Militares Torcidos

Torcido es un termino que maneja el Colombiano del común para referirse a aquel que burla las normas o la ley y exige que los demás la cumplan. Hacer un torcido por ejemplo es robarse algo al escondido, sin que nadie se de cuenta.

en esta sección hallaras un serie de artículos de prensa colombiana donde claramente se ve como los altos mandos del ejercito se involucran con la mafia, mandan a asesinar, asesinan y participan de los mas escandalosos robos al erario público


 

Revolcón en Brigada XIII

Bogotá

Ante las consecutivas anomalías registradas en la Brigada XIII con sede en Bogotá, y algunas de ellas denunciadas por su propio comandante, general Arsecio Barrero Aguirre, fueron retirados del servicio activo dos tenientes coroneles, un sargento y otros militares de quienes se omitieron las identidades.

Por una parte, el coronel Miguel Plazas Acevedo, quien fue vinculado a una investigación por la justicia penal militar, luego de que se le acusara de dirigir una banda de secuestradores desde su oficina, en la sede de la XIII Brigada al norte de la capital, fue retirado del servicio activo y trasladado de guarnición militar.

Plazas Acevedo se encuentra cobijado con medida de aseguramiento sin beneficio de excarcelación desde el pasado 9 de junio. La vinculación del oficial se hizo luego de que las autoridades capturaran a dos presuntos integrantes de la banda de extorsionistas y quienes señalaron al coronel como cabeza visible de la organización.

El Espectador estableció que otros cinco uniformados que también trabajaban en labores de inteligencia junto al coronel Plazas, se encuentran en investigación. De igual forma, se indicó por parte de organismos de inteligencia que esta organización tendría involucrados a varios patrulleros retirados de la Policía de Cundinamarca.

Aunque el coronel Miguel Plazas había sido retirado de su cargo como jefe de inteligencia de la XIII Brigada el pasado 20 de abril, esta semana fue destituido del servicio activo.

Mientras el Consejo de Guerra que se adelanta en su contra no dé un fallo definitivo de culpabilidad o inocencia, el oficial en retiro permanecerá en prisión. En las últimas horas el comando de la Brigada decidió trasladarlo de las instalaciones del Cantón Norte, al Batallón de Policía Militar en Puente Aranda.

El costo del deber

De otro lado, por los hechos ocurridos en la población cundinamarquesa de Gutiérrez, donde murieron 36 soldados en medio de combates con las Farc, fue llamado a calificar servicios el teniente coronel, Roberto Charry Solano, quien se desempeñaba como comandante del Batallón de Artillería No. 13 General Fernando Landazábal Reyes.

A pesar de que la acción de los militares evitó la toma de varias poblaciones del oriente de Cundinamarca, y el Ejército logró dar de baja a 45 guerrilleros, el "compromiso de honor" que firman los comandantes de unidades, lo obligaron a dejar el cargo, luego de que el sábado anterior otros cinco militares de unidad murieran, cuando las Farc hostigaron la Escuela de Artillería.

Además de los coroneles Plazas y Charry, un teniente y dos suboficiales, el comando de la Brigada estudia el retiro de 20 militares más y algunas personas del área administrativa por otros hechos.(Espectador 990721)

 

El caso de la Caja de Vivienda Militar
Orden de captura contra general (r) Luis Rodríguez

El caso de la Caja de Vivienda Militar, en donde según las investigaciones de la Fiscalía se hicieron millonarias operaciones financieras de forma irregular, enredó ayer al general retirado Luis Alberto Rodríguez, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares entre los años 1993 y 1994.

La Fiscalía General de la Nación dictó ayer auto de detención contra el oficial bajo cargos de peculado por haber participado presuntamente en el desfalco de la entidad por más de 7.000 millones de pesos.

De acuerdo con las investigaciones del organismo, buena parte de los dineros de la Caja fueron desviados a cooperativas que no tenían las garantías suficientes para responder por sus obligaciones.

El oficial en retiro, que rindió indagatoria en febrero pasado, no pudo explicar satisfactoriamente, de acuerdo con los fiscales del caso, su injerencia en la administración de la Caja Militar.

La Fiscalía decidió llamarlo a declarar, con el interés de conocer concretamente la forma como los recursos supuestamente habrían sido desviados para favorecer intereses particulares.

Dentro del mismo proceso, la Fiscalía llamó a juicio en junio pasado al general (r) Celso Suárez Martínez, ex gerente de la Caja de Vivienda Militar.

Suárez, encargado de administrar los recursos de los miembros de las Fuerzas Militares que esperaban tener vivienda propia, fue acusado de peculado por apropiación en favor de terceros, pues según la Fiscalía estaría comprometido en el manejo no muy claro de los dineros de la entidad.(Tiempo 990714)

Fiscalía de Bogotá llamó a juicio a la "Mona Jaller"

Bogotá

Un fiscal de la Seccional de Bogotá profirió ayer resolución de acusación en contra de Gisele Jaller Jabour -la sonada Mona Jaller- para que ante un juez penal del Circuito responda por su presunta responsabilidad en los delitos de falsedad personal, falsedad en documento privado en concurso homogéneo y sucesivo, fraude procesal y peculado por extensión en la modalidad de apropiación.

