia con la guerrilla. En otras

      ocasiones, los cadáveres de quienes habían sido privados de la libertad

      bajo la misma acusación pudieron localizarse tiempo después, lo cual

      permitió establecer que tras su aprehensión fueron víctimas de tortura y

      ejecución extrajudicial.

      Según los datos suministrados por la Defensoría del Pueblo de Antioquia,

      sólo en los primeros seis meses del año 2000 se contaron 520 casos de

      desaparición forzada en ese departamento, superando la totalidad de los

      casos registrados en esa región durante el año 1999.

      Si bien la autoría de la mayor parte de las desapariciones forzadas

      puestas en conocimiento de la Oficina se atribuyó por los quejosos a

      integrantes de organizaciones de carácter paramilitar, también hubo

      algunos casos en que como presuntos responsables figuraban miembros de la

      fuerza pública.

      La más frecuente y reiterada violación del derecho a la libertad

      individual se materializó en aprehensiones realizadas por servidores

      públicos que carecían de competencia para ello, procedían sin motivo legal

      o actuaban con fundamento en normas cuya finalidad es abiertamente

      incompatible con el respeto los principios internacionales.

      A lo largo del año 2000 continuaron presentándose las privaciones de

      libertad ilegales o arbitrarias, mediante las llamadas "capturas

      momentáneas" o "detenciones preventivas gubernativas". Estas facultades de

      la policía permiten aprehender hasta por 12 horas, sin mandamiento

      judicial, a personas que se hallan en sitios públicos o abiertos al

      público. En la práctica, las "redadas" o "batidas" desarrolladas por la

      policía en sitios urbanos y rurales se cumplen sin observar los criterios

      jurisprudenciales . Estos últimos buscan poner límites a las atribuciones

      de autoridades administrativas para privar de libertad a personas que ni

      se hallan en flagrancia ni están en la situación de los ciudadanos cuya

      captura ha sido públicamente requerida. Por lo demás, como se realizan al

      margen de todo control judicial de legalidad, las personas que a ella son

      sometidas quedan expuestas no sólo al riesgo de sufrir tratos crueles

      inhumanos o degradantes, o de afrontar la tortura, sino incluso en peligro

      de convertirse en víctimas de ejecuciones extrajudiciales.

      En el año 2000 también siguieron presentándose detenciones ilegales o

      arbitrarias imputables a los miembros de las fuerzas militares. Esas

      detenciones se cumplieron durante las operaciones de contrainsurgencia

      adelantadas por el ejército en puntos del territorio nacional donde actúan

      grupos guerrilleros. En el curso de tales operaciones se ha privado de

      libertad a pobladores civiles del lugar patrullado, bajo la imprecisa

      sindicación de tener nexos con los rebeldes. El 21 de octubre, en Yondó

      (Antioquia), ocho campesinos habrían sido aprehendidos por soldados del

      Batallón 45, Héroes del Majagual, que sólo 48 horas después fueron puestos

      a disposición de la fiscalía regional de Barrancabermeja.

      Otras privaciones de libertad por paramilitares, como la toma de rehenes o

      secuestros, están desarrolladas en el punto E de este capítulo.

      4. Derecho a la libertad de circulación

      Durante el tiempo al cual se contrae este informe la Oficina fue informada

      de violaciones de tal derecho por parte de las fuerzas militares y de los

      grupos paramilitares. Es indispensable dejar constancia, aunque escape el

      marco de este acápite, de que la posibilidad de movilización de personas y

      bienes en varias e importantes regiones del país se ha vuelto precaria y

      riesgosa, principalmente en razón de la frecuencia, intensidad y duración

      de las acciones guerrilleras en las vías de comunicación terrestres (véase

      el capítulo VI y el punto E de este capítulo).

      Las restricciones de carácter militar a la libertad de circulación

      afectaron, entre otros ciudadanos, a los habitantes de algunos territorios

      indígenas, como por ejemplo en la Sierra Nevada de Santa Marta. Los

      moradores de esos territorios quedaron así sometidos a situaciones por

      cuyo efecto se hizo especialmente difícil el acceso a los bienes de

      primera necesidad. Otro caso fue el de la comunidad de paz de San José de

      Apartadó (Antioquia) en el cual, por orden del comandante de la zona, los

      soldados exigieron el nombre y la cédula de todas las personas que

      entraban y salían de la comunidad, advirtiendo que sólo se permitía el

      ingreso de quienes eran miembros de ella. Esta comunidad ha sido, además,

      permanentemente estigmatizada por las autoridades bajo la sindicación de

      que sus integrantes tienen nexos con la guerrilla.

      En el caso de los paramilitares, las violaciones del derecho a la libertad

      circulatoria estuvieron asociadas con la instalación de ilegales puestos

      fijos de control y vigilancia en las regiones sometidas a su dominio

      fáctico. El retén es utilizado por el paramilitarismo no sólo para

      controlar la identidad de los transeúntes y restringir el comercio de

      víveres y de gasolina, sino que debe destacarse su fuerte incidencia sobre

      la posterior perpetración de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones

      forzadas, masacres y desplazamientos forzados de población civil.

      Durante el año 2000, se informó a la Oficina sobre la existencia de

      retenes paramilitares, en particular, en Tibú (Norte de Santander), Valle

      del Guamuez (Putumayo), en Quibdó (Chocó), en los municipios antioqueños

      de San José de Apartadó, Urrao, Frontino y Uramita, y en Bahía Solano,

      Tumaradó (Chocó). En este último caso se afectó a los retornados del

      Cacarica. Tales retenes se instalaron, muchas veces, en puntos geográficos

      que pertenecen a zonas del territorio donde es visible una fuerte

      presencia de las fuerzas militares.

      En Medellín siguió aplicándose el Decreto municipal 326 que otorga a la

      policía facultades para disolver y reprimir cualquier circulación masiva

      de personas. Esta disposición no sólo es violatoria de la libertad de

      circulación sino que además afecta las libertades de expresión y de

      reunión y no se adecua a las exigencias internacionales en materia de

      normas de excepción.

      De la más grave de las violaciones del derecho a la libertad de

      circulación, el desplazamiento forzado, se tratará con detalle en la

      sección 3 del capítulo VII.

      5. Derecho al debido proceso

      La vigencia y plenitud del derecho al debido proceso ha continuado siendo

      precaria por causas relacionadas con los altos índices de impunidad, en

      particular en casos de violaciones de derechos humanos e infracciones al

      derecho internacional humanitario. Sin embargo, esta problemática se halla

      vinculada a diversos factores, varios de ellos estructurales, de la

      administración de justicia, así como también al debilitamiento de las

      instituciones judiciales y de control, y a su limitada capacidad de acción

      o, inclusive, ausencia en varias regiones del país.

      A pesar de la entrada en vigencia del nuevo Código Penal Militar, en

      agosto de 2000, continuaron las violaciones del derecho a ser juzgado por

      un tribunal competente, independiente e imparcial, mediante el

      conocimiento de casos de violaciones graves de los derechos humanos y del

      derecho internacional humanitario por los tribunales castrenses . El caso

      paradigmático ha estado representado por el proceso por la desaparición de

      Nidia Erika Bautista, en agosto de 1987, hecho por el cual, en 1993, el

      Estado colombiano fue encontrado responsable por el Comité de Derechos

      Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La

      Oficina recibió denuncias por varias irregularidades en la sustanciación

      del proceso, incluyendo violaciones a las garantías procesales de la

      defensa y al deber de impartir justicia en un plazo razonable. A

      principios de 2000, el caso continuaba bajo investigación de la justicia

      penal militar. Finalmente, el Consejo Superior de la Judicatura, luego de

      un pronunciamiento de la Corte constitucional, resolvió, el 21 de julio,

      asignar la competencia a la justicia ordinaria. El caso se tramita desde

      entonces ante la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía.

      En casos de graves violaciones de derechos humanos e infracciones al

      derecho internacional humanitario, la Fiscalía se declaró incompetente a

      favor de la justicia penal militar. Así sucedió en los casos relacionados

      con la masacre de Santo Domingo y con las privaciones arbitrarias de la

      vida en Pueblo Rico. El primer hecho sucedió en diciembre de 1998, en el

      Departamento de Arauca, a raíz del cual se inició investigación de la

      denuncia por la muerte de unas 20 personas, incluyendo 6 niños, por un

      ataque aéreo de la Fuerza Aérea Colombiana sobre la población civil de esa

      localidad. La Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, que llevaba el

      caso, trasladó el proceso a la justicia penal militar el 30 de mayo del

      2000. El segundo caso, sucedido el 15 de agosto de 2000, en Pueblo Rico,

      Antioquia, se refiere a la muerte de seis niños por miembros del ejército.

      El proceso iniciado por la Fiscalía regional de Medellín fue enviado a la

      justicia penal militar por la propia Fiscalía, a finales de agosto de ese

      mismo año, aunque ya había entrado en vigencia el nuevo Código Penal

      Militar.

      También se han registrado hechos violatorios de la presunción de

      inocencia, en particular por aplicación abusiva de la detención

      preventiva. La Corte Constitucional examinó la violación del debido

      proceso por la falta de una adecuada motivación de las resoluciones de

      autoridades judiciales y estableció que era inadmisible, frente a la

      presunción de inocencia, considerar anticipadamente como una delicuente

      condenada a la sindicada en etapa de investigación. La Corte agregó,

      además, que las consideraciones hechas por la Fiscalía eran producto de

      prejuicios y prevenciones infortunadas contra los delincuentes y

      sindicados .

      Otras violaciones se han producido por la omisión o dilación injustificada

      de los funcionarios judiciales en actuaciones de las cuales dependía el

      ejercicio del derecho fundamental al debido proceso o a la libertad

      personal. La Corte Constitucional se pronunció al respecto en una

      sentencia de tutela en la cual el fiscal había resuelto un mes más tarde

      una petición de libertad provisional, cuando el término máximo es de tres

      días. Ante dicha omisión procedía la acción de habeas corpus que fue

      denegada . Esto último se relaciona con las incompatibilidades destacadas

      por la Oficina en el informe anterior en cuanto a la regulación de este

      recurso, el cual ante detenciones decretadas por autoridad judicial la

      acción debe presentarse ante el mismo juez y sin las características

      propias de un recurso de habeas corpus.

      En cuanto al derecho de defensa, el solo hecho de comprobar que más de la

      mitad de la población carcelaria depende de la defensa pública, cuyas

      serias limitaciones se desarrollan en le capítulo VI, dimensiona

      particularmente las denuncias recibidas de personas privadas de libertad

      que señalaron la carencia o deficiencia de la defensa técnica.

B.               Derechos económicos, sociales y culturales

B. Derechos económicos, sociales y culturales

      

 

      Los derechos económicos, sociales y culturales se vieron, en general,

      afectados por la crisis económica, las políticas de ajuste fiscal, la

      violencia que vive el país y la problemática del desplazamiento. Los

      desplazados han sido la principal población afectada en relación con estos

      derechos, pues las condiciones de vida de estas personas son

      extremadamente precarias y están lejos de la satisfacción de necesidades

      básicas en materia de alimentación, vivienda, educación, salud, entre

      otras.

      Dado el incremento de la violencia ejercida contra el movimiento sindical

      este período, la Oficina ha dado nuevamente prioridad al seguimiento del

      derecho al trabajo. Asimismo privilegió el seguimiento de violaciones a

      los derechos económicos, sociales y culturales de personas altamente

      vulnerables, tales como los desplazados, los indígenas y los

      afrocolombianos. Para el seguimiento general de estos derechos se ha

      mantenido, una vez más, la coordinación con los distintos organismos

      especializados del sistema de las Naciones Unidas.

      La situación económica del país ha estado marcada por la recesión del año

      1999 y apenas se comienza a vislumbrar un leve despunte. Cabe señalar que

      el ingreso económico de los colombianos es cada vez menor. Según

      estimaciones oficiales, al cierre del año, el ingreso anual per cápita

      caería a 2.043,80 dólares americanos, cien dólares menos que hace 6 años.

      El Estado no ha logrado acortar la brecha de inequidad y el índice de

      desarrollo humano ha disminuido en once puntos respecto al año anterior,

      ubicándose en el puesto 68 entre 174 países. Departamentos como Cauca,

      Chocó, Nariño y Sucre tienen un PIB per cápita más de cuatro veces menor

      que el PIB de Bogotá, lo que demuestra que la desigualdad departamental en

      estas áreas continúa siendo muy fuerte en el país y que los esfuerzos para

      mejorar la situación han sido insuficientes. La alta desigualdad en la

      distribución de ingresos entre las personas en Colombia reduce de manera

      importante el porcentaje global de desarrollo humano.

      Asimismo, un estudio divulgado por Planeación Nacional revela que la

      pobreza aumentó en más del 14% entre 1997 y 1999. Los afectados por la

      pobreza, que en 1997 ascendían a 19, 7 millones de personas, llegaron en

      1999 a 22,7 millones de personas sobre una población estimada en 36

      millones. En el mismo período el número de indigentes aumentó en 831.000

      personas. Durante el ano 2000 esta tendencia continuó.

      1. Derecho al trabajo y libertades sindicales

      Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), al

      cierre del tercer trimestre del año la tasa de desocupación alcanzó la

      cifra récord de 20,5%. El número de desempleados en las siete principales

      ciudades del país fue de 1.552.000 personas. Las mujeres son las más

      afectadas, ya que su tasa de desempleo es de 24,2% contra el 17,2% entre

      los hombres.

      Además del elevado índice de desempleo, uno de los más altos de América

      Latina, el ejercicio del derecho al trabajo viene siendo afectado por

      causas estructurales y económicas, a las cuales se agrega un constante y

      creciente clima de violencia contra el movimiento sindical (véase el

      capítulo VI.7).

      2. Derecho a la educación

      El derecho a la educación se vulnera particularmente en la medida que el

      magisterio está sometido a la violencia ejercida contra los profesores.

      Estos se cuentan entre los trabajadores más frecuentemente afectados por

      muertes, amenazas y desplazamientos por causa de la violencia. Además han

      debido afrontar importantes retrasos en sus pagos, así como recortes

      presupuestarios debido a la aplicación de las políticas de ajuste fiscal.

      Recientes estudios de Misión social-PNUD señalan que en los últimos dos

      años el progreso educativo se ha resentido y el índice disminuido, tanto

      para el país como para 17 de sus 25 departamentos. Colombia tiene una de

      las más bajas tasas de alfabetización de adultos entre el conjunto de

      países con mayor desarrollo humano de la región. La disparidad regional

      entre departamentos es alarmante, siendo los departamentos de Chocó y

      Córdoba, que además cuentan con un gran número de población indígena y

      afrocolombiana, los más afectados en esta materia. La tasa de matrícula

      combinada para todo el país disminuyó, puesto que muchos hogares no pueden

      seguir enviando a sus hijos a las instituciones educativas, por falta de

      ingresos o porque los jóvenes se retiran a buscar empleo. Las mujeres se

      retiran del sistema escolar en mayor medida que los hombres. A esta

      situación se suma que el Estado no ha proveído cupos suficientes en las

      escuelas públicas, dejando fuera del sistema educativo a un gran número de

      niños en edad escolar. Los más afectados han sido los menores de familias

      de escasos recursos.

      La falta de atención del Gobierno en materia de educación ha afectado

      especialmente a la población desplazada. Uno de los casos que ha conocido

      la Oficina en ese sentido fue el relativo a la ausencia de docentes para

      la población retornada de la Cuenca del río Cacarica, a pesar del

      compromiso suscrito por el Gobierno con esa comunidad a finales de 1999.

      Por otra parte, la Oficina no ha registrado avances significativos en la

      enseñanza de los derechos humanos en todos los niveles educativos. El Plan

      Nacional de acción para la educación en la esfera de los derechos humanos,

      propuesto por la Alta Comisionada en el marco del Decenio de las Naciones

      Unidas para la Educación 1995-2004, aún no ha sido elaborado. De otro

      lado, la Oficina ha conocido actividades aisladas de capacitación en

      derechos humanos realizadas por parte de diferentes instituciones

      gubernamentales. No obstante, aquellas no han correspondido a una

      estrategia integral de educación y han puesto en evidencia el alto grado

      de desconocimiento en esta materia.

      3. Otros derechos

      La Oficina continúa observando la insuficiente atención en lo atinente a

      salud y educación, así como la falta de apoyo a los proyectos productivos

      para las comunidades indígenas y afrocolombianas en Colombia. En cuanto a

      la protección de derechos ambientales, es especialmente preocupante la

      escasez de controles para evitar la deforestación indiscriminada en los

      lugares habitados por las comunidades indígenas y negras, así como los

      efectos de las fumigaciones de cultivos ilícitos sobre aquellas. En este

      sentido, la Oficina recibió denuncias de las comunidades indígenas de la

      Sierra Nevada de Santa Marta y del Putumayo, así como de las comunidades

      afrocolombianas del departamento del Chocó.

      En cuanto al seguimiento del derecho a la salud, cabe destacar la

      preocupante situación de violencia ejercida contra los trabajadores del

      ramo, en especial contra ANTHOC (Sindicato Nacional de Trabajadores de

      Salud en Colombia) y los numerosos ataques contra la misión médica, como

      se verá en el capítulo VI. El 17 de mayo de 2000 resultó muerta la

      Presidenta de ANTHOC, Seccional Cartago (Valle del Cauca), Carmen Emilia

      Rivas. El hecho sucedió en la puerta del servicio de urgencias del

      Hospital Sagrado Corazón de Jesús de Cartago.

      Si bien se han obtenido logros en materia de aseguramiento a partir de la

      puesta en marcha de la Ley 100 (1993), que regula y reforma el sistema de

      salud, la cobertura aun no es universal y en cuanto al acceso a la

      atención de los enfermos se favorece a la población de mayores ingresos.

      De acuerdo con un informe de indicadores de cobertura de la

      Superintendencia de Servicios de Salud, seis millones de personas, que

      forman parte de la población más pobre de Colombia, no están cubiertas por

      el régimen subsidiado de salud. También se notan diferencias

      significativas entre municipios, departamentos y regiones. Tal y como lo

      muestra otro estudio de la Defensoría del Pueblo, es manifiesto el

      desconocimiento que los afiliados tienen de sus derechos, lo cual facilita

      la violación de los mismos.

C.              Derechos del niño y de la mujer

C. Derechos del niño y la niña

      

 

      Durante el período de informe continuó profundizándose el deterioro

      creciente de los derechos del niño y la niña. La población infantil

      colombiana padece con mayor rigor las consecuencias del conflicto armado

      interno. La Oficina ha podido comprobar el elevado número de víctimas,

      entre las que se destacan algunas niñas violadas por los combatientes.

      Constata a su vez el alto índice de secuestros, efectuados en su mayoría

      por los grupos insurgentes, convirtiendo así a los menores en objeto de un

      cruel comercio. Fuera del ámbito del conflicto, debe destacarse los

      numerosos crímenes dirigidos contra los menores, y preocupa a la Oficina

      las crecientes denuncias sobre violencia intrafamiliar y abuso sexual.

      Las estadísticas de la Defensoría del Pueblo, el ICBF, el Ejército

      Nacional, la Fundación País Libre y el UNICEF coinciden en estimar

      alrededor de un millón de niños viviendo en las calles, 6.000 involucrados

      en los grupos armados (paramilitares o guerrilleros) y 600 muertos por la

      violencia. Según el Gaula, más de 267 menores fueron secuestrados de enero

      a noviembre. Según un estimado, en Colombia, 12 niños mueren violentamente

      cada 24 horas.

      Todas estas prácticas provocan secuelas irreversibles en el desarrollo

      evolutivo de las víctimas, que se acentúan cuando se trata de miembros de

      grupos étnicos, de sectores rurales, o cuando sufren el desplazamiento.

      CODHES reportó que, entre enero y junio, el 54,34% de los desplazados

      fueron menores. La Oficina ha podido comprobar cómo en su gran mayoría

      éstos presentan graves carencias en cuanto al goce de sus derechos a la

      salud, alimentación, la educación, la vivienda, la identidad y otros. La

      Oficina ha vuelto a observar cómo las prácticas de "limpieza social"

      efectuadas por la fuerza pública afectan a los menores. Muestra de ello

      fue el caso anteriormente aludido en el capítulo IV.A.1.

      Finalmente, cabe señalar que persiste la falta de atención integral a los

      niños desvinculados del conflicto tras haber participado en las

      hostilidades. Existe un tratamiento discriminatorio entre los menores que

      se entregan voluntariamente y los que son capturados; los primeros pueden

      acceder a la protección del Estado, mientras que los segundos reciben un

      trato penal punitivo.

      La Oficina observa con preocupación la vulneración de la normativa

      nacional e internacional respecto a los menores infractores, quienes son

      detenidos por la Policía Nacional y remitidos a las dependencias de ésta,

      compartiendo el calabozo con los adultos detenidos. Permanecen allí sin

      ser puestos inmediatamente a disposición de la autoridad competente. Esta

      situación se agrava con las disposiciones del Código del Menor que no

      distinguen entre los tipos de conducta y permiten la privación de la

      libertad de jóvenes que carecen de recursos económicos, desvinculados, o

      los que no tienen familia, criminalizando la pobreza y el abandono, y

      vulnerando así los derechos de los niños y niñas.

      D. Derechos de la mujer

      Según el Informe de Desarrollo Humano para Colombia de 2000, las mujeres,

      que representan el 51% de la población, soportan una parte

      significativamente mayor de los efectos de la violencia. Con respecto a

      ellas persisten la desigualdad que se traduce en discriminación, la

      exclusión social, la falta de poder y la crónica desventaja social ante

      casi todas las situaciones en las que están involucradas.

      El mismo informe señala que la discriminación hacia las mujeres se

      manifiesta en la violencia intrafamiliar de la que son las principales

      víctimas, en la negación de sus derechos reproductivos, en la agresión

      sexual que se ejerce sobre muchas de ellas y en el tráfico de mujeres. En

      el tráfico mundial de mujeres, Colombia ocupa uno de los principales

      lugares. Se calcula que, aproximadamente, entre 60% y 70% de mujeres ha

      sufrido en carne propia alguna modalidad de violencia (maltrato físico,

      psíquico, sexual o político). No obstante, menos de la mitad de mujeres

      violentadas busca ayuda y apenas el 9% denuncia la agresión

      En la esfera laboral, aunque ha mejorado sustancialmente su participación,

      existe todavía una marcada desventaja en la remuneración por igual trabajo

      y en el acceso al poder político. La mujeres perciben en promedio un 30%

      menos de salario que los hombres en los centros urbanos. Las mujeres,

      según el VI Informe del Defensor del Pueblo, representan el 54% de la

      población pobre y el 25% de los hogares tienen por jefe una mujer. Además,

      se ubican en los frentes más tradicionales del aparato productivo y

      constituyen cerca del 60% del sector informal de la economía, lo que

      representa extensas jornadas de trabajo, inestabilidad laboral y exclusión

      del sistema de seguridad social. Las mujeres, además, continúan ubicadas

      en los niveles medios y bajos de las categorías ocupacionales.

      La poca credibilidad que entre las mujeres tiene el sistema judicial las

      lleva a acudir a otras instituciones como alternativa para la protección

      de sus derechos. Según el informe de Misión Social-PNUD, de una muestra de

      38 denunciantes de tutela, 25 habían acudido anteriormente a otros

      mecanismos institucionales. En litigios de naturaleza laboral, se observó

      un mayor número de mujeres demandantes con sentencia definitiva

      desfavorable y, recíprocamente, un número mayor de demandantes hombres con

      sentencia definitiva favorable.

      Por efecto del conflicto armado, las mujeres son quienes sufren los

      mayores rigores del desplazamiento al asumir necesariamente la jefatura

      del hogar y la responsabilidad por su sustento. Se reportaron casos de

      violencia sexual contra las mujeres ejercida por actores armados. En

      febrero de 2000, durante la incursión paramilitar en El Salado, varias

      mujeres fueron ultrajadas, entre ellas una joven fue violada por numerosos

      paramilitares.

      E. Principales infracciones al derecho internacional humanitario

E. Principales infracciones al derecho internacional humanitario

      

 

      1. Homicidios y amenazas

      El homicidio de personas acusadas de colaborar con el bando adverso siguió

      siendo una práctica común de la guerrilla y de los paramilitares. Cruzar

      el límite territorial entre zonas controladas por la guerrilla o los

      paramilitares se convirtió en un ejercicio altamente peligroso. Así,

      habitantes de la llamada "zona de despeje", controlada por las FARC,

      fueron muertos al viajar a municipios aledaños en los que hacen presencia

      los grupos paramilitares. En el departamento del Putumayo, pobladores que

      desde el área rural se dirigían a Puerto Asís fueron víctimas de los

      paramilitares, mientras que habitantes del casco urbano que se dirigían a

      la zona rural fueron muertos por la guerrilla.

      Entre las víctimas de la guerrilla y de los grupos paramilitares hay que

      señalar un número importante de candidatos a funciones públicas y de

      mandatarios en ejercicio, de líderes indígenas y de líderes campesinos.

      Varios de ellos fueron víctimas por haber adoptado posiciones autónomas

      respecto a los actores armados. En algunos casos de homicidios cometidos

      por la guerrilla, las víctimas perecieron por haber recibido dinero del

      Gobierno. Así, en el departamento del Caquetá, dos líderes indígenas

      murieron por acción de las FARC, en el mes de octubre, por el solo hecho

      de haber recibido recursos del proyecto "Empresa Colombia" del Gobierno.

      El 9 de febrero, las FARC dieron muerte a tres indígenas Puinave, de la

      comunidad Paujil Limonar, acusándolos de haber alertado al ejército acerca

      de un probable ataque de la guerrilla a Puerto Inírida (Guainía). El 29 de

      diciembre, un grupo de hombres armados dio muerte al congresista Diego

      Turbay, presidente de la comisión de paz de la Cámara de Representantes, a

      su madre Inés Cote de Turbay y a sus cinco acompañantes, cuando se

      dirigían a la población de Pueblo Rico (Caquetá), ubicada en los límites

      con la "zona de distensión". La autoría del hecho se atribuyó por las

      autoridades a un frente de las FARC. Hasta la fecha en que se elaboró este

      informe, las FARC no habían impugnado esas acusaciones. En sus incursiones

      armadas, los paramilitares de las AUC seleccionaron a pobladores para

      luego darles muerte bajo la genérica acusación de ser auxiliadores de la

      guerrilla, a menudo sin permitir que los familiares recuperasen los

      cuerpos.

      Los grupos paramilitares siguen siendo los principales responsables de

      homicidios colectivos. El Ministerio de Defensa reporta que estos grupos

      son autores de 75 masacres , que representan el 76% de las masacres

      cometidas de enero a octubre. La práctica de los homicidios colectivos de

      civiles indefensos constituye su principal modalidad de acción y

      estrategia de guerra.

      En el marco de la constante degradación del conflicto armado, las

      guerrillas de las FARC y del ELN recurrieron con frecuencia a los

      homicidios colectivos o masacres. Según cifras del Ministerio de Defensa,

      en el período comprendido entre enero y octubre de 2000, del total de 671

      víctimas de masacres, a la guerrilla corresponden 164 de ellas. Debe

      señalarse, en este tema, el caso de la masacre del 8 de octubre en Ortega

      (Cauca), en el que las FARC dieron muerte a diez campesinos, así como la

      masacre de ocho personas en poder del frente 14 de las FARC, en el

      Caquetá, durante el mes de agosto.

      Al culminar ataques de las guerrillas a puestos policiales o a

      guarniciones militares, aquellas dieron muerte a miembros de la fuerza

      pública que habían depuesto las armas o que estaban heridos. En Dabeiba,

      el 18 de octubre, según el reporte oficial, las FARC dieron muerte a 5

      soldados y al piloto de un helicóptero Black Hawk abatido, quienes estaban

      heridos.

      Los grupos armados continuaron profiriendo amenazas de muerte contra

      personas civiles para provocar su desplazamiento y reforzar su control

      sobre la población. Por ejemplo, el 12 de diciembre, mediante un

      comunicado a la opinión pública, las Autodefensas Campesinas del Magdalena

      Medio pidieron a los habitantes de varios municipios de la autopista

      Medellín-Bogotá que desalojaran sus viviendas en un plazo de 48 horas,

      bajo la amenaza de que quien incumpliera "la orden" sufriría una "acción

      drástica". Las amenazas fueron también utilizadas como medio de presión

      para obtener el pago de "cuotas" a los diferentes grupos armados.

      2. Ataques contra la población civil y ataques indiscriminados

      En las acciones armadas de los diferentes grupos, la población ha sido a

      menudo el blanco principal o víctima incidental por el carácter

      indiscriminado de los ataques. Los grupos paramilitares han dirigido sus

      ataques específicamente contra la población civil, a través de los

      homicidios colectivos. La guerrilla ha tomado acción retaliatoria contra

      pobladores por haberse resistido a sus acciones.

      El 3 de noviembre, miembros de las AUC realizaron una incursión en el

      casco urbano de Granada (Antioquia), durante la cual dieron muerte a 19

      civiles indefensos.

      En sus ataques a puestos policiales y guarniciones militares, la guerrilla

      generalmente desconoce los principios de distinción y proporcionalidad,

      causando numerosas víctimas entre la población civil. Así, armas difíciles

      de dirigir, como los cilindros de gas, han caído en casas, provocando la

      muerte de personas civiles. Durante la incursión armada a Puerto Saldaña

      (Tolima), iniciada el 28 de abril, las FARC causaron la muerte de 24

      civiles, la destrucción total de 107 viviendas, y la destrucción parcial

      de 145 viviendas más. El 12 de julio, durante un ataque de las FARC a

      Colombia (Huila), un cilindro de gas cayó en una vivienda, provocando la

      muerte de una mujer y la de sus tres hijos. El 5 y 6 de diciembre, varios

      frentes de la FARC atacaron el puesto de policía ubicado en el centro de

      este mismo municipio, haciendo estallar un potente carro bomba y lanzando

      varias decenas de pipetas de gas. Murieron 16 civiles (entre ellos seis

      niños) y cinco policías.

      En otras ocasiones, el blanco directo de los ataques ha sido precisamente

      la población civil, como en el caso de la masacre de Ortega (Cauca)

      anteriormente referido en este capítulo. El 7 de mayo, en el municipio de

      Gigante (Huila), las FARC hicieron explotar un bus de servicio público.

      Como resultado de este hecho murieron seis personas y siete más resultaron

      heridas.

      Durante la toma de rehenes del kilómetro 18 de la vía Cali-Buenaventura

      (Valle), el ELN puso en serio peligro a varios de ellos al utilizarlos

      como escudos humanos y vestirlos con uniformes camuflados, infringiendo

      las normas del derecho internacional humanitario que obligan a los

      combatientes a distinguirse de la población civil.

      En cuanto a la fuerza pública, cabe destacar el caso de Pueblo Rico

      (Antioquia), del 15 de agosto, en el que una patrulla militar disparó

      contra un grupo de niños, resultando muertos seis de ellos (véanse los

      capítulos V.1 y VII.4).

      3. Actos de terrorismo

      A lo largo del año aumentó el recurso a la práctica del terrorismo por

      parte de los diferentes grupos guerrilleros, los cuales hicieron estallar

      explosivos en centros urbanos, causando numerosas víctimas entre la

      población civil. Uno de los casos que ilustra esta práctica es, sin duda,

      la ciudad de Cali (Valle) que durante el presente año ha sido afectada por

      numerosas explosiones. La detonación de cargas explosivas ha causado no

      solamente destrucción y pánico, sino también heridas a varias personas y

      por lo menos la muerte de un transeúnte que fue sorprendido por la

      explosión de un carro bomba, hecho registrado en el Barrio La Floresta el

      5 de noviembre. Estos atentados han sido atribuidos al ELN, grupo al que

      también se responsabiliza por la detonación, el 27 de julio, de tres

      artefactos explosivos en el centro de la ciudad de Barrancabermeja

      (Santander), afectando varios establecimientos comerciales. El 4 de

      septiembre, el ELN realizó otro atentado con explosivos contra las

      instalaciones de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN),

      ocasionando heridas a siete personas y produciendo daños considerables en

      por lo menos 60 establecimientos cercanos. En similares condiciones, el 4

      de febrero las FARC provocaron la muerte de dos civiles y heridas a otros

      10, entre ellos un menor de edad, en una explosión que tuvo lugar en el

      casco urbano de Puerto Asís (Putumayo).

      4. Tortura y malos tratos

      Las personas víctimas de homicidios por parte de los paramilitares fueron

      a menudo torturadas, violadas, o mutiladas antes de su muerte.

      Particularmente cruel e inhumano fue el trato aplicado a las víctimas de

      la masacre de El Salado (Bolívar), cometida por las AUC en el mes de

      febrero. Según los testimonios recogidos, los paramilitares reunieron a la

      gente en una cancha deportiva y allí torturaron a sus víctimas antes de

      darles muerte. Según las necropsias, los muertos presentaban mutilaciones,

      heridas de armas corto-punzantes y destrucción del cráneo. Entre los

      masacrados figuraba una niña de seis años, quien había sido atada a un

      palo con el rostro cubierto con una bolsa plástica hasta que murió.

      También la guerrilla ha recurrido a la tortura antes de dar muerte a

      desertores o a supuestos auxiliadores de los grupos paramilitares. Así, en

      mayo, en el municipio de Mapiripán (Meta), un comandante de las FARC dio

      muerte a un guerrillero indígena Guahibo, quien iba a desertar con dos

      fusiles. Este fue atado a un palo y torturado con una navaja, mientras le

      decían que así se castigaba a los traidores a la revolución. El ejército

      denunció a la Oficina varios casos en los cuales la guerrilla mutiló a

      miembros de la fuerza pública antes de darles muerte.

      5. Toma de rehenes

      Los secuestros perpetrados por los actores del conflicto armado son

      definidos, en el marco del derecho internacional humanitario, como "toma

      de rehenes". Los diferentes grupos de guerrilla siguieron tomando rehenes

      de forma masiva y sistemática para financiar sus actividades. Procedieron

      generalmente de manera directa, aunque en varias oportunidades se aliaron

      con bandas criminales que se encargaron de la planificación y de la

      ejecución del delito, para luego remitirles los rehenes a cambio de sumas

      de dinero previamente acordadas.

      La toma de rehenes afectó a todos los sectores sociales, y figuran entre

      las víctimas campesinos, alcaldes, extranjeros, periodistas, trabajadores

      humanitarios y funcionarios judiciales. El 25 de julio, un grupo

      denominado Ejercito Revolucionario Guevarista (ERG) tomó como rehén al

      médico francés Ignacio Torquemada de Médicos Sin Fronteras, quien al

      momento de la redacción de este informe aún no había sido liberado.

      Algunos mandatarios locales, como el alcalde de Puerto Rico (Caquetá),

      fueron víctimas de esta práctica por parte de las FARC, las cuales

      intentaron justificarse afirmando que estaban aplicando una "ley

      anticorrupción" (llamada "Ley 003"), promulgada por este grupo.

      Según estadísticas del Ministerio de Defensa, durante el período

      comprendido entre enero y octubre de 2000, las tomas de rehenes por parte

      de la guerrilla llegaron a 1.394 casos, y por parte de los paramilitares a

      203. Por su parte, la Fundación País Libre señala que, entre enero y

      septiembre de 2000, 1.508 personas fueron objeto de esta práctica por

      parte de los diferentes grupos guerrilleros, lo que representa el 61% de

      todas las tomas de rehenes ocurridas en Colombia. Según estos datos, los

      grupos paramilitares tomaron como rehenes a 167 personas durante el mismo

      período.

      Los menores de edad estuvieron entre las principales víctimas de esta

      práctica. Las FARC tomaron como rehenes a los niños Andrés Felipe Navas

      Suárez de 3 años y Clara Olivia Pantoja de 5 años, quienes fueron llevados

      a la "zona de despeje" después de ser secuestrados en la ciudad de Bogotá.

      El 1º de marzo el ELN tomó como rehenes a cuatro estudiantes, tres de

      ellos menores de edad, en un barrio del sur de Cali.

      Este año, el ELN recurrió nuevamente a la toma de rehenes colectiva, como

      en el caso de la toma de por lo menos 60 personas en el kilómetro 18 de la

      vía Cali - Buenaventura (Valle). Además, varias personas que habían sido

      víctimas de las tomas de rehenes del ELN en el 1999 siguieron privadas de

      su libertad en el transcurso del año 2000, como algunos de los pasajeros

      del avión de Avianca, quienes permanecieron en cautiverio durante más de

      un año.

      La larga duración del período de privación de la libertad y los rigores

      extremos del cautiverio agravaron la situación de muchos rehenes, tanto en

      su salud física como sicológica. Según los datos de la Fundación País

      Libre, 165 rehenes murieron en cautiverio. Entre ellos figuran tres de los

      rehenes del ELN del kilómetro 18 de la vía entre Cali y Buenaventura

      (Valle).

      Los grupos paramilitares, en particular las AUC, también realizaron tomas

      de rehenes, algunas con el fin de ejercer presiones políticas, como fue el

      caso ocurrido en el mes de noviembre cuando tomaron a siete miembros del

      Congreso. <

      Niños víctimas del conflicto armado y del reclutamiento; desplazamiento

      forzado

Principales infracciones al DIH (2)

      

 

      6. Niños víctimas del conflicto armado y del reclutamiento:

      Los niños siguieron figurando entre las principales víctimas del conflicto

      armado, en particular de las minas antipersonales de fabricación artesanal

      colocadas por la guerrilla. El 10 de julio, en San Carlos (Antioquia),

      cinco niños encontraron un artefacto explosivo aparentemente abandonado

      por las FARC, y procedieron a manipularlo, produciéndose una detonación

      que causó la muerte de tres de ellos y heridas de gravedad en los

      restantes.

      La Oficina recibió testimonios acerca de niñas víctimas de abusos sexuales

      al interior de la guerrilla, generalmente por parte de comandantes de

      mando medio. Recibió también numerosas quejas indicando que los diferentes

      grupos de guerrilla siguieron incorporando a menores de 15 años en sus

      filas. Las FARC persistieron en esta práctica, aun contraviniendo sus

      reglas internas, y aunque este grupo devolvió algunos niños a sus familias

      en la "zona del despeje". Aumentaron los casos de niños que abandonaron

      las filas de la guerrilla con grave riesgo para sus vidas, dado que la

      pena para los "desertores" es el fusilamiento y que ésta se aplica

      independientemente de la edad. Cabe destacar que la participación de niños

      en las filas de las guerrillas es importante.

      Los grupos paramilitares también recurrieron al reclutamiento forzoso.

      Así, las Autodefensas Unidas del Sur del Casanare difundieron, en el mes

      de mayo, unos panfletos en la zona rural de Monterrey (Casanare) llamando

      a la juventud de la región a cumplir un "servicio militar obligatorio". En

      el mes de octubre los paramilitares se llevaron por la fuerza a varios

      jóvenes en Puerto Gaitán (Meta) para darles entrenamiento militar.