En 1993, el Ministerio de Defensa hizo público el requerimiento, a través de la oferta de cotización N° 068/93, de un gran material de intendencia para el Ejército Nacional. El contrato fue firmado por el ministerio y la empresa Interterra, que era gerenciada por Gisele Jaller Jabour, quien, a su vez, se hizo pasar por su hermana Rolla. Al final de dicha transacción el Estado colombiano perdió $725 millones.

En una providencia de 16 páginas, conocida por este diario, la Fiscalía 217 sostiene que Gisele Jaller "obró perversamente con la intencionalidad de engañar a los funcionarios del Ministerio de Defensa, para obtener un provecho ilícito para sí".

El ente acusador recordó en su decisión que el 31 de diciembre de 1993, a Gisele le fue entregado un cheque por $278.535.920, es decir, el 40% del negocio. "No conforme con la anterior defraudación al patrimonio estatal, acude nuevamente a artimañas para obtener el 60% restante del contrato, para lo cual maquinó una nueva treta", y adujo que el fabricante del material de intendencia había entrado en quiebra.

Finalmente, la Fiscalía 217 de la Seccional Bogotá le pidió a los organismos de seguridad del Estado que hagan efectiva la captura de Gisele Jaller, quien no tiene derecho a la excarcelación.(Espectador 990709)

 

Los documentos del golpe SEMANA revela los papeles encontrados a Romel Hurtado que hacen sospechar que hubo un plan de golpe contra Samper.

 

 

El gobierno de Samper fue sometido desde su inicioa un exhaustivo análisis por parte de un grupo de contradictores que le exigía la renuncia El coronel retirado Gustavo Castro fue el autor de varios de los análisis sobre la crisis que se vivió durante el juicio en la comisión de acusaciones al presidente en 1996 En la casa de Romel Hurtado fueron encontrados una serie de documentos que confirman la existencia de una conspiración contra el gobierno Samper El historiador Hugo Mantilla fue el organizador del almuerzo en Casa Medina el 10 de agosto de 1995 en el que se acordó que había llegado la hora de la salida del primer mandatario

 

A LAS 5:30 DE LA TARDE DEL 23 de octubre de 1998 agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía llegaron a la casa del político quindiano Romel Hurtado García. Ese día los investigadores encontraron en su caja fuerte un paquete de documentos, cartas y fotos. Cuando los funcionarios los revisaron descubrieron que se trataba de informes y análisis sobre la situación del país desde agosto de 1995 a julio de 1996. En total eran 34 documentos. Unos hacían referencia a la crisis política; otros, al juicio que le seguía la Cámara de Representantes al presidente Ernesto Samper. También había análisis sobre la suerte de Samper como primer mandatario y sus posibles reemplazos en caso de que llegara a renunciar. Los autores de estos documentos no dejaron nada sin estudiar. Incluso analizaron las relaciones de Colombia con Estados Unidos. Entre los papeles estaba el informe sobre la reunión del 10 de agosto de 1995 en el Hotel Casa Medina, al que se denominó 'el almuerzo de la conspiración'. Pero el documento que más impresionó a los miembros del CTI fue uno que ha sido considerado como el manifiesto del golpe. Se titulaba el 'Acto de Poder Constituyente'. Romel Hurtado dijo a los fiscales que esos papeles llegaron a sus manos a través del correo. Nunca supo, según él, quién los envió y con qué objetivo.

También aseguró haberlos obtenido, por la misma vía, en tres oportunidades. "Los primeros documentos los recibí en los meses de septiembre y octubre de 1996, que fueron los análisis de inteligencia y el Acto de Poder Constituyente. En julio de 1998 recibí copia del expediente 128 y un mes después una carta de un coronel Navas al señor Fiscal General". Hurtado fue insistente en que desconocía quién o quiénes los elaboraban y con qué propósito. Sin embargo el titulado 'Acto de Poder Constituyente' le llamó la atención. "Cuando llegó el documento a mi poder llamé varias veces a Palacio con el fin de buscar una cita con el presidente, cosa que no fue posible y por ello lo envié por correo. Posteriormente lo hice con el senado Gerlein", dijo a los investigadores. Con ese tesoro en sus manos los investigadores comenzaron a atar cabos y lentamente armaron el rompecabezas. De los documentos encontrados en la caja fuerte del político quindiano por lo menos 13 fueron elaborados por el teniente coronel (r) Gustavo Castro. Otros tres le fueron enviados a su oficina cuando aún era militar activo y trabajaba en la sección de inteligencia del Ejército. Tres más fueron escritos por el historiador santandereano Hugo Mantilla y algunos de los papeles no tienen firma y se desconocen sun autores. Sobre la existencia de esos documentos SEMANA habló con el coronel Castro. Según su versión, una vez que salió de la institución militar el general Iván Ramírez, le ofreció un puesto como analista político externo del departamento 2 del comando general de las Fuerzas Militares. Según Castro, "tenía la misión de realizar análisis sobre la evolución política del país semana a semana" y una vez terminaba el documento lo enviaba vía fax al entonces coronel Pedro Antonio Chaustre, quien era el subjefe del D2. Luego, en un sobre, los enviaba con un mensajero al general Ramírez. Castro aseguró que no dejaba copia de lo que escribía y que no tiene ni idea por qué Romel Hurtado tenía en su poder esos papeles. "Esos documentos eran de uso exclusivo de las Fuerzas Militares, eran para los análisis en el tema político".

El interrogante que surge, entonces, es por qué los documentos que iban para el general Iván Ramírez y el coronel Chaustre llegaron a manos de Romel Hurtado. Los análisis escritos durante tres meses por el militar retirado revelaban una posición bastante crítica frente al gobierno de Samper. Gustavo Castro piensa que esa actitud manifiesta en los papeles que escribió --desde diciembre del 95 a febrero del 96-- hizo que la institución le dijera que no necesitaba más de sus servicios. El coronel también defendió sus análisis: "Sólo me identifiqué con salidas constitucionales porque soy demócrata y porque conozco la vocación demócrata y republicana de la institución militar".

El oficial retirado reconoció que mientras estuvo en servicio nunca manifestó una actitud tan contraria al gobierno, pero que una vez estuvo afuera pudo "deliberar y escribir, con respeto, lo que pensaba y analizaba de la situación de esa época". El tema de la supuesta conspiración no se ha sepultado. La Fiscalía ha llamado a varios civiles y militares a declarar en este proceso, aunque aún no ha tomado la decisión de abrir investigación penal contra alguna persona en particular. Lo cierto es que la Fiscalía revisa con lupa todos esos informes encontrados en la casa de Romel Hurtado, que son la base de esa investigación. Además las autoridades tratan de establecer si existe alguna relación entre el supuesto plan de golpe para derrocar al presidente Ernesto Samper y el asesinato del líder conservador Alvaro Gómez Hurtado. Esos papeles describían el momento que vivía el país por esos días y narraban paso a paso lo que pasaba en todas las instancias, tanto nacionales como internacionales. De su interpretación y análisis será quizá posible entender lo que pasaba mientras el presidente Ernesto Samper aseguraba día a día su supervivencia al frente de la jefatura del Estado.

 

Situación política Diciembre 6 de 1995. Todo gira en torno al proceso 8.000. Desconcierto por el informe que presentó el parlamentario Mogollón y desconocimiento de las pruebas que presentó la Fiscalía. Las de Santiago Medina dan cuenta que el presidente sí sabía. Los contradictores de Samper se empeñan en que el presidente asuma su responsabilidad. Otro punto es la confrontación entre el Consejo de Estado y la Procuraduría por la permanencia del Fiscal hasta el 98. Esto se mueve en el campo publicitario, que pone en entredicho a las instituciones nacionales. Daño a nivel internacional. Para buscar el apoyo popular el Ejecutivo tomó medidas para evitar la 'tramitomanía'. Busca la simpatía del pueblo hacia el gobierno, aunque las alzas en los servicios públicos y en la educación la deterioran. Vale la pena utilizar los editoriales de los diarios en apoyo a las Fuerzas Militares para difundirlos y acrecentar la imagen de la institución. Iniciar una campaña interna para evitar efectos que se puedan generar por el fallo de la Corte Constitucional relacionado con la obediencia debida. Los comunicados que vienen circulando de Erni Cepeda Burns, tienen origen en un grupo de extrema derecha que pretende generar desconcierto por la crisis política. Este grupo podría estar integrado por intelectuales, por el lenguaje y la redacción de los comunicados. Ellos sindican al DAS por su presunta participación en los hechos de Cancino y Gómez Hurtado. Pretende el apoyo de los gremios económicos y autoridades regionales. No se descarta que su origen sea el grupo denominado 'los decentes'.

 

Los documentos 1. Análisis de la situación política, primero de agosto de 1995 - Anónimo. 2. Asunto la suerte del doctor Ernesto Samper como presidente de Colombia, 8 de agosto de 1995 - H. Mantilla. 3. Situación actual del presidente Samper, 8 de agosto de 1995 - Anónimo para el coronel Castro. 4. ¿Quién lo reemplazaría?, agosto de 1995 - Anónimo para el coronel Castro. 5. Aspectos tratados en la reunión del 10 de agosto de 1995 - Coronel Castro. 6. Situación política, 29 de noviembre de 1995 - Anónimo. 7. Análisis situación política nacional, 6 de diciembre de 1995 - Coronel Castro. 8. Situación política, 10 de diciembre de 1995 - Coronel Castro. 9. La crisis recurrente en las relaciones con Estados Unidos, 18 de diciembre de 1995 - Coronel. Castro. 10 a 19. Análisis situación política, 20 de diciembre de 1995 - 22 de febrero de 1996 - Coronel Castro y anónimos. 20. Cartas a Enrique Gómez Hurtado, senador de la República, abril 16, firman Luis Bernardo Urbina Sánchez, brigadier general (r) y Gustavo Castro, teniente coronel (r). 21. Carta al doctor Ernesto Samper, presidente de la República, 22 de abril de 1996, firman Luis Bernardo Urbina Sánchez, brigadier (r) y Gustavo Castro, teniente coronel (r). 22. Carta al doctor Ernesto Samper, presidente de la República, 23 de abril de 1996, firma Hugo Mantilla, presidente de la Academia Bolivariana. 23. Carta a Humberto de la Calle, embajador en España, 26 de abril de 1996, firman Luis Bernardo Urbina Sánchez, brigadier (r) y Gustavo Castro, teniente coronel (r). 24. Carta al teniente coronel Gustavo Castro, 29 de abril de 1996, firma Movimiento Colombianos por Colombia, Gerardo Pardo Sofán. 25.Carta al Movimiento Colombianos por Colombia, 29 de abril de 1996, firma teniente coronel Gustavo Castro. 26.Carta al brigadier (r) Luis Bernardo Urbina y al teniente coronel Gustavo Castro, 29 de abril de 1995, firma Humberto de la Calle, embajador de Colombia. 27.Carta al teniente coronel Gustavo Castro, 29 de abril de 1996, firma Hugo Mantilla. 28.Carta al representante a la Cámara, comisión de acusaciones, Rodrigo Archila, 27 de mayo de 1996, firma teniente coronel Gustavo Castro. 29.Desarrollo de las acusaciones y el proceso penal contra el presidente de la República, sin fecha - Anónimo. 30.Carta al teniente coronel Gustavo Castro, sin fecha, firma alias 'El gran gaucho'. 31.Desarrollo de las acusaciones y el proceso penal contra el presidente de la República, sin fecha - Anónimo. 32.Situación del presidente de la República, Ernesto Samper, sin fecha - Anónimo. 33.Lista de 20 nombres y de cinco hoteles y restaurantes. Otros datos, marzo de 1996. 34.Documento República de Colombia. Acto de Poder Constituyente, sin fecha - Anónimo.