      7. Desplazamiento forzado

      El desplazamiento forzado de civiles siguió constituyendo una de las

      infracciones más comunes al derecho internacional humanitario cometidas

      por los diferentes grupos armados ilegales, tanto en su forma masiva como

      individual. Las amenazas individuales fueron el método más fácil al que

      recurrieron paramilitares y guerrilleros para provocar el desplazamiento.

      El éxodo masivo constituyó una de las principales estrategias de guerra de

      los grupos paramilitares a través del terror causado en sus incursiones

      armadas y en los homicidios colectivos.

      El tema del desplazamiento será analizado más exhaustivamente en el

      capítulo VI.

      8. Atentados contra la protección de la misión médica y ataques a unidades

      y medios de transporte sanitario

      A lo largo del año se produjeron numerosas graves infracciones a las

      normas del derecho internacional humanitario que protegen la misión

      médica. En Urabá, las AUC dieron muerte a una guerrillera herida que

      estaba siendo transportada en un vehículo del Comité Internacional de la

      Cruz Roja. En el departamento del Putumayo, un paramilitar herido fue

      muerto por las FARC en circunstancias similares. Eso determinó la decisión

      del CICR de suspender temporalmente la evacuación de heridos y enfermos.

      Estos hechos infringen, además, las normas humanitarias que exigen el

      respeto de los heridos.

      Graves atentados contra la misión médica fueron los cometidos contra la

      vida de funcionarios de salud. El personal de salud afiliado al sindicato

      ANTHOC fue objeto constante de amenazas por parte de los grupos

      paramilitares, especialmente en los departamentos del Valle del Cauca y de

      Norte de Santander (véase el capítulo VI.7).

      Se han presentado igualmente situaciones en las que los actores armados

      han asumido el control de puestos de salud o de hospitales, impidiendo la

      atención médica a un sector de la población. Así, los paramilitares hacen

      presencia en el hospital de Puerto Asís (Putumayo), en ocasiones

      realizando controles en la entrada e impidiendo la atención médica de

      habitantes de áreas rurales bajo influencia de la guerrilla.

      Durante el paro armado decretado en septiembre por las FARC, en el

      Putumayo, este grupo guerrillero restringió el paso de las ambulancias.

      Tres de ellas fueron retenidas en la carretera Santiago (Putumayo) - Pasto

      (Nariño). El abastecimiento de medicinas en los hospitales fue seriamente

      limitado en el marco de ese paro. Trabajadores de salud del Guaviare han

      sido objeto de malos tratos, privación de la libertad y han visto sus

      movimientos limitados por las FARC, quienes los han acusado de ser

      informantes de grupos paramilitares. El 7 de enero de 2000, miembros del

      ELN colocaron dos artefactos explosivos en la entrada del hospital en la

      inspección La Esmeralda de Arauquita (Arauca), quedando la población

      privada de asistencia médica ese día.

      Se han registrado también algunos casos en los que miembros de la fuerza

      pública impidieron el paso de ambulancias. Ejemplo de esto fue lo sucedido

      el 8 de marzo en Cedeño (Norte de Santander), cuando una brigada de salud,

      que se dirigía hacia una concentración indígena U'wa para prestar

      asistencia médica a los indígenas enfermos, fue retenida durante dos horas

      por miembros de la Policía Nacional y del ejército, y luego obligada a

      devolverse.

      9. Ataques a bienes civiles

      Los ataques indiscriminados de la guerrilla a poblaciones causaron

      importantes daños a los bienes de carácter civil, sobre todo destruyendo

      numerosas viviendas, como en los casos de Puerto Saldaña (Tolima) y

      Granada (Antioquia), donde decenas de edificaciones fueron destrozadas y

      el de Alpujarra (Tolima), población que fue atacada por sexta vez en 18

      meses. Otros ejemplos lo constituyen los casos de Colombia (Huila), el 12

      de julio, Arboleda (Caldas), el 29 de julio, San Alfonso (Huila), el 12 de

      diciembre, Vigía del Fuerte (Antioquia), el 25 de marzo, Bagadó y Carmen

      de Atrato (Chocó), el 20 de octubre y el 5 y 6 de mayo respectivamente.

      Los diferentes grupos armados recurrieron en ocasiones al bloqueo del

      tránsito de alimentos hacia diferentes zonas. El caso que ha tenido las

      repercusiones de más grande magnitud fue el "paro armado" decretado por

      las FARC en el departamento del Putumayo, a finales del mes de septiembre.

      Durante este paro, que duró 2 meses, el grupo guerrillero prohibió todo

      tipo de transporte al interior del departamento, incluido el transporte de

      víveres y medicinas, causando un serio desabastecimiento y una emergencia

      alimentaria. La población civil fue la víctima principal de esta acción de

      las FARC.

      VI. Situaciones de especial preocupación. Conflicto armado y negociaciones

      de paz. Paramilitarismo.

VI. SITUACIONES DE ESPECIAL PREOCUPACIÓN

      

 

      1. Evolución del conflicto armado y negociaciones de paz

      La grave situación del respeto a los derechos humanos y al derecho

      internacional humanitario en Colombia se extiende más allá de los confines

      del conflicto armado interno. Sin embargo, el análisis de este informe no

      puede abstenerse de examinar la evolución de dicho conflicto, porque así

      se contempla en el mandato de la Oficina y el tema tiene efectos en la

      plena vigencia y goce de los derechos fundamentales en el país. La Oficina

      siguió observando sistemáticas infracciones al derecho internacional

      humanitario por cuenta de todos los bandos confrontados. El envilecimiento

      continuo de los términos del conflicto y su degeneración son muy

      profundos, y los llamados a los actores armados para que sujeten su

      actuación a los mandatos del derecho internacional humanitario y eviten

      estragos a la población civil y daños al medio ambiente son totalmente

      desatendidos e incluso rechazados. En este marco, se ha llegado al extremo

      de que no sólo se irrespeta a la población civil, sino que también se

      desconocen las reglas humanitarias mínimas para los propios combatientes

      (véase el capítulo V.E).

      Los paramilitares, que apelan a reivindicarse como una fuerza

      contrainsurgente, en la práctica atacan casi exclusivamente poblaciones

      civiles inermes, en acciones de deliberada e inusitada crueldad, vasto

      despliegue de efectivos armados y con objetivos puramente punitivos. Un

      análisis detallado se encuentra más adelante.

      Las acciones de las FARC se han dirigido a acosar pequeñas localidades,

      atacando los puestos de la Policía Nacional con gran ventaja numérica y

      poder de fuego y usando cilindros de gas como proyectiles. La escasa

      precisión de éstos y su extenso poder destructivo son un factor constante

      de muertes de civiles no combatientes y de pérdidas materiales

      considerables. La toma de rehenes por las FARC y la exigencia de pagos por

      las liberaciones han sido reiteradas e impunes.

      Los actos del ELN tampoco han excluido a la población civil de los

      sufrimientos directos del conflicto. La práctica de la toma de rehenes

      masiva, esgrimida públicamente por este grupo, en particular como un

      mecanismo de presión política sobre el Gobierno para adelantar

      negociaciones de paz, ha sido denunciada por las familias de las víctimas

      como un mecanismo extorsivo. Así quedó demostrado este año luego de que

      -tras 19 meses de cautiverio- el ELN terminara de liberar a los últimos

      rehenes tomados en abril de 1999, en el vuelo de Avianca que servía la

      ruta de Bucaramanga a Bogotá. También continuaron atentando contra las

      líneas de transmisión eléctrica, afectando la interconexión en todo el

      país, así como contra los oleoductos, provocando derrames de petróleo.

      Todos los actores del conflicto armado interno, incluida la fuerza

      pública, han practicado y recurrido a la restricción de circulación de

      víveres y otros bienes como mecanismo para debilitar a las fuerzas

      contrincantes, siendo la población civil la más afectada por estas

      medidas.

      En el período del presente informe, el Gobierno retomó la iniciativa para

      desarrollar diálogos de paz con el ELN, buscando condiciones para realizar

      la "Convención Nacional" solicitada por este grupo. Varios gobiernos

      extranjeros y diversos líderes políticos y sociales del país han

      acompañado activamente este esfuerzo. Así se conformó un "Grupo de Amigos"

      para impulsar el diálogo de paz entre el Gobierno y el ELN, integrado por

      Cuba, España, Francia, Noruega y Suiza. Las partes convergieron en una

      propuesta para crear una "zona de convivencia" para los diálogos en tres

      municipios de los departamentos de Antioquia y Bolívar, llegando a unos

      acuerdos previos relativos a medidas importantes como la verificación

      internacional y la presencia de autoridades judiciales en la zona. La

      activa presencia paramilitar en dicha región, así como la agitación social

      liderada por grupos cívicos y políticos a nivel local que rechazaron la

      iniciativa, empantanaron el avance. Como consecuencia de esos diálogos, el

      ELN liberó el 24 de diciembre, en Convención (Norte de Santander), a 42

      soldados y policías que mantenía en cautiverio.

      Por otra parte, cumplidos ya dos años de diálogo entre el Gobierno y las

      FARC, el balance de los logros y dificultades es mixto, habida cuenta de

      que los diálogos han tenido como marco la continuación de la confrontación

      armada. Para efecto de esos diálogos se estableció una "zona de

      distensión" que abarca un área de 42.000 km2 en cinco municipios de los

      departamentos del Meta y Caquetá, de los cuales se retiraron los efectivos

      de la fuerza pública. El mantenimiento del mecanismo de la "zona de

      distensión" fue arduo. Al cierre de este informe, el Gobierno autorizó su

      vigencia hasta el 31 de Enero de 2001. Las partes han afirmado que la zona

      permitió avanzar en la construcción de una confianza entre las partes.

      Delegados del Gobierno y de las FARC realizaron un viaje oficial a varios

      países de Europa, a comienzos del año. Las partes han señalado igualmente

      el logro de la discusión de una agenda temática. Cabe anotar que ha habido

      una apertura más amplia en la integración de la delegación negociadora

      gubernamental. Algunos ejercicios de interlocución abiertos a la sociedad

      civil, a través de "audiencias públicas", tuvieron lugar en el territorio

      de la "zona de distensión". Sin embargo, el proceso vivió varias crisis

      durante el año, que llevaron incluso al congelamiento de los diálogos

      varias veces. El desaliento de la opinión pública ante la ausencia de

      avances y acuerdos concretos entre las partes y la escala ascendente de la

      confrontación armada, así como su degradación y el altísimo costo humano

      que acarrea, ha llevado al proceso a un punto de crisis. Algunos ya

      cuestionan la conveniencia de prolongar el mecanismo de la "zona de

      distensión".

      La zona de distensión se ha caracterizado por una notable ausencia de los

      mecanismos de control e investigación del Estado. Las fiscalías de San

      Vicente del Caguán y de Mesetas, cerradas el año anterior, no han sido

      reabiertas. Como se señaló el año pasado, las FARC se convirtieron de

      facto en la autoridad. Aun cuando existen fiscalías en municipios aledaños

      a la zona de distensión, sus habitantes no acuden a ellas debido a las

      amenazas provenientes de los grupos paramilitares allí presentes. La

      Defensoría del Pueblo ha podido continuar su labor con cinco oficinas

      locales, con apoyo financiero internacional. Las FARC han sido poco

      receptivas a las intervenciones de la Defensoría relativas a infracciones

      al derecho internacional humanitario. En esta zona persistió entonces la

      actuación limitada del Estado.

      La Oficina no ha registrado cambios sustantivos en la conducta de las FARC

      en la "zona de distensión". Los hechos más graves, tratados

      específicamente en otros acápites de este Informe, incluyen la toma de

      rehenes, inclusive de niños, los cuales serian mantenidos cautivos en la

      zona y cuyos rescates se negociarían en la misma; los homicidios de

      personas acusadas de colaborar con los grupos paramilitares y el

      reclutamiento de menores de edad. Se registraron algunos gestos positivos

      por parte de las FARC, tales como la devolución de algunos niños menores

      de quince años a sus familias, y el retorno de los miembros de la

      comunidad evangélica . Sin embargo estos hechos fueron excepcionales y los

      comportamientos variaron según los frentes y los comandantes que operan en

      cada localidad. Así, en el municipio de Vistahermosa aumentó la presión de

      los insurgentes sobre la población y el control sobre la administración

      del municipio, exigiendo incluso la renuncia de varios funcionarios, entre

      ellos del personero municipal. Cabe recordar que en 1999 el alcalde de ese

      municipio murió en Villavicencio a manos de los guerrilleros.

      Durante el año 2000 la Oficina visitó varias veces la "zona de

      distensión", y pudo plantear ante la dirigencia de las FARC sus temas de

      mayor preocupación, principalmente la falta de respeto al derecho

      internacional humanitario en el conjunto del país y las preocupaciones

      específicas sobre esa zona. Las sindicaciones contra las FARC en la "zona

      de distensión" han sido admitidas por el mencionado grupo, aun cuando las

      hayan justificado. El Ministro del Interior en una audiencia, convocada el

      7 de diciembre de 2000 por la Corte Constitucional para revisar la

      legalidad del establecimiento de la referida zona, sostuvo que al Gobierno

      no le constaba probatoriamente que infracciones o delitos imputables a las

      FARC se hubieran cometido en la "zona de distensión".

      2. Evolución del paramilitarismo

      En congruencia con las observaciones reportadas por la Alta Comisionada en

      sus informes anteriores, el Gobierno acepta que el paramilitarismo

      representa "una grave amenaza para la institucionalidad y [es] responsable

      de una gran parte del incremento de las violaciones a los derechos

      humanos". Agrega además que es "uno de los factores que más contribuye a

      la degradación de la confrontación armada" pues "tiene como principal

      forma de acción la utilización del terror contra la población [...] por

      medio del asesinato selectivo o de la masacre indiscriminada", con el

      propósito de "provocar el desplazamiento masivo..." .

      Según el Gobierno, el origen del fenómeno paramilitar y la explicación de

      su actual grado de desarrollo se resumen en la articulación criminal de

      las bandas de narcotraficantes con redes de apoyos sociales, económicos y

      políticos en muy particulares contextos locales y regionales. La Oficina

      ha observado y señalado además que, históricamente, la legislación y las

      políticas estatales también han desempeñado un papel innegable en la

      actual magnitud y características del paramilitarismo. A ello debe

      agregarse las notorias responsabilidades individuales de servidores

      públicos involucrados con estos grupos en el curso de los últimos años,

      así como los ciclos de activo compromiso de las fuerzas militares con

      fórmulas de inclusión de civiles armados en la lucha contrainsurgente.

      Cuando se somete a escrutinio la eficacia real de la acción estatal contra

      el fenómeno paramilitar, los resultados presentados por el Gobierno

      contrastan con la acelerada expansión y presencia de grupos paramilitares

      en, por lo menos, 409 municipios (un 40% del país). El Ministerio de

      Defensa reconoce que actualmente operan más de 8.000 paramilitares, lo

      cual significa un crecimiento de 81% en los últimos dos años.

      Durante el curso del período del presente Informe, la Oficina ha podido

      acreditar de manera directa la alarmante consolidación y propagación del

      paramilitarismo, así como su creciente capacidad operativa. Baste

      mencionar las acciones de los frentes "Pacífico", "Farallones" y "Paez"

      que operan, principalmente, en los municipios vallecaucanos de

      Buenaventura y Jamundí, así como en el municipio de Buenos Aires (Cauca).

      También es notoria la extensión de la influencia y presencia de las AUC

      desde las zonas baja y media del Río Atrato hacia su zona alta en el

      departamento del Chocó, que sumieron en la zozobra -incluso en las zonas

      urbanas- a las localidades de Turbo, Apartadó y Quibdó. En el departamento

      de Córdoba la hegemonía paramilitar es creciente en distintos sectores de

      la sociedad y la presión se ha hecho evidente, en particular, en los

      espacios políticos y académicos. En la región del Catatumbo (Norte de

      Santander) el paramilitarismo controla ya el municipio de Tibú.

      En sus continuas visitas a zonas rurales del país, la Oficina siguió

      recibiendo y siendo testigo de múltiples indicios sobre la existencia de

      actitudes omisivas así como de vínculos estrechos y persistentes entre

      algunos integrantes de la fuerza pública y los grupos paramilitares. La

      triste revelación de que varios de los militares destituidos este año

      (véase el capítulo VII.A). han pasado a engrosar las filas paramilitares a

      los pocos días de su separación del servicio activo, es un hecho adicional

      de suma preocupación y motivo de seria reflexión. El alcance de las

      observaciones de la Oficina se puede apreciar por el contenido y

      oportunidad de la información suministrada al Gobierno. Por ejemplo, a la

      entrada de la vereda "El Placer" es notoria la existencia de un retén

      paramilitar apenas a quince minutos de La Hormiga (Putumayo), donde se

      asienta un Batallón del ejército perteneciente a la Brigada XXIV. Ocho

      meses después de que la Oficina reportara su observación directa del

      mismo, el retén seguía operando. Las autoridades militares negaron por

      escrito que esa posición paramilitar existiera. También la Oficina observó

      que en la hacienda "Villa Sandra", entre Puerto Asís y Santa Ana, del

      mismo departamento, los paramilitares se mantenían operando a pocos

      minutos de las instalaciones de la Brigada XXIV del ejército. Con

      posterioridad se informó de dos allanamientos realizados por la fuerza

      pública que, al parecer, no dieron resultados. Sin embargo, la existencia

      y mantenimiento de dicha posición paramilitar es de pleno conocimiento

      público, tanto así que fue visitada en repetidas oportunidades por

      periodistas internacionales, quienes publicaron sus entrevistas con el

      comandante paramilitar. Testimonios recibidos por la Oficina dan cuenta,

      incluso, de reuniones entre miembros de la fuerza pública y paramilitares

      en la misma hacienda "Villa Sandra". A fines de julio, la Oficina alertó a

      las autoridades sobre la inminencia de una incursión paramilitar en el

      casco urbano de La Dorada, municipio de San Miguel (Putumayo), la cual

      efectivamente tuvo lugar el 21 de septiembre. Los paramilitares

      permanecieron varias semanas en la localidad, a pesar de que ésta se

      encuentra a pocos minutos de la base del ejército en La Hormiga.

      Desde el 24 de marzo la Oficina comunicó a las autoridades sobre la

      existencia de una base paramilitar en la finca "La Iberia", municipio de

      Tuluá (Valle del Cauca), sin que hasta el cierre de este informe se haya

      recibido respuesta sobre alguna acción al respecto. En "El Guamo", región

      de los Montes de María (Bolívar), existe una base paramilitar cuya

      posición incluso ha sido reconocida ante la Oficina por autoridades

      militares de la Brigada I en Sincelejo (Sucre). Desde esta posición

      paramilitar se habrían ordenado las masacres de Ovejas y El Salado. En el

      corregimiento de San Blas (Bolívar), controlando los accesos a las

      localidades de Santa Rosa y Simití, se encuentra otra base paramilitar. En

      el mes de mayo, la Oficina informó a las autoridades de otra base en "El

      Jordán", municipio de San Carlos (Antioquia). Los batallones de

      Contraguerrillas N?4 "Granaderos" y N?42 "Héroes de Barbacoas" están

      acantonados a unos 20 minutos del lugar. Los paramilitares permanecieron

      en todos los sitios observados a lo largo del año y cometieron homicidios

      y masacres en los cascos urbanos y en las áreas rurales de dichas

      poblaciones.