 

 

Relaciones con Estados Unidos El informe del subsecretario de Estados Unidos, Robert Gelbard, hace parte de la cadena de expresiones del gobierno de Estados Unidos contra la supuesta condescendencia del gobierno colombiano con el narcotráfico. El gobierno norteamericano asegura que la campaña presidencial de Ernesto Samper estuvo financiada por el narcotráfico, a pesar de las capturas de narcotraficantes. El gobierno colombiano es negligente frente al poder económico del narcotráfico y además ampara la corrupción de una clase política que está estrechamente vinculada a los intereses de los narcotraficantes. Ante la falta de gobernabilidad las guerrillas se han fortalecido convirtiéndose en amenaza para el hemisferio. Se hace oportuna la descertificación. El gobierno no entiende la sorpresa que esto le causa al canciller Pardo, lo que muestra es una ingenuidad por parte de la Cancillería colombiana y es una muestra de que el gobierno colombiano sigue siendo tímido y que se niega a enfrentar el problema cara a cara, a través de una protesta formal.

 

 

Reunión Casa Medina 1. El presidente se cae antes de un mes. 2. El vicepresidente De la Calle quiere ser presidente y asume las funciones. La renuncia no es fácil de obtener. Otra posición: De la Calle no aceptaría, lo enredan obligándolo a que renuncie por los mismos hechos. Al renunciar aseguraría su candidatura a la Presidencia para el próximo período. 4. Todo el gobierno debe ser reemplazado. De no ser así se da la posibilidad del cura Hoyos o a una situación extraconstitucional. (...) 7. La crisis política ha despertado simpatía por las Fuerzas Militares, consideradas como única salvación. (...) 10. Gaviria está interesado en la crisis política y la está alimentando. 11. El embajador de USA está tras la crisis política y pretende tumbar al presidente. Tiene la experiencia de Venezuela y Brasil, donde hubo destitución de sus presidentes. (...) 14. El interés de USA en la crisis no sólo es el narcotráfico, sino la comercialización del petróleo. La posición de Colombia en este campo ha favorecido a Inglaterra (Cusiana). (...) 16. En caso de que no quedarán ni Samper ni De la Calle, el Congreso elegiría a uno hasta convocar a nuevas elecciones. Los candidatos por el gobierno pueden ser Serpa o María Emma Mejía. Por el gavirismo y El Tiempo, Juan Manuel Santos. 17. La conspiración no existe. La crisis política fue iniciada por los narcotraficantes traicionados por el gobierno y el presidente Samper. 18. Si se caen el presidente Samper y el vicepresidente, el Estado no soportará los embates de políticos, subversivos, narcotraficantes, delincuentes y mucho menos la presión internacional. La alternativa sería, entonces, extraconstitucional para estabilizar la situación. 19. La crisis política ha generado interrogantes en lo de la paz por la vía negociada. La guerrilla no corresponde al gobierno por su debilidad. Trata de debilitar la moral de las Fuerzas Militares. 20. La guerrilla trata de demostrar su legitimidad con el argumento de que Colombia está gobernada por el narcotráfico. (...).

 

 

Situación nacional Subsistema ético-moral: hay conductas que son tolerables a cualquier ciudadano común pero no "a quien desempeña funciones que encarnan la dignidad institucional y de la República". La ofensa de quien ejerce la Presidencia afecta a la Nación. Desde hace ya muchos años el señor presidente ha mostrado claras simpatías por la legalización del negocio y sus amistades con personajes relacionados con el narcotráfico han sido evidentes y notorias. Subsistema constitucional-legal-jurisdiccional: el juzgamiento no se ha producido, la gravedad de las sospechas ya pesan sobre la conciencia de la sociedad y amenazan con desmoronar la integridad nacional así los jueces no lo hayan condenado. Subsistema económico: todos los sectores muestran signos claros de efectos negativos que pueden dar al traste con los positivos logros del gobierno. La inversión nacional y extranjera está disminuyendo aceleradamente y se está iniciando la fuga de capitales. Subsistema seguridad nacional: la subversión y la izquierda son elementos de inestabilidad. Agudizan la crisis. En la mira la toma del poder. Estados Unidos considera el narcotráfico como "problema de seguridad nacional" y prepara tres acciones contra Colombia: la instigación de Nicaragua y Venezuela contra Colombia por los problemas fronterizos, bloqueo del comercio internacional de Colombia e intervención militar directa en el territorio nacional. El camino institucional y político es la única salida digna que le queda al presidente: que el vicepresidente o que un ministro delegatario asuma la Presidencia.