      La intensidad y recurrencia de las acciones paramilitares contra la

      población civil, lejos de debilitarse se incrementaron, sin que se hayan

      visto confrontadas por una acción gubernamental que les ponga freno. En

      contraste con las grandes ofensivas militares contra las guerrillas, en

      las que se aplican ingentes recursos humanos y logísticos en campañas que

      duran semanas, los resultados que se han presentado en el marco de la

      ejecución de la política gubernamental contra el paramilitarismo y el

      funcionamiento del Decreto 324 de 2000, son puntuales. Generalmente, el

      ataque contra estos obedece a escaramuzas menores, requisas y detenciones

      individuales y esporádicas (en muchos casos logradas gracias a la acción

      de la Fiscalía). El alcance estratégico que tales acciones en la lucha

      contra el paramilitarismo es cuestionable. Desde que el Ministro de

      Defensa fue designado responsable del "Centro de coordinación de la lucha

      contra los grupos de autodefensa y demás grupos armados al margen de la

      ley", creado por el mencionado Decreto, la Oficina, como se ha detallado

      líneas atrás, ha transmitido informaciones señalándole la ubicación de

      bases paramilitares y los movimientos de los distintos bloques. Las

      respuestas recibidas han sido generalmente insatisfactorias y formales, al

      carecer de información sobre acciones específicas de las autoridades. Es

      relevante destacar que en las masacres paramilitares de la Unión

      (Antioquia), el 8 de julio, y de la Ciénaga Grande de Santa Marta

      (Magdalena), el 22 de noviembre, se denunció la actitud omisiva de la

      fuerza pública. En las masacres en las comunidades de paz de San José de

      Apartadó (Antioquia), el 19 de febrero, y El Salado/Ovejas

      (Bolívar/Sucre), 16-19 de febrero, la Oficina recibió testimonios sobre la

      participación directa de miembros de las fuerzas militares.

      A todo lo anterior se añade la perturbadora holgura con la que el

      principal jefe paramilitar del país, Carlos Castaño Gil, ha obtenido este

      año una visibilidad pública ante los medios de comunicación nacionales e

      internacionales. Castaño, quien ha señalado que su itinerario

      contrainsurgente se inició participando en entrenamientos que se daban en

      las instalaciones del "Batallón Bomboná" (Batallón de Infantería Nº 42 del

      ejército) en los años 80, confiesa que el 70% de la financiación de sus

      actividades proviene del narcotráfico y busca, al parecer, que el Gobierno

      considere a los paramilitares como un actor armado independiente en los

      procesos de negociación.

      Evolución del desplazamiento interno

Situaciones de especial preocupación (2)

      

 

      3. Evolución del desplazamiento interno

      Durante el año 2000, la expansión, escalamiento y degradación del

      conflicto armado han exacerbado el problema del desplazamiento forzado.

      Los actores armados han continuado intensificando sus operaciones en todo

      el país y el desplazamiento continúa siendo una estrategia de guerra en la

      lucha por el control del territorio. En la actualidad, casi la totalidad

      de los departamentos están afectos por este flagelo.

      CODHES reporta una cifra de más de 308.000 personas desplazadas, de enero

      a noviembre de 2000. La cifra más alta se habría registrado en el tercer

      trimestre con 93.216 personas. Según esa organización, estas cifras

      representan un inquietante incremento, pues se sitúan alrededor de las

      registradas en 1998, el peor de los años, pero sin los datos de diciembre.

      No obstante, el problema no se circunscribe a los nuevos desplazados

      durante el año 2000, pues la mayoría de los desplazados de años anteriores

      no han visto solucionada su situación y se encuentran desempleados, con

      déficit alimentario, sin vivienda y en la total indigencia. Esto significa

      que las consecuencias del continuo incremento del número de desplazados

      aumenta paulatinamente la gravedad y dimensión de esta problemática. La

      situación constituye una emergencia humanitaria en el ámbito nacional, con

      posibilidades de extenderse hacia los países vecinos.

      La incidencia de las amenazas de muerte, de las masacres y de los retenes

      sobre los desplazamientos forzados es incuestionable. Así, CODHES destacó

      el hecho de que durante el período de mayor flujo de desplazados, las 53

      masacres ocurridas en ese lapso, que dejaron 285 muertos, han tenido

      relación directa con el abandono de los lugares de residencia.

      En cuanto a la responsabilidad respecto al desplazamiento forzado, la

      misma fuente señaló que, durante el primer semestre de 2000, los

      principales responsables del desplazamiento siguieron siendo los grupos

      paramilitares con el 49%, seguidos por la guerrilla con un 28% y las

      fuerzas militares con un 5%. Este año se incrementó en forma notoria el

      desplazamiento causado por desconocidos, que llegó al 16%, lo cual indica

      que los actores armados buscan ocultar su identidad y no reivindican los

      hechos de violencia que provocan desplazamiento. El Ministerio de Defensa

      no ha hecho público el número total de desplazamientos registrados durante

      el año, pero según cifras difundidas por ese despacho, de enero a junio de

      2000 el 71% de los desplazamientos fueron causados presuntamente por

      grupos paramilitares, el 14% por grupos guerrilleros, el 15% como

      consecuencia de acciones de guerrilla y paramilitares y el 0,04% por

      agentes armados del Estado.

      Los departamentos más afectados por el desplazamiento, ya sea como zonas

      de recepción o de expulsión, siguen siendo Antioquia, Bolívar, Valle del

      Cauca, Atlántico, Magdalena y la ciudad de Bogotá. Este año el fenómeno se

      ha acrecentado en los departamentos de Putumayo, Nariño, Meta, Tolima y

      Huila. Además de la influencia de las violaciones de derechos humanos e

      infracciones al derecho internacional humanitario, la impunidad que ha

      reinado en relación a este fenómeno, sumada a la inacción estatal en el

      área de la prevención, hacen que las poblaciones se desplacen frente a la

      orden, amenaza o a la mera presencia de actores armados como medida

      preventiva. La Oficina ha alertado sobre amenazas directas de

      desplazamientos forzados o creciente inseguridad en zonas de expulsión o

      de recepción, y ha solicitado al Gobierno acciones puntuales para

      contrarrestar dichas amenazas. Sin embargo, no ha obtenido respuestas

      satisfactorias por parte del Gobierno.

      En cuanto a la atención de los desplazados, cabe señalar que la Red de

      Solidaridad Social, entidad encargada del tema, aunque tiene presencia en

      cada departamento, no es una estructura suficientemente descentralizada.

      Las representaciones regionales no han recibido suficiente delegación para

      la toma de decisiones, ni tampoco en el manejo de los recursos, ya que

      todo se gestiona a través de Bogotá. La atención de los desplazados se ha

      focalizado mayormente en la ayuda humanitaria de emergencia, la cual

      continúa en gran parte en manos de la comunidad internacional, en

      particular del CICR, entidad que entre enero y octubre ha proporcionado

      asistencia a 106.981 personas y 22.564 familias.

      Es importante destacar el aumento en la cobertura del registro de los

      desplazados. Sin embargo sigue sin poder estimarse el desplazamiento en

      Colombia, en particular por la existencia del subregistro. La rigidez en

      la atención y las trabas burocráticas hacen que el registro se perciba,

      por la población afectada, más como una obstaculización para los

      beneficios previstos que como el instrumento para acceder a los mismos.

      Adicionalmente, esta situación hace que el fenómeno del desplazamiento

      continúe sin adquirir para el Estado la dimensión real, con las

      consiguientes consecuencias en la eficacia de las respuestas y en las

      prioridades estatales.

      Los desplazados no están recibiendo la debida protección y garantías de

      seguridad del Estado. En muchas zonas receptoras del país, la Oficina ha

      registrado casos de amenazas y atentados contra personas desplazadas y,

      particularmente, contra sus líderes. En este sentido, es extremadamente

      preocupante la disminución de los espacios humanitarios en varias

      regiones. El Gobierno no ha creado aún un programa de protección adecuado

      para estas personas en riesgo y no ha tomado medidas para luchar contra la

      discriminación y estigmatización de la que ellas son objeto. Cabe

      mencionar el caso de Cacarica, en donde tres de los desplazados fueron

      muertos en el casco urbano de Turbo, en marzo de 2000, por presuntos

      paramilitares. En septiembre de 2000 un grupo de desplazados, asentados en

      Tuluá (Valle), recibió amenazas de los paramilitares, conminándolo a

      retornar a sus lugares de origen. El Gobierno respondió creando una

      comisión de alto nivel que hasta la fecha no ha podido dar una solución

      definitiva a estos desplazados, muchos de los cuales se vieron obligados a

      acatar la voluntad de los paramilitares.

      La Oficina sigue notando con preocupación que aún no se cuenta con un

      mecanismo legal idóneo para la reubicación o el retorno de los

      desplazados. En el presente año, gran parte de los retornos masivos de

      población desplazada se han desarrollado sobre la base de frágiles

      acuerdos con grupos armados ilegales, sin que el Estado haya cumplido sus

      deberes de protección y atención frente a dicha población. No se ha

      avanzado con los programas de soluciones duraderas urbanas ni rurales, con

      lo cual no se puede hablar de restablecimiento de la población en

      condiciones de seguridad y de sostenibilidad.

      Ante la urgencia de una respuesta integral y coordinada por parte del

      Estado, cabe señalar que queda pendiente la conformación y funcionamiento

      del Consejo Nacional para la Atención Integral de la Población Desplazada.

      Lo mismo debe decirse de la creación del Observatorio del Desplazamiento

      Interno por la Violencia y de un sistema de alerta temprana, previstos en

      la Ley 387.

      En septiembre, la Corte Constitucional emitió un fallo donde describe el

      fenómeno como "una situación de grave emergencia social" y fija términos

      para garantizar la ejecución de la Ley 387. Además, le solicita al

      Presidente de la República asumir la dirección de la política nacional en

      esta materia y al gobierno nacional destinar suficientes recursos para

      hacer frente a la emergencia (véase el capítulo VII.A). En general, el

      problema está fundamentalmente en la puesta en práctica de las normas y

      mecanismos previstos más que en la ausencia de unos y otros.

      4. Administración de justicia e impunidad

      La administración de justicia en Colombia muestra numerosas debilidades y

      deficiencias que representan, a su vez, los principales factores de

      impunidad. Además de la debilidad institucional de la que adolece

      actualmente el Estado, las instituciones judiciales padecen fallas

      funcionales, estructurales y limitaciones presupuestarias.

      No todos los funcionarios judiciales están sometidos a una carrera

      judicial, y en particular en la Fiscalía los puestos son de libre

      nombramiento y remoción. Esto no garantiza la seguridad jurídica y la

      estabilidad necesaria para el libre cumplimiento de sus funciones.

      Considerando las dificultades de seguridad y la falta de credibilidad en

      la independencia y en la eficacia de la justicia por parte de la

      población, preocupa que estas investigaciones dependan excesivamente de

      las denuncias y declaraciones de víctimas y testigos, renuentes a hacerlas

      por las razones citadas, disminuyendo por lo tanto las perspectivas de una

      resolución exitosa.

      En el presente período, el programa de protección de la Fiscalía,

      destinado a funcionarios judiciales, víctimas, testigos y otros

      intervinientes en el proceso penal, ha puesto en evidencia su incapacidad

      para responder adecuadamente y oportunamente a la dimensión de la

      problemática. El Programa adoleció de la falta de recursos suficiente por

      parte del Gobierno. Por otro lado, la Fiscalía no parece haber explorado

      las diversas estrategias que podrían, independientemente de los recursos,

      fortalecer el mencionado programa. La Oficina constató la falta de

      criterios claros y de análisis coherente con las urgencias y prioridades

      en las decisiones tomadas en el marco de ese Programa.

      La Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía supone ser un ámbito

      especializado para la investigación de los casos más relevantes en materia

      de derechos humanos, además de liberar a funcionarios locales de las

      amenazas y dificultades de una investigación in situ. Sin embargo, la

      Oficina ha conocido de casos que llegan al conocimiento de la Unidad y que

      no tienen ninguna relación con ese tema. Esto va en desmedro de la

      eficacia de su trabajo y provoca la acumulación de expedientes que

      entorpecen el tratamiento de los casos para los cuales fue creada. Por

      otra parte, casos muy importantes en materia de derechos humanos han

      quedado fuera de la competencia de la Unidad, como lo fue el caso de

      Pueblo Rico. Esto demuestra que los criterios de selección de casos en la

      Fiscalía no mantienen una claridad y coherencia suficientes para potenciar

      al máximo el trabajo de la Unidad y pone en evidencia la necesidad de

      establecer reglas claras y objetivas que disminuyan la excesiva

      discrecionalidad de la Dirección Nacional de Fiscalías.

      En el presente año de Informe se conformaron ternas para el nombramiento

      de magistrados de las altas cortes. La Oficina ha seguido con preocupación

      las denuncias que indicaban una "politización de la justicia", situación

      que impediría el acceso a esos tribunales a las personas que no se sometan

      a cabildeos o no posean filiación política con los partidos tradicionales.

      A esto se suma que la Contraloría General de la República ha dado a

      conocer reportes muy críticos sobre el manejo de recursos públicos dentro

      de entidades de la rama judicial.

      Un elemento muy preocupante para la Oficina ha sido la situación de

      inseguridad de los funcionarios judiciales en el desarrollo de sus

      funciones. Hasta el 15 de septiembre, el Fondo de Solidaridad con Víctimas

      de la Rama Judicial, registraba un total de por lo menos 9 exiliados,

      entre jueces, fiscales y técnicos judiciales. También informó de un total

      de 11 muertos, 11 desaparecidos, 21 víctimas de amenazas y 3 de atentados

      con sobrevivientes. La mayoría de víctimas se registran entre los

      investigadores del Cuerpo Técnico de la Fiscalía (CTI). Este último señaló

      que, hasta el 12 de diciembre, un total de 16 de sus miembros han sido

      víctimas de muerte y 11 de secuestro, de los cuales 3 fueron liberados.

      Cabe destacar que el Programa de Protección de la Fiscalía no cubre la

      situación de los funcionarios judiciales, a pesar de estar previsto en su

      mandato. Tampoco el Consejo Superior de la Judicatura ha puesto énfasis en

      esta problemática.

      Un factor neurálgico de impunidad ha continuado siendo el funcionamiento

      de la justicia penal militar en relación con investigaciones de

      violaciones de derechos humanos o de derecho internacional humanitario.

      Lamentablemente, a pesar de la entrada en vigencia del nuevo Código Penal

      Militar y de la jurisprudencia constitucional en la materia (véanse los

      capítulos V.A y VIII.B y C), casos de graves violaciones de derechos

      humanos e infracciones al derecho internacional humanitario siguen en

      conocimiento de tribunales castrenses. Ejemplo de ello es el de Santo

      Domingo y el de Pueblo Rico, donde se investiga a militares por dar muerte

      a civiles, que han sido trasladados en el trascurso del año al fuero

      militar. Otros, como el de la masacre de Mapiripán, continúan en ese

      fuero. En el primer caso, la Oficina teme por el éxito de la

      investigación, considerando las reiteradas declaraciones de la fuerza

      pública señalando que los hechos sucedieron como consecuencia de un carro

      bomba de la guerrilla. Lo paradójico de este caso es que, mientras se

      ciernen temores de impunidad sobre esos hechos, defensores de derechos

      humanos, denunciantes de los mismos, están procesados por calumnia e

      investigados por la Fiscalía, en seguimiento de la denuncia presentada por

      el Comandante General de la Fuerza Aérea.

      Durante el período que abarca el presente informe, el Comité de impulso de

      las investigaciones de casos de violaciones de derechos humanos y de

      derecho internacional humanitario, creado por Decreto 2.429 de 1998, y

      presidido por el Vicepresidente, sólo se reunió en 2 oportunidades, además

      de tres reuniones del grupo de trabajo que prepara su agenda.

      A partir del mes de julio no se registraron nuevas reuniones de esta

      instancia. En este marco, es muy difícil conceder los pocos avances que

      puedan haberse registrado en los procesos a la acción efectiva de esta

      instancia.

      En casos en que la Procuraduría, en sus funciones de Ministerio Público

      estaba en la obligación de vigilar y exigir el respeto de las garantías

      judiciales, la Oficina recibió información sobre la actuación deficiente

      de aquella, en particular en investigaciones por graves violaciones de

      derechos humanos y especialmente en procesos ante la justicia penal

      militar. Este último aspecto es de gran importancia tomando en cuenta que

      en esas cuestionadas investigaciones el control del Ministerio Público es

      esencial para exigir que se respete el debido proceso y evitar la

      impunidad.

      La Defensoría Pública cuenta con 957 defensores contratados que se ocupan

      de procesos penales. Si bien una resolución le obliga a prever un defensor

      por cada municipio, su cobertura sólo abarca alrededor del 85% del

      territorio nacional. No obstante esta dificultad, es necesario recordar

      que también hay que tomar en cuenta las necesidades y características

      propias de cada región del país en la distribución del servicio. No existe

      una metodología transparente y adecuada para la contratación, la cual no

      se lleva a cabo mediante concurso.

      Los problemas descritos en el informe anterior sobre las limitaciones al

      acceso a la justicia en varias regiones del país siguen vigentes en este

      período de examen. En algunas regiones, la presencia y control de los

      actores armados se ha fortalecido e incrementado haciendo que las

      posibilidades reales de acción independiente por parte de los funcionarios

      judiciales, libre de hostigamientos o presiones, sea extremadamente

      limitada.

      Situación carcelaria. Defensores de derechos humanos

Situaciones de especial preocupación (3)

      

 

      5. Situación carcelaria

      La Oficina ha observado con preocupación la grave situación de las

      cárceles. Tal como lo ha señalado la Corte Constitucional y diversos

      informes sobre la materia, las precarias condiciones de los internos en

      los diferentes centros de reclusión del país, en las estaciones de policía

      y en las salas de retenidos del DAS, SIJIN, DIJIN y CTI, distan mucho de

      ser consideradas mínimamente respetuosas de la dignidad humana. A este

      respecto, esa Corte ha emitido un nuevo pronunciamiento (Sentencia T

      847/00) previniendo a las autoridades competentes para que se abstengan de

      mantener detenidos en sus dependencias más allá de las 36 horas prescritas

      por la Constitución. Pese a esta decisión, la autoridad penitenciaria

      continúa remitiendo internos a las dependencias policivas.

      El Ministerio de Justicia ha formulado el denominado "Plan Integral del

      Sistema Penitenciario y Carcelario". En un sucinto diagnóstico ese plan

      señala, entre otras, las siguientes falencias del sistema: la corrupción

      en el interior de las cárceles; la vetustez y el mal estado de las

      edificaciones utilizadas para albergar internos; la falta de aplicación de

      planes de seguridad; las deficiencias en las remisiones y traslados; los

      altos índices de hacinamiento; la violencia e intolerancia en el interior

      de las reclusiones, y la ineficacia en la información y sistematización en

      los diferentes centros de reclusión. El informe de seguimiento del

      mencionado plan integral señala avances en materia de habilitación de

      cupos, salud, alimentación, capacitación de la guardia y lucha contra la

      corrupción. Sin embargo, con fundamento en las apreciaciones de la

      Defensoría del Pueblo y de la población carcelaria, la Oficina tiene

      motivos para diferir de estas afirmaciones.

      La superpoblación carcelaria, la disputa por el ejercicio del poder y el

      control en las cárceles por parte de los diferentes grupos al margen de la

      ley, así como la existencia de diversos tipos de armas y los altos índices

      de corrupción, ponen de manifiesto la falta de control del Estado y la

      ausencia de políticas institucionales para la promoción del desarrollo

      integral de los reclusos. Según información del Instituto Nacional

      Penitenciario y Carcelario (INPEC), hasta el mes de septiembre, se habrían

      registrado en las cárceles 145 víctimas de muerte violenta y 426 heridos.

      Cabe destacar el hecho ocurrido en la Cárcel Nacional Modelo de Bogotá, el

      27 de abril de 2000, donde internos armados se enfrentaron violentamente,

      con un saldo de 25 muertos, 18 heridos y un numero indeterminado de

      desaparecidos. En dicho incidente se requisaron armas, explosivos,

      cartuchos, elementos de comunicación, insignias de las AUC y otros

      enseres. La intervención oportuna de la fuerza pública habría impedido que

      este hecho tuviera tan alto costo de vidas humanas. Este es un claro

      ejemplo de la situación carcelaria reseñada, que tiende a agravarse en

      tanto que el Estado no adopte medidas eficaces para erradicar las causas

      estructurales que la han conducido a su actual crisis.

      La objeción del Ejecutivo al proyecto de ley por el cual se concedía

      rebajas de penas con ocasión del jubileo, unida a las inhumanas

      condiciones en las que se encuentran los reclusos, motivó una jornada de

      "desobediencia civil" en la que cerca de 6.000 familiares de los internos

      permanecieron por más de cuatro días en el interior de varios centros

      carcelarios del país. Entre los principales reclamos de los internos

      estaban la convocatoria inmediata de los representantes de la Mesa

      Nacional de Trabajo, una comisión de verificación de derechos humanos en

      la cárcel de Valledupar y el debate en el Congreso sobre la crisis de la

      justicia y de las cárceles. El INPEC, en acuerdo con los representantes de

      la Mesa Nacional de Trabajo, resolvió convocar a una reunión de la misma

      para los primeros días de diciembre.

      Informes de auditoría de la Contraloría General de la República sobre el

      INPEC hacen apreciaciones preocupantes sobre el manejo financiero y

      administrativo, la adjudicación de contratos para ejecución de obras, las

      deficiencias estructurales que presentan las diferentes cárceles, entre

      ellas la de Valledupar, recientemente inaugurada, y la de Girardot. La

      Contraloría concluye afirmando que existe "una falta de compromiso de los

      administradores del INPEC en el diseño, programación y ejecución de

      políticas y estrategias que permitan desarrollar a cabalidad la misión

      institucional". En este mismo sentido, la Oficina ha tenido conocimiento

      de las quejas formuladas por el sindicato de la guardia penitenciaria ante

      la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo por

      presuntas irregularidades en el INPEC.

      Los nuevos Códigos Penal y Procesal Penal no contribuyen a solucionar la

      actual situación carcelaria (véase el capítulo VII.B). El primero

      incrementa los mínimos de la pena de prisión y criminaliza nuevas

      conductas que conllevan penas privativas de la libertad. El segundo,

      contempla una serie de delitos inexcarcelables, que obligan al funcionario

      judicial a dictar detención provisional. Cabe señalar que, según el INPEC,

      aproximadamente el 47% de la población reclusa está constituido por presos

      sin condena. La dilación de los procesos, la ausencia de un efectivo

      ejercicio del derecho de defensa, el uso de la detención como regla

      general y la demora en resolver las solicitudes de libertad, son otros

      factores que contribuyen a la saturación de los centros carcelarios y a la

      estigmatización social de los internos, afectando seriamente sus

      posibilidades de rehabilitación y reintegración a la sociedad.

      El Estado ha focalizado su acción respecto de esta problemática en la

      construcción de nuevas cárceles. Sin embargo, ésta no es la respuesta para

      combatir los altos índices de criminalidad ni de hacinamiento. El Estado

      debe atacar las causas estructurales que generan la comisión del delito.

      Para ello se hace necesario diseñar programas de prevención del delito y

      de reinserción social; hacer efectiva una cultura de paz que recupere el

      valor de la familia, del trabajo y el respeto al derecho de los demás, así

      como otras acciones que busquen dar al problema de la delincuencia, y por

      ende al de la cárcel, una solución integral.

      p>6. Defensores de derechos humanos

      El año 2000 ha puesto de manifiesto un alarmante aumento en amenazas,

      hostigamientos, ataques y atentados contra defensores de derechos humanos.

      La Oficina tuvo conocimiento de cuatro casos de ejecución extrajudicial,

      incluyendo a Jesús Ramiro Zapata, miembro de la organización no

      gubernamental Semillas de Libertad, Elizabeth Cañas Cano, de la Asociación

      de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (ASFADDES), Antonio Hernández,

      consejero jurídico de la Unión Patriótica y miembro de la Corporación

      Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (CREDHOS) y Orlando

      Mocada, vocero de la Asociación Campesina del Valle Río Cimitarra (ACVC).

      La Oficina recibió la denuncia de tres casos de desaparición forzada. Uno

      de ellos fue el del activista indígena y antiguo miembro de la Unión

      Patriótica, Jairo Bedoya Hoyos, quien desapareció el 2 de marzo. Asimismo,

      el día 6 de octubre se reportó la desaparición forzada de Claudia Patricia

      Monsalve y Angel Quintero Mesa, ambos miembros de ASFADDES Medellín. Es de

      destacar que a pesar de las medidas provisionales dictadas por la Corte

      Interamericana en favor de ASFADDES, varios de sus miembros han sufrido

      amenazas durante todo el año. La Oficina recibió quejas de miembros de

      esta organización en Bogotá, Popayán, Medellín y Barrancabermeja.

      De la misma manera, amenazas y hostigamientos han obligado a defensores de

      varias organizaciones ubicadas en Barranquilla, Medellín, Barrancabermeja

      y Bogotá, a reducir sus actividades o a desplazarse a otros lugares dentro

      del país. En Barrancabermeja, durante el transcurso del año, defensores de

      la Organización Femenina Popular (OFP) y de la Mesa Regional de Trabajo

      Permanente por la Paz, así como no menos de 16 miembros de CREDHOS, han

      recibido amenazas provenientes de las AUC. La gravedad del fenómeno se

      pone de manifiesto por el número de casos tratados por el programa de

      protección no gubernamental del llamado "Comité Ad Hoc" , que consiste

      esencialmente en medidas de protección blanda . Durante el año 2000, el

      Comité facilitó la salida del país o el desplazamiento dentro de Colombia

      de 39 defensores, lo que representa más del doble de los casos tramitados

      en 1999.

      De especial preocupación es la situación de los defensores en los

      departamentos de Antioquia y Córdoba. En octubre, cinco miembros del

      Instituto Popular de Capacitación (IPC) tuvieron que salir de Medellín

      debido a amenazas recibidas de parte de las AUC. En un incidente que aún

      no ha sido aclarado por las autoridades, miembros del CTI de la Fiscalía

      de la República ingresaron en las oficinas del IPC alegando que habían

      llegado para impedir un secuestro in fragranti. Durante la misma semana,

      las oficinas de la Corporación Cívica Simón Bolívar fueron allanadas por

      el CTI. En el caso de Córdoba, la oficina ha podido constatar, durante sus

      visitas a la zona, el altísimo nivel de tensión y miedo entre los pocos

      defensores que han podido seguir con sus labores.

      Otra tendencia preocupante se refleja en los continuos señalamientos,

      declaraciones difamatorias y persecuciones a defensores por parte de

      servidores públicos en contravención a la Directiva Presidencial 07,

      emitida en septiembre de 1999, sobre el respeto de los servidores públicos

      a los defensores y a su trabajo. Entre estos casos se incluyen los

      señalamientos hechos por miembros de las fuerzas armadas contra la

      organización no gubernamental Justicia y Paz por sus labores en las

      comunidades de paz de Urabá. Cabe destacar, además, la demanda por

      calumnia interpuesta por la Fuerza Aérea contra las organización no

      gubernamental Humanidad Vigente y el Comité de Derechos Humanos Joel

      Sierra, a raíz de la publicación de un afiche producido por niños como

      parte de una actividad psicosocial orientada a la superación de las

      secuelas de la masacre de Santo Domingo.

      Sindicalistas. Grupos étnicos

Situaciones especiales de preocupación (4)

      

 

      7. Sindicalistas

      Dentro de la situación de los defensores de derechos humanos, y dada la

      singular gravedad de la situación del movimiento sindical, durante este

      año la Oficina ha mostrado especial interés en la observación del respeto

      y garantía de la libertad sindical. Para ello ha mantenido contacto con la

      OIT, las organizaciones sindicales, los gremios empresariales y las

      autoridades del Estado.

      La Oficina ha podido observar que la violencia se ha proyectado no sólo

      contra dirigentes de los sindicatos más representativos, sino también

      contra las bases del movimiento sindical en distintas regiones del país.

      Esto ha provocado un debilitamiento del movimiento sindical, sobre todo en

      las regiones, y una pérdida de redes de información y de base social.

      Muestra de ello es la amenaza proferida por paramilitares a los

      trabajadores municipales de Segovia y Remedios (Antioquia), a quienes se

      les prohibió cualquier actividad relacionada con derechos humanos bajo la

      amenaza de convertirlos en "objetivo militar". Las cifras aportadas en el

      seno de la Comisión interinstitucional para la defensa, protección y

      promoción de los derechos humanos de los trabajadores, arrojan un total de

      por lo menos 112 sindicalistas muertos en el año 2000. La mayoría de los

      ataques son atribuidos a grupos paramilitares. Estas cifras representan un

      aumento dramático de víctimas en comparación con los dos últimos años.

      En la mayoría de los casos, el curso de las investigaciones no ha arrojado

      resultados satisfactorios, provocando una grave impunidad. Cabe destacar

      que de los 92 casos sobre los cuales el Representante Especial del

      Director General de la OIT para la cooperación con Colombia solicitó

      información relacionada con los respectivos procesos penales, en sólo uno

      existe una referencia concreta involucrando como presuntos autores a

      integrantes de grupos paramilitares. El representante de la OIT manifestó

      haber recibido información preocupante que da cuenta de que "no siempre

      las fuerzas policiales y/o militares contribuyen en las investigaciones".

      También en este año se agudizó drásticamente el fenómeno del

      desplazamiento de trabajadores sindicalizados por obra de amenazas.

      Muestra de ello es la situación de los profesores municipales de Sabana de

      Torres (Santander), los cuales se vieron obligados a desplazarse de su

      lugar de trabajo después de recibir amenazas por su actividad sindical. A

      esto se suma la falta de atención adecuada al problema por parte de las

      autoridades, tanto nacionales como departamentales, quienes no facilitan

      los permisos para efectuar los traslados de las personas amenazadas hacia

      agencias de otros municipios o regiones.

      Los sindicatos más afectados han sido los que representan a los

      trabajadores de la enseñanza, de la salud, y a los empleados municipales y

      departamentales. De manera especial debe destacarse los casos de ANTHOC,

      la Federación Colombiana de Educadores (FECODE), el Sindicato de

      Trabajadores de Empresas Municipales y Departamentales (SINTRAEMSDES). En

      lo que respecta a las regiones más afectadas por el aumento de la

      violencia contra sindicalistas, hay que mencionar el departamento del

      Valle del Cauca. Allí los atentados se han dirigido especialmente contra

      los trabajadores de los sectores eléctricos SINTRAELECOL y de las empresas

      públicas SINTRAEMCALI. No obstante, el departamento de Antioquia continúa

      registrando los niveles más altos de violencia contra trabajadores. Otra

      ciudad con altos índices de víctimas es la de Barrancabermeja (Santander),

      que ha soportado, además, el mayor número de trabajadores desplazados, en

      especial de los sindicatos de la Empresa Colombiana de Petróleos

      (ECOPETROL) y de la empresa Gases de Barrancabermeja. Es relevante señalar

      que los departamentos del Valle, Antioquía y Santander están entre los

      principales afectados por las acciones del paramilitarismo.

      Gran conmoción causó el atentado del 15 de diciembre, en el que resultó

      herido, junto con sus dos escoltas, Wilson Borja, presidente de la

      Federación Nacional de Trabajadores al Servicio del Estado (FENALTRASE) e

      integrante de la comisión facilitadora para los diálogos de paz con el

      ELN. Es de destacar que el sindicalista contaba con protección dura del

      programa del Ministerio del Interior. En los mismos hechos resultó muerta

      una humilde mujer.

      La Oficina recibió también denuncias de uso excesivo de la fuerza por

      parte de la fuerza pública en el control de las manifestaciones de

      protesta laboral. En Medellín, con ocasión de la celebración del 1 de

      mayo, día internacional del trabajo, el alcalde, acogiéndose al Decreto

      326 de 5 de mayo de 1999 que permite a la policía metropolitana reprimir y

      disolver cualquier circulación masiva de personas, impidió el desarrollo

      de esa jornada (véase el capítulo V.A).

      Respecto al Programa de Protección Especial, a cargo del Ministerio del

      Interior, véase el capítulo VII.D.

      8. Grupos étnicos

      La especial vulnerabilidad de los grupos étnicos ya ha sido puesta de

      presente en los informes anteriores. Tanto los miembros de los pueblos

      indígenas como los integrantes de las comunidades negras siguen afrontando

      situaciones difíciles, en las cuales se combinan el desconocimiento

      reiterado de sus derechos económicos, sociales y culturales con múltiples

      y frecuentes agresiones a sus derechos civiles y políticos. A ello debe

      agregarse que, dentro de las zonas del territorio nacional donde se vive

      con mayor intensidad el enfrentamiento bélico, las minorías étnicas siguen

      padeciendo una intensa victimización por obra de combatientes de todas las

      partes en conflicto.

      La mayor parte de los sucesos violentos contra los grupos étnicos tuvo

      como responsables a miembros de los grupos armados ilegales. Sin embargo,

      también recibió la Oficina quejas sobre hechos en los cuales los indígenas

      sufrieron, por obra de agentes de la fuerza pública, privaciones

      arbitrarias de la vida, privaciones ilegales de libertad, restricciones no

      razonables a la libertad de circulación, apropiaciones ilícitas de bienes

      de consumo, y uso desproporcionado de la fuerza. En Pueblo Rico (Chocó),

      el 18 de abril, tres miembros del resguardo del Alto Andágueda perdieron

      la vida en hechos cuya autoría se atribuyó a militares del batallón San

      Mateo. En Tutunendo (Chocó), el 20 de agosto, dos indígenas fueron

      detenidos por personas de civil que se identificaron como policías y

      amenazaron con matarlos. En el resguardo embera del Alto Sinú, a

      principios de mayo, hombres del batallón Junín se habrían abastecido de

      alimentos contra la voluntad de los propietarios de aquéllos. En el

      capítulo V.A.1 del presente informe se mencionó la brutal represión de una

      protesta indígena en el municipio de Toledo (Norte de Santander).

      Durante el período al cual se refiere este Informe, la Oficina recibió

      numerosas quejas sobre ejecuciones extrajudiciales perpetradas contra

      miembros de esas poblaciones. Así, el gobernador del cabildo de Abejero

      fue muerto por paramilitares el 22 de agosto, después de ser sometido a

      crueles mutilaciones. En Motordó (Chocó), el 7 de septiembre, pereció a

      manos de un grupo paramilitar otro indígena cuyo cuerpo se halló

      descuartizado. Muchas de las ejecuciones extrajudiciales que afectaron a

      las comunidades étnicas deben ser anotadas en el renglón de las masacres.

      En el solo transcurso del mes de mayo se denunciaron seis matanzas

      paramilitares en la zona de Buenaventura (Valle), habitada

      mayoritariamente por personas de ancestro africano. Otras masacres contra

      la población autóctona se perpetraron por las FARC en el resguardo

      indígena de Limonar(Guanía), el 10 de febrero, y en el resguardo Yaberadó

      de la zona de Urabá (Antioquia), el 1 de agosto. En algunos de los casos

      puestos en conocimiento de la Oficina las víctimas fueron mutiladas antes

      de su ejecución.

      La vigencia efectiva de los derechos de las comunidades étnicas se ha

      visto entorpecida por diversos factores. Entre ellos cabe resaltar el

      desconocimiento de la legislación indígena por muchas autoridades del

      Estado, el desarrollo de permanentes conflictos sobre la tenencia de la

      tierra entre moradores de territorios indígenas y otros estamentos

      sociales (latifundistas y pequeños agricultores), y las estrategias de

      control territorial que inspiran la actividad violenta de los diversos

      actores armados.

      La situación económica, social y cultural de las minorías indígenas y

      afrocolombianas está muy lejos de corresponder a estándares

      satisfactorios. Un alto porcentaje de los miembros de esas minorías sigue

      viviendo en condiciones de marginación y de pobreza extrema, sufre un

      grave deterioro en su calidad de vida, ve afectada su relación tradicional

      con el entorno o está expuesta al peligro de perder su identidad cultural

      y, en algunos casos, hasta de la desaparición de la etnia. De otro lado,

      estas comunidades figuran entre las víctimas más frecuentes de los hechos

      violentos provocados por el abuso de poder y por la transgresión de la

      normativa humanitaria, con lo cual han visto gravemente afectados sus

      derechos fundamentales a la vida, a la integridad personal, a la libertad

      individual y la libertad de circulación.

      Durante el año 2000 también abundaron las quejas sobre desplazamientos

      forzados que afectaron a pobladores de territorios indígenas y

      afrocolombianos. Víctimas de tales desplazamientos fueron, entre otros,

      126 emberas de la zona colindante con el municipio de Juradó (Chocó), el

      1º de enero, 600 miembros de la misma etnia que debieron huir hacia

      Frontino(Antioquia),el 15 de mayo, 1.500 kankuanos de la región de

      Atanquez, huidos a Santa Marta, el 19 de mayo, y 400 yukpas de la Serranía

      del Perijá, que se refugiaron en Casacará (Cesar), el 28 de mayo. A raíz

      de las ya mencionadas masacres paramilitares en Buenaventura, el número de

      desplazados durante el mes de mayo llegó a 7.000. La responsabilidad de

      estos éxodos masivos se atribuyó tanto a los grupos paramilitares como a

      los grupos guerrilleros. Indígenas y afrocolombianos, según fuentes

      oficiales, representan el 36% del total de desplazados durante el presente

      período.

      También se registraron denuncias sobre amenazas de muerte contra

      dirigentes de las minorías étnicas y personas que les prestan asesoría

      legal o asistencia humanitaria. Tales amenazas provinieron de todos los

      actores armados, y entre ellas cabe mencionar las proferidas por las FARC

      a miembros de la Organización de los pueblos indígenas de la Amazonía

      Colombiana (OPIAC) y las proferidas por las AUC contra miembros de la

      Organización Indígena de Antioquia (OIA).

      Otro abuso frecuente de los grupos armados ilegales contra la población

      nativa es el reclutamiento forzado. Se han denunciado casos en los

      territorios indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, Antioquia,

      Chocó, Guanía, Putumayo y Vaupés. Esta práctica parece responder a la

      necesidad del respectivo grupo armado de contar en las filas de

      combatientes con personas conocedoras del territorio cuyo control se

      busca.

      Libertad de opinión. Derechos políticos

Situaciones de especial preocupación (5)

      

 

      9. Libertad de opinión, expresión y enseñanza

      Durante el presente período la Oficina ha observado con preocupación las

      crecientes limitaciones al ejercicio de la libertad de opinión, de

      expresión y de enseñanza, como consecuencia de atentados y muertes contra

      integrantes de los medios de prensa y contra estudiantes y académicos.