 

 

Situación del presidente Samper Se le han iniciado al presidente de la República investigaciones por las instancias que ordena la Constitución Nacional por el delito de recibir dineros del narcotráfico para financiar su campaña. Si el presidente renuncia y el vicepresidente se declara impedido, el Congreso de la República nombraría a un presidente encargado y convocaría a elecciones nuevamente. Otra situación es que el presidente dé un autogolpe, pero sería reconocer la ilegitimidad de su mandato. Otra alternativa podría ser una Junta de Gobierno compuesta por personas civiles o civiles y militares que gobiernen mientras se convoca a elecciones. También lo podrán suceder los ministros del despacho en su orden como lo establece la ley en orden jerárquico. Al Presidente lo investigan, en primera instancia, los 14 miembros de la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes, luego la Cámara en plenaria y por último el Senado en pleno. Repercusiones: ante la continuidad como presidente de la República es evidente que los cambios y aceptaciones ministeriales no son bien vistos. Continuará como un gobierno débil y frágil ante cualquier circunstancia política interna o externa, es decir, se le perdería el respeto ético y moral.

 

 

Las cartas Cartas firmadas por el general Luis Bernardo Urbina y el coronel Gustavo Castro. Los oficiales en retiro dijeron que las escribieron como rechazo a la decisión del presidente de sacarlos de la institución luego del incidente con el investigador Heine Mogollón. El fin, según afirmaron, era lograr la renuncia de Samper y el restablecimiento de la gobernabilidad.

 

La carta al presidente Samper "Fuimos llamados a calificar servicios por hechos relacionados con quien adelanta la investigación de los dineros del narcotráfico en su campaña, el investigador de la comisión de acusaciones. Es urgente el restablecimiento de la moral. Le solicitamos retirarse de la Presidencia. Llame al doctor Humberto de la Calle para que asuma el control. Lamentamos las dificultades que lo acusan. Así como no vacilamos en contribuir a la verdad a costa de nuestra carrera, no vacilamos en esta petición". El ex presidente Ernesto Samper no recuerda haber recibido la carta de los oficiales retirados.

 

La carta al vicepresidente De la Calle "Le ofrecemos solidaridad por la reconstrucción que con destacadas personalidades del país usted puede liderar. Nuestro retiro del Ejército por divulgar hechos que descalifican la autoridad moral del investigador del presidente, nos motiva a ofrecerle este apoyo". El ex vicepresidente dijo a SEMANA que por aquella época muchos pensaban que el presidente debía retirarse y que no vio en la comunicación algo semejante a una conspiración. Dijo que tampoco recibió propuestas para eso y que una vez pasó el juicio al presidente se retiró por razones éticas. Aseguró no conocer personalmente a los firmantes de la carta.

 

La carta al senador Gómez Hurtado "En condición de militares retirados, preocupados por la crisis del país y por la filtración de los narcodineros a la campaña, le ofrecemos solidaridad en la cruzada por la reconstrucción nacional que usted lidera. Por el restablecimiento de los valores éticos e institucionales que se han visto lesionados". El senador dijo no recordar la carta de los oficiales retirados. Sin embargo aseguró que no le parecían extraños los términos de la comunicación. Gómez afirmó que sus reuniones era públicas y multitudinarias y que tenían el propósito de sacar a Ernesto Samper de la Presidencia.(Semana 990705)

Veinticuatro personas serán reubicadas

Por fuga cierran casas fiscales

Archivo / El Pais A la cárcel Modelo serán trasladados los internos que se encuentran recluidos en la casa fiscal de la que huyó el suboficial retirado del Ejército Carlos Julio Rocha.

 

El Inpec anticipó el cierre de las casas fiscales anunciado para dentro de dos meses por el Ministro de Justicia.

Colprensa

Santa Fe de Bogotá

La fuga de la Cárcel Nacional La Modelo de Bogotá de un sargento (r) del Ejército propició el cierre definitivo de las casas especiales de este centro reclusorio.

Carlos Julio Rocha Villanueva, de 42 años de edad y ex integrante de las Fuerzas Militares, huyó de estos lugares especiales de retención hacia el mediodía del miércoles Santo, en donde estaba cumpliendo una condena de 56 meses de cárcel por la comisión de los delitos de hurto calificado y agravado.

Rocha fue vinculado inicialmente a la investigación por el homicidio de Gómez Hurtado, pero posteriormente fue desvinculado de ella.

Este sargento retirado del Ejército fue condenado por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Girardot y se hallaba recluido en la Penitenciaría Central de Colombia La Picota. Además, estaba siendo requerido por lesiones personales y tentativa de homicidio.

Hacia finales del año pasado argumentó que estaba siendo amenazado y el Inpec determinó su traslado de La Picota a la Penitenciaría El Barne, en Tunja, a través de la resolución 0744 del 25 de febrero de 1999.

Posteriormente instauró una acción de tutela en el Juzgado 59 Penal del Circuito de Bogotá, en la que solicitaba que lo trasladaran a un penal de alta seguridad.

El Juzgado negó el recurso y Rocha impugnó la decisión ante el Juzgado 14 Penal del Circuito de Bogotá, que revocó la decisión y determinó que fuera transferido a las casas especiales de La Modelo, a donde llegó el pasado 8 de marzo.