      Se han registrado serios actos de violencia, atribuidos al conjunto de los

      actores armados, e intimidaciones contra los periodistas, en los que,

      además de dichos actores, se encuentran implicados funcionarios estatales.

      Esto explica que con más frecuencia se registren preocupantes niveles de

      autocensura en los profesionales de la comunicación, motivados por el

      control que los actores armados ejercen sobre la información que genera el

      conflicto armado colombiano. Dicha situación ha coartado

      significativamente el ejercicio de la libertad de prensa y produce como

      consecuencia la fragmentación de la información y contribuye a la

      polarización de la opinión pública. En ese contexto, 12 periodistas

      perdieron la vida a lo largo de este año, habiéndose podido establecer una

      relación directa entre las muertes y la labor desempeñada por los

      reporteros en por lo menos seis de los casos. Adicionalmente, siete

      periodistas han sido secuestrados.

      Mostrando un preocupante patrón ascendente, las constantes amenazas e

      intimidaciones a periodistas en Colombia provocaron la salida de por lo

      menos cinco profesionales de la comunicación, quienes abandonaron el país

      por razones de seguridad. En lo que sin duda será recordado como uno de

      los casos más graves de intimidación, la periodista Yineth Bedoya fue

      secuestrada y sometida a tratos inhumanos y degradantes mientras atendía

      una cita en una cárcel de Bogotá. Todos los indicios apuntan a que el

      hecho se encuentra directamente relacionado con la cobertura que la

      profesional hizo del enfrentamiento entre reclusos, ocurrido el 27 de

      abril en ese centro penitenciario, durante el cual murieron más de 20

      personas privadas de la libertad (véase la sección 5 de este capítulo).

      Las investigaciones para esclarecer las diferentes violaciones sufridas

      por estos trabajadores del periodismo no han arrojado resultados

      satisfactorios en muchos casos. Lo anterior es especialmente cierto en las

      regiones, en las que los periodistas a menudo realizan otras actividades,

      resultando difícil establecer en estos casos si las amenazas e incluso la

      muerte de algunos de ellos están relacionadas o no con el ejercicio del

      periodismo.

      Las difíciles condiciones señaladas anteriormente han convertido ese

      ejercicio en Colombia en un oficio de alto riesgo. Para hacer frente a

      esta situación, el Gobierno emitió el Decreto 1.592 de 18 de agosto de

      2000, por medio del cual se crea el "Programa de Protección a Periodistas

      y Comunicadores Sociales", cuya función básica es la de proporcionar

      seguridad a los profesionales amenazados. Sin embargo, el Comité inició

      formalmente sus funciones en el mes de septiembre, razón por la cual la

      Oficina no cuenta con suficientes elementos que le permitan evaluar su

      funcionamiento.

      Por otra parte, durante este año se ha registrado un preocupante aumento

      de las muertes, amenazas e intimidaciones sufridas por la comunidad

      universitaria. En el pasado, este tipo de violación se relacionaba

      básicamente con la llegada de grupos de autodefensa a las universidades de

      Antioquia y Córdoba. Sin embargo, en el actual período, las muertes y

      amenazas a estudiantes, profesores y trabajadores universitarios han

      afectado también a otros centros de educación superior, como la

      Universidad Surcolombiana de Neiva y las universidades del Atlántico,

      Cauca y Valle. Se reportaron cinco víctimas entre los profesores de las

      Universidades de Córdoba y del Atlántico, y tres más entre los líderes

      estudiantiles de las Universidades de Córdoba, Atlántico y Pasto. Por otra

      parte, la ocurrencia de lamentables hechos, como la muerte de un

      patrullero durante una protesta realizada en la Universidad Nacional en el

      mes de agosto, han provocado una serie de cuestionamientos al movimiento

      estudiantil.

      Con el fin de construir espacios de interlocución con la comunidad

      universitaria, la Policía Nacional y el Ministerio del Interior

      coordinaron la realización del "Seminario Internacional Conflicto y

      Protección de la Comunidad Universitaria", realizado en el mes de agosto.

      En este evento participaron representantes del Estado, de la comunidad

      universitaria, entidades de control y organismos internacionales.

      10. Derechos políticos

      En el período que abarca el presente informe cabe destacar las

      limitaciones y dificultades que han debido enfrentar los funcionarios y

      movimientos políticos en el ejercicio de los derechos políticos. Cabe

      destacar, en particular, los atentados a funcionarios locales por parte de

      los diferentes actores armados que predominan en las regiones respectivas.

      La Federación Colombiana de Municipios informó que, a nivel nacional, 17

      aspirantes a alcalde y 14 a concejales habían muerto violentamente.

      El 29 de octubre se desarrollaron las elecciones para gobernadores,

      alcaldes y concejales municipales en Colombia. Salvo hechos aislados, como

      en Vistahermosa, municipio de la zona de despeje, en donde tuvieron que

      suspenderse las elecciones por robo del material electoral por parte de la

      guerrilla, no se registraron mayores incidentes de orden público. Sin

      embargo, el período preelectoral estuvo marcado por una ola de amenazas,

      ejecuciones, secuestros y atentados contra los candidatos y mandatarios.

      Según los mandatarios locales existen más de 600 municipios afectados por

      grupos guerrilleros y de autodefensa.

      La Oficina recibió información sobre la situación de la Unión Patriótica

      (UP). En el presente período de informe, se reportaron amenazas

      hostigamientos, muertes, desapariciones, desplazamientos y exilios de

      miembros de la UP. En la mayoría de estos casos se señala a los grupos

      paramilitares como presuntos autores. En algunos casos concretos se

      registraron amenazas directas por parte de estos grupos, en particular en

      Barrancabermeja (Santander) y Yondó (Antioquia). También se denunciaron a

      la Oficina amenazas provenientes de miembros de las fuerzas militares, en

      particular en Cundinamarca, Santander y Antioquia.

      En relación con las elecciones del 29 de octubre, la situación de

      violencia e intimidación impidió que en los departamentos de Córdoba,

      Sucre, Bolívar, el Urabá antioqueño y chocoano, Meta, Putumayo y Antioquia

      se pudieran inscribir candidatos de la UP. Ejemplo de esto fue el caso del

      candidato a la Asamblea Departamental y miembro de la dirección nacional

      de la UP, Heliodoro Durango, quien fue muerto en Medellín el 8 de

      septiembre, como consecuencia de lo cual se retiraron los candidatos de la

      UP de dichos comicios.

      El Gobierno estableció un "Programa Integral de Protección Especial para

      Dirigentes, Miembros y Sobrevivientes de la Unión Patriótica y del Partido

      Comunista Colombiano". La Corporación Reiniciar reportó a la Oficina, en

      el período de enero a septiembre, un total de 11 casos de ejecuciones, 2

      de tentativas de ejecuciones, 1 de desapariciones forzadas, 13 de

      desplazamientos forzados, y 4 de exiliados con sus familias, así como

      varios casos de dirigentes y miembros de la UP víctimas de amenazas y

      hostigamientos.

      VII. Seguimiento de las recomendaciones internacionales

VII. SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES INTERNACIONALES

      

 

      El seguimiento, en el presente capítulo, de las recomendaciones

      internacionales en materia de derechos humanos incluye las formuladas a

      Colombia por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos

      Humanos, así como las emanadas de órganos de las Naciones Unidas y del

      sistema interamericano.

      A. Recomendaciones relacionadas con la adopción de medidas, programas y

      políticas de derechos humanos y derecho internacional humanitario

      En este ámbito, las recomendaciones están relacionadas con la

      implementación efectiva y prioritaria de una política de derechos humanos

      y de derecho internacional humanitario, así como con la elaboración e

      implementación de un Plan Nacional de Acción en esas materias. Entre los

      elementos fundamentales de dicha política, cabe destacar la lucha contra

      el paramilitarismo, el combate contra la impunidad, la respuesta integral

      y prioritaria al desplazamiento forzado, las políticas de género y las de

      protección de la niñez, así como las relativas a los derechos económicos

      sociales y culturales dirigidas, en particular, a la población más

      desfavorecida.

      La creación de la "Comisión intersectorial permanente para la coordinación

      y seguimiento de la política nacional en materia de derechos humanos y

      derecho internacional humanitario", así como del "Programa presidencial de

      promoción, respeto y garantía de los derechos humanos y de aplicación del

      derecho internacional humanitario", no ha tenido mayor incidencia en la

      definición y puesta en práctica de acciones que permitan superar la grave

      situación en estas materias.

      En cuanto al compromiso asumido por el Gobierno para elaborar un Plan

      Nacional de Acción, un convenio de cooperación con la Vicepresidencia dio

      lugar al asesoramiento de la Oficina para la elaboración de ese plan. El

      primer documento metodológico producido no ha desembocado aun en una

      discusión y análisis que permitan un avance sustantivo para el diseño del

      mismo.

      En cuanto a la problemática del paramilitarismo y la lucha contra la

      impunidad, la Oficina fue informada de que, como consecuencia de las

      facultades discrecionales del Ejecutivo, fueron retirados de las fuerzas

      militares 388 miembros. La Oficina no ha recibido, hasta la fecha, la

      información detallada necesaria, sobre le contenido y las razones de

      dichas medidas, para considerar este hecho como un acto de voluntad

      política del Gobierno que busca separar de sus fuerzas a oficiales

      comprometidos con violaciones de derechos humanos, apoyo al

      paramilitarismo o infracciones al derecho internacional humanitario.

      Tampoco se le informó de los procesos disciplinarios y judiciales que

      estuvieren siendo adelantados en esos casos. Por el contrario, los

      principales oficiales acusados o investigados penalmente por violaciones

      de ese tenor no habrían sido afectados por dicha medida. Esto no parece

      abonar en favor de un compromiso efectivo del Ejecutivo en la lucha contra

      la impunidad como uno de los factores decisivos en el combate al

      paramilitarismo, en particular, en relación con los servidores públicos

      implicados por apoyo, tolerancia o complicidad con esos grupos y las

      sanciones correspondientes.

      El Decreto 324 citado, (véase el capítulo VI.2), no ha puesto en evidencia

      la existencia de acciones sustantivas y eficaces contra el fenómeno

      paramilitar. Por el contrario, éste configura un ejemplo más de la

      insuficiencia o ausencia de implementación de normas y mecanismos

      previstos para enfrentar la grave crisis de derechos humanos.

      En materia de lucha contra la impunidad, el "Comité Especial de impulso a

      las investigaciones de violaciones de los derechos humanos" (Decreto 2.429

      de 1998), como se señaló en el informe anterior, ha servido para

      identificar los obstáculos y dificultades para el impulso de las

      investigaciones (como problemas de seguridad y de protección, de recursos

      financieros, de insuficiente cooperación de la fuerza pública para

      efectivizar las órdenes de capturas, del traslado a la justicia penal

      militar, entre otros), pero no ha logrado dar respuesta efectiva a estos,

      mediante mecanismos y decisiones que permitan superarlos.

      En materia de desplazamiento forzado, la creación de la Unidad Técnica

      Conjunta, la formulación de un Plan de Acción Integral para 2000-2002 y la

      reglamentación de algunos aspectos de la Ley 387, por medio del Decreto

      2.569 de 12 de diciembre de 2000, representan avances en la materia. Este

      último fija las funciones de la Red de Solidaridad Social, como entidad

      coordinadora del sistema nacional de información y atención integral a la

      población desplazada por la violencia, establece una definición jurídica

      de la condición de desplazado, crea el registro único y señala las reglas

      para el manejo de la atención humanitaria de emergencia. Sin embargo, un

      año después de la aprobación de la decisión del Consejo de Política

      Económica y Social (CONPES), sigue pendiente la expedición de otras normas

      reglamentarias de la Ley 387 de 1997. Asimismo, la implementación del plan

      de acción no muestra la prontitud ni la coordinación exigida por la

      gravedad de la emergencia para cuya conjuración se aprobó. Los recursos

      aplicados por el Gobierno en el renglón de la asistencia a los desplazados

      siguen siendo muy inferiores a la dimensión del problema y a las

      necesidades. La Red Nacional de Información, prevista en la Ley 387 como

      entidad encargada de registrar y analizar el fenómeno de desplazamiento,

      sigue siendo extremadamente limitada en su capacidad de registro, con lo

      cual no se han evitado importantes diferencias en la estimación de la

      magnitud del problema. Tampoco se registraron avances en materia de

      prevención, y sigue pendiente la creación de un sistema de alerta

      temprana.

      Con el propósito de dar cumplimiento al fallo de la Corte Constitucional

      (véase el capítulo VI.3), la Red de Solidaridad Social inició un trabajo

      conjunto con otras instituciones con el fin de hacer la valoración

      pertinente de las medidas a adoptar y estudiar los mecanismos legales a

      proponer. Sin embargo, es preocupante que, nuevamente, so pretexto de

      finalizar un nuevo plan de acción, se retrase la ejecución de programas y

      políticas que no admiten dilación para atender esta emergencia. No se han

      registrado avances significativos en la adopción de medidas eficaces para

      hacer frente al incremento de agresiones y amenazas contra las

      organizaciones de ayuda humanitaria nacionales e internacionales que

      bridan asistencia a las poblaciones desplazadas.

      En cuanto a las políticas relativas al respeto de la libertad sindical, la

      Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Trabajo pretende

      sistematizar y analizar, con la ayuda de sindicatos, empresarios y órganos

      del Estado, la situación de derechos humanos de los trabajadores. En este

      sentido, es valioso el esfuerzo que se viene adelantando, para dar

      seguimiento a una solicitud planteada por la OIT, referida a la

      unificación de los casos en una base de datos común, con la colaboración

      de la Fiscalía, las centrales sindicales, el Ministerio de Trabajo y la

      Vicepresidencia. Ha sido positiva la actitud del Ministerio de Trabajo de

      reactivar la Comisión Interinstitucional de los Derechos Humanos de los

      Trabajadores. Sin embargo, es lamentable que sus deliberaciones no hayan

      abordado aspectos y estrategias de acción relativos a cuestiones urgentes

      de los derechos de los trabajadores, y que no hayan arrojado suficientes

      resultados positivos. En cuanto a la protección de la libertad sindical,

      el tema es examinado más adelante (véase la sección D de este capítulo).

      La Oficina, por su parte, ha continuado mostrando su interés por prestar,

      en el ámbito de su mandato, cooperación y asistencia técnica al Ministerio

      de Trabajo, en estrecho contacto con la OIT.

      La Alta Comisionada comparte las preocupaciones del Comité de Derechos del

      Niño y en tal sentido observa la falta de avances en la reforma del Código

      del Menor, con el objeto de ajustarlo a lo dispuesto en la Convención

      sobre los Derechos del Niño. Persiste la falta de programas de atención

      integral para la asistencia, el tratamiento, la rehabilitación y la

      integración de menores desvinculados de las hostilidades y víctimas del

      conflicto armado interno.

      Por su parte, la mayoría de las recomendaciones del Comité para la

      Eliminación de la Discriminación contra la Mujer no han sido aún acogidas

      por el Estado.

      B. Recomendaciones atinentes a la legislación

      En julio de 2000, entró en vigor el nuevo Código Penal Militar. En el

      informe anterior, se analizó esta normativa a la luz de las normas y

      recomendaciones internacionales, destacándose los avances y las lagunas e

      incompatibilidades. Cabe recordar que una de estas últimas era el prever

      que sólo la tortura, el genocidio y la desaparición forzada quedaban

      expresamente excluidos del fuero militar. Un fallo de la Corte

      Constitucional resolvió el problema señalando que esa disposición debía

      interpretarse como la exclusión de todas las graves violaciones de

      derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, y no

      como una enumeración taxativa. Sin embargo, el hecho de que casos como el

      de Santo Domingo y el de Pueblo Rico estén siendo investigados por los

      tribunales castrenses muestra que, en la práctica, las violaciones más

      frecuentes, como las ejecuciones o masacres, escapan generalmente a la

      justicia ordinaria (véanse los capítulos V.1 y VI.4).

      Este tema tiene gran relevancia en las perspectivas de la próxima entrada

      en vigencia del nuevo Código Penal, el 24 de julio de 2001. Éste incorpora

      en la legislación interna delitos constitutivos de violaciones de derechos

      humanos, como la tortura, el desplazamiento, el genocidio y la

      desaparición forzada (aprobados por una ley que será examinada a

      continuación), y de infracciones al derecho internacional humanitario. En

      principio, estas nuevas conductas deberán ser de conocimiento exclusivo de

      los tribunales ordinarios, pero cabe plantearse el interrogante de cómo se

      asumirán en la práctica, considerando lo que acaba de señalarse sobre la

      justicia penal militar.

      El 6 de julio entró en vigencia la Ley 589/00, por la cual se tipifican la

      desaparición forzada, el genocidio, el desplazamiento forzado y la

      tortura. Luego del examen por el Congreso de las objeciones del Ejecutivo,

      se introdujeron algunos cambios en la definición del genocidio y de la

      desaparición forzada. Además, quedó fuera de la ley el artículo que

      disponía la competencia exclusiva de la justicia ordinaria en relación con

      estos delitos.

      En cuanto a la definición del genocidio, se incorporó la noción de "grupos

      [...] que actúen dentro del marco de la ley" en la tipificación del sujeto

      pasivo, exigencia que no incluye la Convención y que deja una puerta

      abierta a la arbitrariedad frente a grupos sin reconocimiento legal o

      personería jurídica que podrían ser víctimas de genocidio. En cuanto a la

      desaparición forzada, se incluyó como sujeto activo principal de la

      conducta al particular perteneciente a un grupo armado al margen de la

      ley, elemento que también desnaturaliza esta figura en relación con lo

      previsto en la normativa internacional.

      Por otra parte, el nuevo Código Penal y el nuevo Código de Procedimiento

      Penal, que entrarán en vigencia en 2001, no dieron respuesta satisfactoria

      a modificaciones recomendadas internacionalmente, como la relativa al

      habeas corpus, el cual sigue sin ser efectivo en casos de privaciones de

      la libertad originadas en decisiones judiciales. Tampoco modifica de

      manera contundente las disposiciones relativas a la detención preventiva

      para evitar su aplicación sistemática. Adicionalmente, no ha contribuido

      al impulso de una política criminal que incida favorablemente en la

      problemática carcelaria. En este código, no se atendió tampoco la

      recomendación de la Alta Comisionada y del Comité para la Eliminación de

      la Discriminación Racial, en el sentido de penalizar esta conducta.

      El Código Penitenciario sigue pendiente de una reforma que permita

      enfrentar la problemática vinculada a la grave crisis carcelaria y a las

      deficiencias estructurales constatadas en esta materia.

      Sigue pendiente de aprobación legislativa el proyecto de Código Único

      Disciplinario, que debía solucionar el problema relativo a la lenidad de

      la sanción respecto de conductas constitutivas de graves violaciones de

      derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario.

      El Gobierno colombiano ratificó, en seguimiento de las recomendaciones de

      la OIT, los Convenios 151 y 154, sobre relaciones de trabajo en la

      administración pública y el fomento de la negociación colectiva. No

      obstante, sigue pendiente la armonización de la legislación interna con

      los Convenios 87 y 98 sobre libertad sindical, protección del derecho de

      sindicación y negociación colectiva. El Gobierno sancionó en junio de este

      año la Ley 584, por medio de la cual el Código Sustantivo y el Código

      Procesal del Trabajo se adecuan parcialmente a la legislación laboral

      internacional en materia sindical y colectiva, tal como lo sugirió la

      Misión de Contactos Directos de la OIT. Sin embargo, esta ley deja vacíos

      legales en algunos aspectos, como el de los controles para el registro

      sindical y el del ejercicio del derecho de huelga por servidores públicos.

      Por otro lado, aún no se ha expedido el Estatuto del Trabajo, que, por

      mandato de la Constitución, debe ser adoptado por el Congreso. También

      sigue esperándose la decisión gubernamental para ratificar el Convenio 183

      de la OIT, que aumenta a 14 semanas la licencia por maternidad.

      Recomendaciones sobre justicia y protección de grupoos vulnerables

Recomendaciones (2)

      

 

      C. Recomendaciones relativas al funcionamiento de la justicia

      En un claro esfuerzo por superar las dificultades que se presentan en la

      investigación de casos por violaciones de los derechos humanos, la

      Fiscalía ha previsto la creación de 11 unidades satelitales de la Unidad

      Nacional de Derechos Humanos, de las cuales cuatro comenzaron a funcionar

      en diciembre de 2000, dos de ellas en Cali, una en Villavicencio y otra en

      Neiva. Sin embargo, este hecho no es suficiente para garantizar el

      fortalecimiento de la citada Unidad si no se acompaña de medidas que

      enfrenten las dificultades señaladas en el capítulo VI.

      Frente al desmonte de la justicia regional y la inconstitucionalidad

      declarada de las disposiciones que mantenían la reserva de identidad en el

      nuevo sistema llamado "justicia especializada", se hacía necesaria una

      reformulación de la protección en el marco de los procesos penales. Sin

      embargo, ninguna medida consecuente fue adoptada por el Gobierno para

      proveer al Programa de Protección de la Fiscalía de los recursos

      necesarios para su adecuado y eficaz funcionamiento.

      Es importante destacar que frente al hecho de que se admitía la defensa

      técnica de egresados que todavía no se habían graduado como abogados,

      contraviniendo principios internacionales, la Dirección Nacional de

      Defensoría Pública, integrada a la Defensoría del Pueblo, mediante la

      Circular Nº 052 prohibió a esos egresados su vinculación a procesos

      penales por delitos, pudiendo únicamente ejercer como defensores de

      aquellas personas vinculadas a procesos contravencionales. Con esta

      circular la Defensoría demostró su voluntad por enmarcar su actuación

      dentro de los principios internacionales.

      La reforma normativa en materia de justicia penal militar no ha tenido

      como consecuencia un cambio rotundo en las decisiones de competencia y de

      respeto al debido proceso en casos de violaciones de derechos humanos e

      infracciones al derecho internacional humanitario.

      D. Recomendaciones relativas a la protección de grupos vulnerables

      Como en años anteriores, la Oficina intentó informarse sobre el compromiso

      asumido por el Estado para que el Procurador General de la Nación

      procediera a la revisión de los archivos de inteligencia militar donde se

      consignen informaciones sobre miembros de las organizaciones no

      gubernamentales. En diciembre la Oficina recibió copia de dicho informe.

      Del contenido del mismo surge la preocupación por la ausencia de una

      investigación exhaustiva, de mecanismos que aseguren la rectificación o la

      supresión de los datos que no tengan implicaciones de seguridad nacional,

      y la revisión periódica de los mismos para evitar nuevas prácticas

      ilegítimas.

      Durante 2000, la Oficina dio seguimiento al funcionamiento del Programa de

      Protección para defensores y sindicalistas del Ministerio del Interior y

      tomó nota de la superación de algunos de los problemas administrativos

      señalados en su informe anual de 1999. En particular, se pudo constatar

      que la provisión de teléfonos y equipos de radiocomunicación a personas en

      riesgo ha tenido un efecto preventivo y disuasivo en algunos casos.

      Asimismo, la Alta Comisionada saluda los esfuerzos por seguir

      fortaleciendo este programa mediante su ampliación para proteger a otros

      sectores de la sociedad en riesgo.

      No obstante lo anterior, el eficaz funcionamiento del programa, en su

      implementación por parte del Departamento Administrativo de Seguridad

      (DAS), se vio afectado por varios problemas, incluyendo discrepancias en

      los estudios de riesgo de los beneficiarios del Programa y la ausencia de

      recursos para la provisión de escoltas. Sobre este último aspecto, en

      julio, la Oficina comunicó al DAS su solicitud para que se cumplan las

      decisiones del Comité de Reglamentación y Evaluación de Riesgos y que se

      tomen las medidas necesarias para proporcionar esquemas de seguridad a más

      de 20 beneficiarios del Programa.

      En este sentido, es preocupante que personas calificadas con riesgo alto

      en el respectivo estudio de evaluación, hayan sido víctimas de atentados

      por no contar con protección oportuna. Tal fue el caso del atentado contra

      Ricardo Herrera, dirigente sindical de Cali, hecho en el cual resultó

      muerto su acompañante, el también sindicalista Omar Noguera. En este caso

      la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había solicitado la

      adopción de medidas cautelares, las cuales no fueron otorgadas. También se

      registraron casos de personas que contaban con protección y que fueron

      víctimas de atentados, como el caso del directivo sindical Wilson Borja

      (véase el capítulo VI.7).

      A pesar de los avances anotados, hoy en Colombia el principal problema es

      la falta de una política eficaz de prevención. Por otra parte, debe

      reiterarse que la protección y garantía de los derechos fundamentales de

      las personas, y en particular de los defensores y sindicalistas, no puede

      desligarse de una política efectiva que paralelamente luche contra la

      impunidad y la acción contra los generadores de riesgos, en particular los

      paramilitares.

      Cabe señalar que en su 65º período de sesiones, el Consejo Económico y

      Social de las Naciones Unidas, preocupado por la situación de defensores

      que en muchos países son frecuentemente objeto de amenazas, hostigamiento,

      inseguridad, detención arbitraria y ejecuciones extrajudiciales, pidió al

      Secretario General que nombrara por un período de tres años un

      representante especial, quien debe informar sobre la situación de los

      defensores de derechos humanos.

      VIII. Actividades de asesoramiento y asistencia técnica

VIII. ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LA OFICINA EN

      COLOMBIA

      

 

      En el período del presente informe, se iniciaron algunas de las

      actividades previstas en los acuerdos y convenios suscritos con

      instituciones gubernamentales y no gubernamentales. El desarrollo de las

      actividades de cooperación técnica ha abierto espacios para propuestas y

      análisis constructivos con las contrapartes nacionales. A través de la

      asesoría legal, la Oficina ha realizado una contribución estratégica,

      sobre todo en el plano legislativo y en la interpretación y correcta

      aplicación de los principios y normas internacionales.

      A pesar de la dificultad financiera anotada en el presente informe, la

      Oficina ha sostenido reuniones periódicas de trabajo con las contrapartes,

      ha brindado apoyos puntuales y constituyó un grupo de trabajo

      insterinstitucional con los representantes de instituciones

      gubernamentales, contrapartes de la asistencia técnica. A partir de ello,

      se priorizaron tareas y se evitó la duplicidad de esfuerzos de parte de

      las diferentes agencias cooperantes.

      A. Cooperación con la Vicepresidencia

      En el marco del convenio de cooperación, la Oficina prestó asesoramiento a

      la Vicepresidencia para el diseño del Plan Nacional de Acción en Derechos

      Humanos. En una primera etapa, la Oficina y el equipo de asesores de la

      Vicepresidencia consensuaron un documento que contiene una síntesis de las

      observaciones, conclusiones y recomendaciones surgidas de las consultas

      realizadas con organizaciones del Estado y de la sociedad civil para

      explorar opiniones, sistematizar conceptos y ejes temáticos para el diseño

      del plan.

      El documento en mención, entregado al Vicepresidente en el mes de agosto,

      contiene además una propuesta de agenda de actividades previas al diseño.

      A la fecha del presente informe, se encuentra pendiente de definición la

      continuidad de la segunda etapa del proyecto que, entre otras acciones,

      incluye la discusión del documento en el Grupo Técnico de la Comisión

      Intersectorial Permanente para la coordinación y seguimiento de la

      Política Nacional en materia de Derechos Humanos y derecho internacional

      humanitario (Decreto 321/2000), la adopción de una metodología de trabajo,

      y la toma de decisiones por parte del gobierno nacional

      B. Cooperación con el sistema de administración de justicia

      La Oficina ha desarrollado el proyecto de capacitación en derechos humanos

      y derecho internacional humanitario con la Fiscalía General de la Nación y

      con el Consejo Superior de la Judicatura, a través la Escuela Judicial

      "Rodrigo Lara Bonilla". Ambas instituciones demostraron un marcado interés

      y un alto nivel de compromiso y colaboración para el cumplimiento de los

      objetivos previstos en los acuerdos suscritos el pasado año.

      El diseño del programa y el material y la capacitación han estado a cargo

      de un equipo de consultores expertos, contratados por la Oficina, quienes

      con la estrecha colaboración del área de asistencia técnica han coordinado

      todas las actividades con las contrapartes nacionales.

      Son resultados de los proyectos:

      a) La institucionalización del pensum de formación en derechos humanos y

      derecho internacional humanitario para los servidores de la rama judicial,

      tanto del Consejo Superior de la Judicatura, como de la Fiscalía General.

      b) La conformación de redes de formadores y facilitadores de la Escuela de

      Investigación Criminal y Crimalística de la Fiscalía General de la Nación,

      y de la Escuela Judicial "Lara Bonilla". Estas redes deberán asegurar que

      todos los funcionarios de sus instituciones tengan conocimientos básicos

      de derecho internacional de los derechos humanos y derecho internacional

      humanitario, a fin de mejorar la contribución de la judicatura a la

      protección de los derechos humanos.

      c) Dos cursos de capacitación en derechos humanos y derecho internacional

      humanitario. Uno para fiscales especializados, técnicos judiciales y

      investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), adscritos a la

      Unidad de Derechos Humanos, con el apoyo logístico del programa justicia

      USAID-MSD, y otro para nuevos integrantes de las Unidades satelitales de

      Derechos Humanos de Cali, Neiva y Villavicencio. En estos dos cursos

      participaron como docentes algunos de los fiscales miembros de la red de

      formadores.

      d) Cuatro réplicas del curso para fiscales y funcionarios locales y

      seccionales de Bogotá por parte de la Escuela de Investigación Criminal y

      Criminalística de la Fiscalía General, con el concurso de la red de

      formadores.

      e) Dos publicaciones en curso: la primera contiene una compilación de

      instrumentos de derecho internacional de los derechos humanos, derecho

      internacional humanitario y derecho penal internacional. La segunda es una

      compilación de jurisprudencia y doctrina internacional y nacional en la

      materia.

      La Oficina presentó al Consejo Superior de la Judicatura y a la Fiscalía

      General de la Nación una serie de propuestas y recomendaciones, entre las

      cuales se destaca la importancia de establecer incentivos a la

      investigación académica, una coordinación entre la Escuela Judicial y la

      Escuela de Investigación Criminal y mecanismos de evaluación tendentes a

      medir los resultados de la capacitación.

      A solicitud del Programa Justicia USAID-MSD, la Oficina dictó dos cursos

      intensivos en estas materias a funcionarios de la Procuraduría General de

      la Nación.

      En el marco del convenio suscrito con la Defensoría del Pueblo, la Oficina

      ha iniciado el proyecto de apoyo a la Dirección Nacional de la Defensoría

      Pública con una consultora internacional, a fin de contar con un

      diagnóstico sobre la situación de la prestación del servicio.

      Los proyectos de diseño de un sistema de protección para víctimas,

      testigos e intervenientes en el proceso penal de la Fiscalía General de la

      Nación y el de un sistema de prevención de la Procuraduría General de la

      Nación se iniciaron en diciembre.

      C. Cooperación con instituciones académicas

      La Oficina desarrolló en el presente período de informe las actividades

      previstas en el marco de cooperación con la Universidad Nacional. En este

      sentido, se implementó el proyecto destinado a la recopilación y

      actualización de las recomendaciones internacionales hechas a Colombia en

      materia de derechos humanos y de derecho internacional humanitario. Esta

      actividad dio lugar a una publicación, clasificada por temas, de las

      recomendaciones emanadas de órganos del sistema de las Naciones Unidas, de

      la OIT y de la Organización de Estados Americanos. Asimismo, se trabajó en

      el diseño de un CD rom sobre el mismo tema y de una página web que

      permitirá sistematizar y potenciar la consulta informática en esta

      materia. Esta página funcionará a partir de principios del año 2001 en el

      centro informático de esa Universidad.

      Estos instrumentos representan una contribución fundamental para el mejor

      conocimiento, desarrollo de la investigación, seguimiento y difusión de

      estas materias en el seno de la Universidad. Constituye también una

      herramienta útil para las autoridades e instituciones del Estado, ya que

      mejora el conocimiento específico y el efectivo seguimiento de las

      recomendaciones internacionales.

      D. Cooperación con organizaciones no gubernamentales

      En 2000, la Oficina inició un ciclo de actividades formativas con las

      organizaciones no gubernamentales miembros de la Coordinación

      Colombia-Europa-Estados Unidos, tomando en cuenta el deseo de esta última

      de ampliar la esfera geográfica de su trabajo. Se elaboró conjuntamente un

      plan de trabajo orientado al mejoramiento de la coordinación y la

      colaboración entre las mismas organizaciones no gubernamentales, así como

      con la Oficina. Dicho plan contemplaba la organización de cuatro talleres

      regionales sobre derechos humanos y derecho internacional humanitario.

      En julio y noviembre se organizaron en las ciudades de Barranquilla

      (Atlántico)y de Bucaramanga (Santander) dos talleres. Estos talleres

      contaron con la participación de 125 representantes de organizaciones no

      gubernamentales, organizaciones sociales, sindicatos y de la iglesia de

      los departamentos o regiones de Atlántico, Sucre, Bolívar, Córdoba,

      Magdalena, La Guajira, Cúcuta, Arauca, Santander, Norte de Santander y

      Magdalena Medio.

      Los participantes fueron formados en diversas materias incluyendo el

      mandato de la Oficina, la preparación de acciones urgentes y denuncias,

      mecanismos de protección nacionales e internacionales, la elaboración y

      presentación de proyectos sobre derechos humanos, los programas de

      protección para defensores y las medidas de autoprotección. Asimismo, los

      talleres contribuyeron al fortalecimiento de procesos locales de

      promoción, protección y defensa de los derechos humanos en las regiones de

      la Costa Atlántica y del Nororiente. Problemas financieros obligaron a la

      reprogramación de los dos talleres regionales previstos para los meses de

      septiembre y octubre en Cali y Medellín.

      La Oficina también asesoró y acompañó a cinco organizaciones comunitarias

      mediante la financiación de cinco micro proyectos en las comunidades de

      Cartagena (Bolívar), Tibú (Cúcuta), Carmen de Bolívar (Bolívar),

      Bucaramanga (Santander) y Carmen de Atrato (Chocó). Los proyectos, que

      abordaban temas de derechos humanos y de resolución pacífica de conflictos

      a nivel local, se enmarcaban dentro del programa global del PNUD y la

      OACNUDH Assisting Communities Together (ACT). Dos de los cinco proyectos

      han experimentado dilaciones en su ejecución debido a problemas de

      seguridad en las zonas, provocados por incursiones de las FARC y de las

      AUC.

      Por otro lado, la Oficina en coordinación con la organización no

      gubernamental Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento

      (CODHES), realizó en Cartagena de Indias (Bolívar), en julio, un taller

      sobre derechos humanos y mecanismos de protección para la población

      desplazada.

      IX. Conclusiones

IX. CONCLUSIONES

      

 

      Durante el año 2000 continuó siendo notorio el deterioro de la situación

      de los derechos humanos. Las violaciones de tales derechos pueden ser

      calificadas de graves, masivas y sistemáticas. Los principales derechos

      afectados fueron el derecho a la vida, a la integridad, a la libertad y a

      la seguridad personal. Los miembros de los grupos paramilitares

      continuaron siendo los principales violadores de estos derechos, como lo

      ha reconocido el Ministro de Defensa.

      Las infracciones al derecho internacional humanitario prosiguieron dándose

      en forma recurrente, masiva y sistemática. Muchas de ellas forman parte de

      un ataque generalizado contra la población civil. La degradación del

      conflicto armado hizo que los combatientes pasaran frecuentemente por alto

      los principios humanitarios de limitación y distinción, y enfocaran cada

      vez más su acción contra los civiles indefensos.

      Entre las prioridades gubernamentales, la protección de los derechos

      humanos y el cumplimiento de las recomendaciones internacionales no han

      alcanzado la importancia, constancia y eficacia requeridas frente a la

      gravedad de la situación del país. Esto se reflejó en el poco seguimiento,

      continuidad e implementación por parte del Gobierno de los mecanismos y

      normas previstos. Se reflejó también en la falta de recursos suficientes

      destinados a los programas e instituciones que tienen un papel fundamental

      en ese campo y que pueden contribuir a superar la crisis señalada. La Alta

      Comisionada expresa su preocupación por el hecho de que la mayoría de las

      recomendaciones internacionales no se hayan beneficiado del debido

      seguimiento por parte de las autoridades.

      La Oficina pudo constatar que en materia de derechos humanos el principal

      problema no consiste en la carencia de normas, programas, mecanismos e

      instituciones, sino en la falta de puesta en práctica de unas y otros, que

      se traduzca en decisiones, acciones y resultados tangibles.

      El fenómeno paramilitar continuó en expansión y consolidándose. El

      compromiso del Gobierno para enfrentar a esos grupos ha sido débil e

      inconsistente. Esto último se pone, en parte, de manifiesto en las

      respuestas recibidas por la Oficina a sus comunicaciones a las autoridades

      para informarles de la existencia de bases, retenes y movimientos

      paramilitares, o para alertarlas sobre inminentes ataques. Los

      instrumentos adoptados por el Gobierno para dar una respuesta eficaz y

      oportuna en el combate contra los grupos paramilitares han demostrado ser

      ineficaces para contener su avance y lograr su desmantelamiento. En otros

      casos tales instrumentos no han tenido aplicación. Sigue siendo de suma

      preocupación la persistencia de vínculos entre servidores públicos e

      integrantes de las organizaciones paramilitares, y la ausencia de

      sanciones.

      La Alta Comisionada continúa preocupada por la impunidad que sigue pesando

      sobre los principales casos de violaciones de derechos humanos e

      infracciones al derecho internacional humanitario. La impunidad quedó

      expresada en la falta de juzgamiento para los servidores públicos

      involucrados en violaciones de esos derechos. Los resultados del Comité de

      impulso de las investigaciones de casos de violaciones de derechos humanos

      e infracciones al derecho internacional humanitario han sido notoriamente

      escasos. A pesar de los cambios normativos, la justicia penal militar

      continuó arrogándose el conocimiento de casos que correspondían a los

      jueces ordinarios, contribuyendo así a agravar la impunidad de servidores

      públicos.

      La administración de justicia continuó siendo afectada por las condiciones

      de seguridad en que los funcionarios judiciales realizan su trabajo, la

      insuficiencia de recursos, en particular para la Fiscalía y su Unidad de

      Derechos Humanos, el debilitamiento institucional y la falta de acceso en

      varias regiones del país. Asimismo, la Alta Comisionada lamenta la

      disminución presupuestaria acordada para el año 2001 a la Defensoría del

      Pueblo y, en particular a su Dirección Nacional de Defensa Pública.