Las autoridades informaron que el pasado martes durante el conteo Rocha estaba presente en la cárcel, pero en el día de hoy notaron su ausencia y se declaró la alerta generalizada. Hasta el momento se desconoce cuál fue el mecanismo que empleó para huir de allí.

La directora del Inpec, Eugenia Aguilar, informó que la primera determinación que tomará el despacho a su cargo en relación con este hecho es adelantar el cierre definitivo de las casas fiscales que servían para recluir a las personas que por sus características especiales de profesión o de vida no podían ser retenidas en los patios comunes de la cárcel.

Las 24 personas que allí se encontraban serán trasladadas a otros lugares especiales de retención. A quienes hacían parte de la Fuerza Pública los enviarán al penal que está especialmente diseñado con este fin en Chiquinquirá.

Quienes tuvieron la calidad de congresistas o de funcionarios públicos de alto nivel serán llevados a las casas fiscales que el Inpec tiene habilitadas allí para la retención de reos de esta categoría.

De acuerdo con la programación del Inpec, el cierre definitivo de las casas especiales de La Modelo de Bogotá debía realizarse el próximo 28 de mayo, pero ante lo sucedido, el cierre fue anticipado.

Aguilar informó también que los guardianes que se encontraban de turno en las casas especiales serán llamados a junta de carrera para analizar la situación.

(Pais 990402)

Episodios de un Estado filtrado

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Bogotá

En relación al presunto caso de espionaje detectado en la Dirección Nacional de Estupefacientes, con la posible participación de un alto funcionario del organismo, y abogados al servicio de narcotraficantes, debe manifestarse que no es la primera vez que este tipo de situaciones ameritan investigaciones de carácter penal en Colombia.

Bien sea que correspondan penalmente a casos típicos de espionaje, en junio de 1989 durante la administración Barco Vargas, el director del DAS de la época, general Miguel Maza Márquez, denunció que el atentado cometido en su contra en la mañana del 30 de mayo de ese mismo año, ya estaba anunciado, porque así había sido descrito en documentos incautados a dos sujetos detenidos por el mismo atentado.

Los sujetos a que se refería Maza Márquez fueron Luis Javier Wanumen Camargo y José Joaquín Rivera, ex agentes del Ejército y el F-2, a quienes se les encontraron importantes documentos de carácter confidencial, alusivos a actas de consejos de seguridad en la Casa de Nariño, que presuntamente pusieron al descubierto una red de espionaje del narcotráfico y el paramilitarismo.

Wanumen fue procesado, condenado, pero recobró su libertad. Su caso se fue perdiendo en la memoria, pero entre los documentos que se le encontraron, salieron a relucir verdades que se comprobaron en aquellos días: la guerra entre carteles de Medellín y Cali, y la autoría del asesinato del zar de las esmeraldas Gilberto Molina. Nunca se condenó a nadie por el suministro de los documentos a Wanumen.

Un Procurador

De igual modo en septiembre de 1993, estalló otro escándalo que en su momento fue calificado como "presunto espionaje de la mafia", o tráfico de información con el apoyo de un alto funcionario del Estado. El protagonista fue Guillermo Villa Alzate.

Este personaje oficiaba como Procurador delegado para la Policía Judicial, y aunque para la época del escándalo, acababa de ser declaro insubsistente, se conoció que días antes las autoridades detectaron una llamada telefónica, en que Villa Alzate, con trato bastante cordial, sostenía una conversación con el capo Miguel Rodríguez Orejuela.

En dicha conversación, el ex delegado Villa Alzate, le ofrecía colaboración a Rodríguez Orejuela, para desvirtuar informaciones de prensa, e incluso le sugería al capo del narcotráfico la presentación de una queja para tramitarla personalmente y resolver los problemas suscitados con las autoridades.

Pese a la gravedad del revelador diálogo entre el procurador y el capo, Villa Alzate no recibió castigo penal por este caso, pero años después, cuando estalló el publicitado expediente 8000, fue procesado por el delito de enriquecimiento ilícito, y posteriormente condenado. Ya se encuentra en libertad.

Otros casos

Aunque a raíz del expediente 8000, se presentaron algunos casos de ex integrantes de las Fuerzas Armadas que apoyaban al cartel de Cali, como el ex mayor de la Policía Mario Del Vasto, procesado por enriquecimiento ilícito, de alguna manera se constata también que no fue solamente la Dirección de Estupefacientes el único organismo oficial permeado por la mafia.

Claro está que tal circunstancia no puede tipificarse como casos de espionaje. En cambio en mayo de 1996, la justicia colombiana formalizó una primera investigación por presunto espionaje contra un ex suboficial retirado de la Armada, a quien se le encontraron documentos secretos que presuntamente iba a entregar a personas involucradas con el tráfico de estupefacientes.

En su momento, el sub oficial retirado, Gustavo Martínez Jaramillo, fue detenido por el CTI de la fiscalía, en un hotel del centro de Cartagena, donde los investigadores, al momento de la aprehensión, encontraron reveladores documentos que demostraban los planes de movilización de las patrulleras y helicópteros de la Armada, en su lucha contra el narcotráfico.

El ex suboficial procesado terminó por aceptar su responsabilidad, acogiéndose a los beneficios de la sentencia anticipada. Es el último caso conocido de tráfico de información en favor de la mafia, como podría constatarse ahora con el escándalo suscitado en la Dirección de Estupefacientes.

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Contraloría "rajó" a Estupefacientes

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Bogotá

Una auditoría específica realizada por la Contraloría General de la Nación a la Dirección Nacional de Estupefacientes, para el año fiscal de 1997, encontró que las áreas de subdirección de bienes, subdirección jurídica y división financiera no cumplen con sus funciones, hecho que "afecta la eficacia y eficiencia que la entidad requiere para el cumplimiento de sus objetivos".

De acuerdo con el informe del ente fiscalizador, entregado el pasado primero de febrero, la Dirección no le da cumplimiento a legislación que regula el área de los bienes puestos a su disposición, "ya que carece del apoyo logístico indispensable para la correcta administración de éstos, fenómeno que se traduce en incapacidad física y económica requerida para el adecuado manejo de muebles e inmuebles que se incautan".

La auditoría demuestra que la entidad no tiene el apoyo técnico sistematizado para administrar los bienes dados en arrendamiento. "Tampoco existe un inventario real o físico de los bienes muebles o inmuebles, que permita establecer la existencia, ubicación, valor estimado y estado".

Según los encargados de realizar la investigación, no se tiene conocimiento de los dineros que ingresan a las arcas de la Dirección de Estupefacientes, "al punto que a las cuentas de la entidad entran dineros de los cuales se ignora su procedencia y concepto".

En el informe también se señala que los ingresos producto de recaudos por arrendamientos, depósitos judiciales, certificados de carencia y de multas por infracciones a la Ley 30 de 1986, no se registran separadamente en el balance.

Del estudio contable de los ingresos por arrendamientos de los inmuebles incautados, se comprobó que se dejaron de recaudar durante 1997, aproximadamente $4.592 millones. Los auditores igualmente recalcan que "los inventarios de los bienes incautados o decomisados a partir de 1989 hasta la fecha no son confiables, puesto que éstos no están valorizados".

Adicionalmente, la dependencia encargada de llevar el listado de los bienes incautados o decomisados "registra en más de una oportunidad el mismo bien, situación que implica que la dirección no posea información real de bienes bajo su administración".

Finalmente se encontró que los expedientes no están foliados, "permitiendo que cualquier persona o funcionario retire a su antojo cualquier documento".

(Espectador 990224)

 

 

Policías dicen que capturado les hizo un 'truquito' para escaparse
Una fuga 'mágica' en Beltrán
Era empleado de un circo y había sido capturado en la población cundinamarquesa bajo cargos de secuestro. Dos menores denunciaron que habían sido objeto de maltrato físico y abuso sexual. Defensor del Pueblo pide al Director de la Policía tomar correctivos frente a negligencia.

 

WISTON GONZÁLEZ DEL RÍO

Coordinador Redacción Cundinamarca

Varios malabares deberán hacer los agentes de policía de la estación del municipio de Beltrán (Cundinamarca) para hacerle creer a sus superiores que la fuga de un capturado se produjo, literalmente, 'por arte de magia'.

Los uniformados aseguran que Jaime Gómez, malabarista y payaso del circo Josman, y quien había sido capturado el pasado 27 de enero bajo el cargo de secuestro de dos menores, les hizo ese mismo día un 'truquito' para poder escaparse.

La Defensora del Pueblo de Cundinamarca, Corina Duque Ayala, confirmó que cuando a los uniformados les pidieron explicaciones respondieron que "el señor les había hecho magia".

El hecho originó la reacción inmediata del Defensor del Pueblo, José Fernando Castro Caycedo, quien en carta enviada al Director General de la Policía Nacional, general Rosso José Serrano, le solicita "tomar los correctivos respecto a la negligencia de los agentes que custodiaban a Jaime Gómez".

Los dos menores, de 11 y 12 años de edad, contaron a las autoridades en versión libre que Gómez los golpeaba y abusaba sexualmente de ellos.

"Nos mostraron la espalda llena de cicatrices de los golpes que les daba, y los agarraba con un cable de la plancha y les pegaba", dijo Duque.

Según el informe de la Defensoría, los menores eran obligados a trabajar en diferentes actividades circenses. Cansados de las difíciles jornadas, los niños decidieron escaparse, con tan mala suerte que Gómez se dio cuenta y los alcanzó. Fueron castigados "severamente, amenazándolos de muerte si volvían a escapar", agrega el documento..

"Los agarró a patadas, les pegó contra el suelo en la cabecita y se las llenó de chichones y de morados", explicó Duque.

Un sector de la comunidad de Beltrán se percató de lo que estaba ocurriendo y avisó a la policía, que procedió a rescatar a los dos menores y capturar a Gómez.

El singular malabarista fue llevado a rendir indagatoria el mismo día de su captura. Horas después, 'desapareció'.

Para la Defensoría del Pueblo, se trata de una incompetencia de los agentes que se encontraban en el servicio, "lo que pone en peligro la vida de los pequeños".

Por tal razón, el defensor Castro Caycedo pidió al general Serrano tomar las medidas pertinentes para asegurar la protección de los dos menores que ya fueron trasladados al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en Honda (Tolima).

Castro Caycedo dijo que, en este tipo de atropellos contra los niños, "se aprovechan de su inocencia y curiosidad por las actividades del espectáculo".

Las Defensorías del Pueblo en Antioquia y Caldas se están encargando de encontrar a los familiares de los menores.

"Lamentablemente, ya se conoció que la madre de uno de ellos tiene problemas síquicos y, al parecer, lo había regalado hace tres años a Jaime Gómez, para que el pequeño aprendiera los diferentes números artísticos del circo", informó la Defensoría del Pueblo.