      Las condiciones en que se mantiene a las personas privadas de la libertad

      en las cárceles colombianas vulneran abiertamente, por sí mismas, las

      reglas internacionales para el tratamiento de los reclusos. En la mayor

      parte de las prisiones del país los presos carecen de instalaciones

      sanitarias adecuadas, reciben precaria atención médica y están privados de

      alimentación nutritiva. A esto debe sumarse la permanencia en la vida

      carcelaria de factores tan negativos como la violencia, el hacinamiento,

      los malos tratos, el tráfico de armas y de drogas, la inseguridad, la

      delincuencia organizada desde el interior de los recintos carcelarios y la

      corrupción administrativa. Preocupa a la Alta Comisionada la ausencia de

      un control efectivo del Estado sobre los establecimientos penitenciarios,

      la falta de una política carcelaria integral y garantista, el abuso de la

      detención preventiva y las limitaciones al ejercicio del habeas corpus.

      El desplazamiento forzado ha seguido incrementándose y expandiéndose a

      nuevas zonas del país. Si bien la Alta Comisionada reconoce los esfuerzos

      y avances en la concepción estructural y política, aún no ve que ello se

      traduzca en medidas integrales concretas que consigan enfrentar

      adecuadamente esa problemática. Asimismo, lamenta el poco avance en la

      implementación de la política CONPES para la protección de los

      desplazados, incluyendo las referidas a las condiciones de retorno y

      reubicación. Por otra parte, no se registraron avances en la política de

      prevención ni se estableció ni funcionó un sistema de alerta temprana.

      Queda igualmente pendiente la creación del Observatorio del Desplazamiento

      Interno. Lamenta, asimismo, la ausencia de liderazgo del Gobierno en la

      protección de desplazados y retornados, materia que generalmente quedó en

      manos de la propia población y de los actores armados ilegales. Ve

      igualmente con preocupación la vulnerabilidad de los líderes de

      desplazados que continúan siendo objeto de amenazas, hostigamiento y

      muerte, y la ausencia de una política específica de protección y la falta

      de estudios sobre las condiciones de seguridad en los lugares de

      reubicación o de retorno. La Alta Comisionada acoge con satisfacción la

      sentencia de la Corte Constitucional en la materia y espera que la misma

      se haga efectiva en los plazos establecidos.

      Los defensores de los derechos humanos continuaron cumpliendo sus tareas

      en condiciones muy adversas. El clima de intimidación e inseguridad que

      reina en el país afecta el libre ejercicio de sus actividades y los hace,

      frecuentemente, víctimas de amenazas y hostigamiento. La directiva

      presidencial sobre el respeto por los defensores de los derechos humanos y

      por su trabajo (Directiva 07) no ha suscitado un cambio significativo de

      actitud por parte de los funcionarios públicos, en particular, por la

      ausencia de sanciones para quienes no la observan.

      En cuanto a la protección de la población amenazada y, en particular, de

      grupos vulnerables, cabe destacar los esfuerzos realizados por el Estado

      en el marco del Programa de protección del Ministerio del Interior. Sin

      embargo, la Alta Comisionada lamenta que en ese programa aún subsistan

      falencias de orden financiero, administrativo y estructural. Por otra

      parte, debe reiterar que la protección y garantía de los derechos

      fundamentales de las personas, y en particular de los sindicalistas y

      defensores de derechos humanos, no puede limitarse a la provisión de

      medidas de protección individual. El principal problema de protección de

      defensores y sindicalistas radica en la ausencia de una política eficaz de

      prevención. Por definición dicha política debe basarse en acciones de

      investigación y sanción que impidan la impune actuación de los actores

      armados, en particular de los grupos paramilitares, así como la existencia

      de archivos de inteligencia con información imprecisa o inapropiada sobre

      los defensores.

      Asimismo, a pesar de los esfuerzos emprendidos por parte del Ministerio de

      Trabajo, estos no se han visto acompañados por acciones concurrentes de

      otras instancias gubernamentales. El incremento drástico de víctimas de

      muerte, amenazas y atentados entre los sindicalistas pone en evidencia la

      insuficiencia e ineficacia de las medidas adoptadas por el Gobierno para

      proteger la libertad sindical.

      Las comunidades indígenas y afrocolombianas han visto incrementadas las

      violaciones a sus derechos fundamentales, en particular por haber sido

      víctimas de muerte, atentados, hostigamientos, desplazamientos y

      desconocimiento de sus derechos específicos. La Comisión

      Interinstitucional de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, creada

      por el Decreto 1.396 de 1996, sólo se reunió en una ocasión durante el año

      y en dos oportunidades tuvo que ser cancelada por ausencia de los altos

      responsables del Estado y, en particular, del Ministerio del Interior.

      Los derechos económicos sociales y culturales no han recibido la debida

      atención por parte del Estado para progresar en aspectos como la

      disminución de la brecha de inequidad, las medidas dirigidas a mejorar la

      situación de los grupos más desfavorecidos, así como en materia de empleo,

      educación (incluyendo la enseñanza de los derechos humanos), acceso de los

      más pobres a la salud y en relación con otros derechos básicos.

      La Oficina ha observado con preocupación el incremento de la violencia

      contra los menores. Estos han sido víctimas de ataques en el marco del

      conflicto armado, de muertes, secuestros (efectuados en su mayoría por las

      guerrillas) y desplazamientos. También han sido afectados por el maltrato

      intrafamiliar y el abuso sexual. Asimismo, los niños y niñas sufren

      especialmente el impacto de la vulneración de sus derechos económicos,

      sociales y culturales. La Alta Comisionada lamenta que continúen sin

      hacerse efectivos programas de atención integral a niños desvinculados de

      las hostilidades. Tampoco se procedió a la armonización de la legislación

      interna con la Convención sobre los Derechos del Niño, incluyendo lo

      relativo al tratamiento de los menores infractores.

      Las mujeres continúan siendo víctimas de la discriminación, en particular,

      en las esferas de la educación, el empleo y la participación política. Se

      ven también afectadas por la violencia intrafamiliar, el abuso sexual y el

      tráfico de mujeres. En el marco del conflicto armado, son víctimas de la

      agresión sexual de los combatientes y constituyen el mayor grupo de

      población desplazada. Los programas y normas previstos en el marco de una

      política de género no han modificado significativamente las desigualdades

      y la vulnerabilidad de las mujeres.

      Preocupa a la Alta Comisionada el hecho de que entre las propuestas

      formuladas por algunas autoridades para fortalecer la acción del Estado

      contra los delitos de grupos armados ilegales, figuren algunas

      restricciones a las garantías constitucionales, cuyo contenido pueda

      exceder el marco normativo internacional y afectar seriamente la

      intangibilidad de derechos fundamentales.

      La Alta Comisionada ha observado que el Gobierno de Colombia no ha

      continuado la interlocución con su Oficina de una manera cualificada,

      progresiva y eficaz.

      Considera de extrema importancia que el Gobierno colombiano se beneficie

      de la existencia y aptitud de la Oficina para prestar su asesoramiento en

      las materias de su competencia y en el impulso del seguimiento de las

      recomendaciones internacionales. Las limitaciones referidas han ido en

      detrimento de la respuesta gubernamental a estas materias. Por esta razón,

      la Alta Comisionada está convencida de que es necesario un diálogo más

      sustantivo del Gobierno con la Oficina y que esta situación merece la

      especial atención de la comunidad internacional.

X. RECOMENDACIONES

      

 

      Recomendación Nº 1

      La Alta Comisionada reitera su más amplia disponibilidad y voluntad, así

      como la de su Oficina, para acompañar al Gobierno, a las demás

      instituciones del Estado y a la sociedad civil en la búsqueda de

      mecanismos para enfrentar la compleja y crítica situación colombiana en

      materias propias de su mandato. Con este objetivo, invita al Gobierno a

      fortalecer, cualificar y hacer más eficaz la cooperación con su Oficina, a

      fin de potenciar su mandato.

      Recomendación Nº 2

      La Alta Comisionada alienta nuevamente al Gobierno, a los otros actores

      armados y a la sociedad colombiana a continuar los esfuerzos conducentes a

      una solución negociada del conflicto armado. Asimismo, les exhorta a

      considerar con carácter de urgencia la adopción de un Acuerdo Global de

      Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.

      Recomendación Nº 3

      La Alta Comisionada exhorta al Gobierno a adoptar todas la medidas

      necesarias para asegurar el respeto y la garantía de los derechos humanos,

      a considerar como asunto prioritario la plena vigencia de esos derechos y

      a implementar una política integral consecuente con estos objetivos. Le

      insta a avanzar en la elaboración y puesta en práctica de un Plan Nacional

      de Acción en Derechos Humanos, en el marco de los lineamientos de la

      Declaración y Programa de Acción de Viena.

      Recomendación Nº 4

      La Alta Comisionada insta al Estado colombiano a hacer efectivo el goce y

      el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales, inclusive en la

      "zona de distensión", asegurando la presencia y el funcionamiento de las

      instituciones judiciales y de control. Asimismo, hace un llamado a las

      FARC para que respeten, sin excepción, las normas del derecho

      internacional humanitario, y el legítimo acceso de la población de esa

      zona a la debida protección y garantía de sus derechos fundamentales.

      Recomendación Nº 5

      La Alta Comisionada reitera su llamamiento a todas las partes en conflicto

      para que den un cumplimiento estricto e incondicional a los principios y

      normas del derecho internacional humanitario, y se abstengan de todo acto

      que lesione o ponga en peligro a las personas y los bienes protegidos por

      dicha normativa. Asimismo, insta a los grupos armados no estatales a la

      liberación incondicional e inmediata de todas las personas tomadas como

      rehenes. También recuerda que las personas privadas de libertad en el

      marco de un conflicto armado deben ser tratadas con humanidad en cualquier

      circunstancia y que debe proporcionarse a los enfermos y heridos la debida

      atención médica, así como posibilitar el acceso de los organismos

      humanitarios.

      Recomendación Nº 6

      La Alta Comisionada urge firmemente al Estado colombiano a combatir

      efectivamente el paramilitarismo y a lograr su desmantelamiento

      definitivo, mediante la captura, el juzgamiento y la sanción de quienes lo

      inspiran, organizan, comandan, integran, apoyan y financian, incluyendo a

      los servidores públicos vinculados al mismo.

      Recomendación Nº 7

      La Alta Comisionada insta nuevamente al Estado colombiano a impedir que la

      impunidad continúe favoreciendo a los responsables, por acción o por

      omisión, de violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho

      internacional humanitario. En este sentido, exhorta a las autoridades a

      redoblar sus esfuerzos para lograr la captura, el juzgamiento en sede

      ordinaria y la sanción de los autores de esos graves hechos, y para que

      las víctimas de los mismos reciban una oportuna y adecuada reparación.

      Recomendación Nº 8

      La Alta Comisionada pone de presente la imperiosa necesidad de tomar todas

      las medidas de orden legislativo y administrativo necesarias para hacer

      frente a las debilidades y falencia de la administración de justicia. A

      este respecto reitera la urgencia de fortalecer, con recursos y programas

      adecuados, la protección de los funcionarios judiciales, de las víctimas y

      de los testigos que intervienen en los procesos.

      Recomendación Nº 9

      La Alta Comisionada insta al Gobierno a impedir que la jurisdicción penal

      militar asuma el conocimiento de hechos constitutivos de violaciones de

      derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, los

      cuales siempre deben ser conocidos por los jueces ordinarios. En ese

      sentido, recuerda al Estado que las normas del nuevo Código Penal Militar

      y del nuevo Código Penal Común deben interpretarse y aplicarse de

      conformidad con las pautas internacionales sobre la materia y los claros

      criterios jurisprudenciales señalados por la Corte Constitucional de

      Colombia.

      Recomendación Nº 10

      La Alta Comisionada urge al Estado a la adopción de una política criminal

      plenamente acorde con los principios del derecho penal garantista. En este

      sentido, reitera la necesidad de introducir en el Código Penitenciario y

      Carcelario todas las reformas necesarias para garantizar a la población

      reclusa el pleno goce de los derechos no afectados por la sentencia y el

      disfrute de las condiciones de reclusión exigidas por las reglas mínimas

      internacionales sobre la materia. También hace un llamamiento al Gobierno

      para erradicar la corrupción en el sistema penitenciario e impedir el

      ingreso de armas a las prisiones, a fin de disminuir los altos índices de

      violencia y evitar que en ellas se reproduzca la dinámica del conflicto

      armado.

      Recomendación Nº 11

      La Alta Comisionada reitera su preocupación por el incremento del fenómeno

      del desplazamiento forzado y urge al Estado a asumir su responsabilidad

      frente a esta problemática de manera prioritaria, integral y eficaz. Urge

      también la puesta en práctica de las normas y mecanismos diseñados por el

      Estado para dar respuesta a este tema, la implementación plena de la

      política CONPES y de los mecanismos previstos en la Ley 387, en

      concordancia con los Principios Rectores en la materia. Reitera la

      urgencia de asegurar la protección y asistencia a las víctimas del

      desplazamiento. Insta finalmente al cumplimiento de las recomendaciones

      internacionales y, en particular, las del Representante del Secretario

      General sobre los desplazados internos.

      Recomendación Nº 12

      La Alta Comisionada insta al Estado colombiano a adoptar las medidas

      apropiadas para hacer efectiva la plena observancia de la Declaración

      sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las

      instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades

      fundamentales universalmente reconocidos. Reitera la exhortación a abrir y

      mantener un diálogo fluido y permanente con las organizaciones no

      gubernamentales, con el fin de responder a sus inquietudes y coordinar con

      ellas las medidas necesarias para fortalecer su acción. Exhorta asimismo

      al Gobierno a promover el conocimiento entre todos los servidores públicos

      de la Directiva Presidencial 07, a exigir su pleno respeto y a sancionar

      ejemplarmente su inobservancia.

      Recomendación Nº 13

      La Alta Comisionada urge al Estado a garantizar a los trabajadores

      amenazados su vida, su integridad y el ejercicio de la libertad sindical.

      Exhorta a las autoridades a concertar esfuerzos con los empleadores para

      facilitar los traslados de los sindicalistas amenazados cuando éstos lo

      requieran. A su vez, insta al Estado a reglamentar el ejercicio del

      derecho de huelga en los servicios públicos y a armonizar con las

      disposiciones internacionales la legislación interna, en particular, la

      referida al trabajo de menores. Exhorta además al seguimiento de las

      recomendaciones de los órganos de la OIT.

      Recomendación Nº 14

      La Alta Comisionada alienta al Gobierno a continuar los esfuerzos por

      fortalecer y mejorar la eficacia del Programa de Protección para

      defensores y sindicalistas a cargo del Ministerio del Interior, mediante

      la dotación de los recursos necesarios y la ampliación del universo de

      beneficiarios cubiertos por el Programa. Asimismo, recuerda el compromiso

      asumido por el Gobierno de realizar una evaluación externa e independiente

      sobre los resultados, el impacto y las dificultades del Programa. Por otra

      parte, destaca que este Programa debe ir acompañado de una política eficaz

      en materia de prevención, incluyendo la sanción de los responsables de los

      atentados y amenazas.

      Recomendación Nº 15

      La Alta Comisionada urge al Gobierno colombiano a dirigir firmemente los

      esfuerzos del Estado para diseñar, financiar y poner en funcionamiento, de

      manera inmediata, mecanismos integrales y eficaces de prevención y

      respuesta a situaciones en las que se dispone de información y alerta

      sobre graves hechos de violencia y sus consecuencias, como el

      desplazamiento. Además de la necesidad de impacto inmediato, o del marco

      legal idóneo para los objetivos de mediano plazo, es útil que el Gobierno

      considere que dichos mecanismos cuenten de manera permanente con el

      público apoyo institucional y político, necesario para asegurar su

      eficacia.

      Recomendación Nº 16

      La Alta Comisionada exhorta al Gobierno a adoptar medidas de protección

      efectivas para preservar la vida de los líderes, autoridades

      tradicionales, defensores y demás miembros de las comunidades indígenas y

      afrocolombianas que se encuentran amenazados. A su vez, insta al Estado a

      propiciar espacios de encuentro para el desarrollo de políticas

      concertadas, oportunas y eficaces de atención, protección y prevención de

      violaciones a los derechos humanos de estos grupos, incluyendo los

      desplazamientos. Insta a las partes en conflicto a abstenerse de reclutar

      miembros de las comunidades indígenas y a respetar el derecho a la

      autonomía e identidad cultural de estos grupos vulnerables. Exhorta

      igualmente al Estado a prohibir penalmente la discriminación racial y a

      adoptar medidas consecuentes para luchar contra esa práctica.

      Recomendación Nº 17

      La Alta Comisionada toma nota con preocupación de la grave crisis

      económica que aflige al país, e insta al Gobierno a focalizar las

      políticas económicas y sociales hacia los más desfavorecidos, con el fin

      de lograr una reducción significativa de la pobreza y de la brecha de

      inequidad.

      Recomendación Nº 18

      La Alta Comisionada exhorta al Gobierno, y en particular al Ministerio de

      Educación, a garantizar la adecuada enseñanza de los derechos humanos en

      todos los niveles educativos. Urge a la elaboración e implementación de un

      Plan Nacional de Acción para la educación en esta área, en el marco del

      Decenio de las Naciones Unidas para la educación en la esfera de los

      derechos humanos. Asimismo, insta al Gobierno, y particularmente al

      Ministerio de Defensa, a incorporar en la currícula obligatoria de la

      formación de la fuerza pública, y especialmente de las fuerzas militares,

      la enseñanza de los derechos humanos y del derecho internacional

      humanitario, de conformidad con las normas y recomendaciones

      internacionales. Destaca a su vez la necesidad de que estos temas, así

      como el respeto de esos derechos por parte de sus integrantes, sean

      condiciones para la evaluación y el ascenso en la carrera militar.

      Recomendación Nº 19

      La Alta Comisionada urge al Estado a adoptar medidas para reducir los

      niveles de violencia generalizada contra los niños y las niñas. Insta

      particularmente a las autoridades a la adopción de medidas urgentes para

      atender de manera integral a los menores desvinculados del conflicto

      armado, sin discriminar entre los que se entregaron voluntariamente y los

      que fueron capturados. A su vez, reitera su recomendación de armonizar el

      Código del Menor con lo establecido en la Convención sobre los Derechos

      del Niño, incluyendo lo relativo al tratamiento de los menores

      infractores. Exhorta también al seguimiento de las recomendaciones hechas

      por el Comité de los Derechos del Niño. Finalmente, exige a todos los

      actores armados el cese del reclutamiento de niños y la desvinculación

      inmediata de los mismos de sus filas.

      Recomendación Nº 20

      La Alta Comisionada insta al Estado a combatir la desigualdad existente

      entre hombres y mujeres. Debe garantizarse la vigencia efectiva del

      principio de igualdad y no discriminación, mediante una política que

      incluya medidas y acciones con perspectivas de género. Exhorta a las

      autoridades a establecer indicadores que midan el impacto de las medidas

      adoptadas para corregir las desigualdades existentes. Urge asimismo al

      Estado a incrementar sus esfuerzos para proteger a las mujeres de los

      efectos del conflicto armado y, de manera especial, las desplazadas y

      jefas de hogar.

      Recomendación Nº 21

      La Alta Comisionada insta al Estado a ratificar el Estatuto de la Corte

      Penal Internacional, así como la Convención interamericana sobre

      desaparición forzada de personas. Recomienda asimismo el reconocimiento de

      la competencia del Comité contra la Tortura y del Comité para la

      Eliminación de la Discriminación Racial, en lo que se refiere al

      conocimiento de comunicaciones individuales, previsto en los artículos 22 y 14 de uno y otro instrumento.