El otro niño desapareció hace más de un año de Manizales, cuando Jaime Gómez, según la Defensoría, le ofreció paseos por todo el país, comprarle una bicicleta, ganar mucho dinero y aprender trucos de magia.

'Truquitos' que aseguran haber presenciado los agentes del municipio de Beltrán que custodiaban a Gómez. (Tiempo 990204)

 

 

Coronel Carlos Alonso Murcia

Investigan nuevas conexiones en muerte del agente de la DEA en Bogotá
Un coronel en apuros por cuenta de 'Toto'
Conversaciones interceptadas al coronel Carlos Alonso Murcia, miembro del Departamento 3 del Comando del Ejército, revelan movimientos ocultos alrededor del caso de la muerte del agente Frank Moreno. El oficial se defiende y dice que, por simple ingenuidad, guardó en su apartamento ametralladoras de un familiar del hombre que mató a Moreno y que la aparición de su nombre en los registros contables del jefe del cartel de Bogotá y de un libro escrito por él y con una dedicatoria para éste, no son más que desafortunadas coincidencias.

De la REDACCIÓN JUDICIAL

El mismo día que mataron a Frank Moreno, agente de la DEA en Bogotá, el coronel del Ejército Carlos Alonso Murcia sostuvo desde su teléfono celular tres conversaciones que llamaron la atención de los investigadores del crimen.

A las 8:12 de la noche de ese domingo 22 de noviembre -según los registros de interceptaciones hechas por ellos- el oficial recibió la llamada de un hombre que le pedía que le guardara un lote armas, entre ellas algunas subametralladoras marca Glock. El interlocutor temía un allanamiento.

Según los investigadores y el propio coronel (ver entrevista), la llamada la hizo Eduardo Monroy, tío de Jorge Enrique Figueroa Monroy ('Toto'), el joven que cinco días después confesó haber disparado contra el agente de la DEA en la Zona Rosa de Bogotá.

En la misma conversación el coronel Murcia y Monroy acuerdan que las armas serían recogidas por un hombre identificado como el cabo Sánchez y llevadas al apartamento del oficial.

Dos llamadas posteriores, registradas a las 8:43 y a las 9:07 de la noche, sirvieron para confirmar que Sánchez había recogido las armas.

Un tercer hombre que intervino en las conversaciones, y que aún no ha sido identificado, refirió un incidente que, a juicio de los encargados de las pesquisas, se relacionaba directamente con la muerte del hombre de la DEA.

"Los tipos -decía con cierta angustia- le dispararon a 'Toto' y un escolta de 'Toto' les disparó. Yo sé que no tengo nada que ver, ¿pero entonces por qué nos están buscando?".

¿Coincidencias?

Hoy se sabe que las conversaciones no son el único indicio que liga al oficial al episodio. Ese mismo domingo en que ocurrió el asesinato, a las 2:45 de la tarde, Murcia llegó al almacén de artículos de cuero Addax, de propiedad de la familia de 'Toto'.

A esa hora dos de los investigadores esperaban a los dueños del negocio, a quienes habían contactado tres horas antes. Ya estaba claro que 'Toto' era buscado como el principal sospechoso de la muerte de Frank Moreno.

Según dijo a EL TIEMPO uno de los investigadores, el coronel llegó 'enguayabado' a hacer valer su rango superior y a buscar intimidarlos para que dejara el asunto de ese tamaño.

"Cuando vio que su condición de militar no le era útil para frenar la investigación, se calmó y en tono conciliador nos invitó a pensar que se trataba de una familia muy buena e influyente", agregó.

Su actitud sólo sirvió para que la comisión interinstitucional creada para esclarecer el caso se reafirmara en sus sospechas y utilizara la que podía ser una pista dejada por el propio Murcia.

Se trataba de intervenir el teléfono cuyo número había sido escrito por el oficial al respaldo del cheque A-4959604 del Banco Ganadero, sucursal Indumil, con el que pagó una cuenta por 100.000 pesos en 'El Divino', el mismo local de la zona rosa donde se inició la pelea que terminó con la muerte del agente de la DEA.

Y es que Murcia coincidió aquella noche allí con 'Toto' en el establecimiento. Aunque algunos medios han dicho que en realidad él le pagó la cuenta a 'Toto' después de que éste huyó, el oficial insiste en que si bien le ofreció un par de tragos, la cuenta que pagó fue la propia.

Relaciones peligrosas

Algunas de las armas que el oficial guardó en su apartamento tenían salvoconductos, pese a que no se trataba de simple material de defensa personal.

Fuentes del Ejército dijeron que habrá que investigar porqué 'Toto' y su tío consiguieron salvoconductos para ametralladoras, si es que son auténticos. 'Toto' es yerno de Édgar Marroquín, un hombre que tiene orden de captura después de que el Bloque de Búsqueda lo relacionó en sus documentos oficiales como uno de los nuevos jefes del narcotráfico.

Aunque nunca ha estado vinculado a un proceso judicial, no es la primera vez que el nombre del coronel Murcia aparece indirectamente ligado a investigaciones que se siguen contra sospechosos de narcotráfico.

El 6 de mayo último, las autoridades hallaron en el apartamento de Luis Reinaldo Murcia ('Martelo') -capturado ese día y sin nexos de parentezco con el coronel- registros contables en los que aparece el nombre de Carlos Alonso Murcia Nieto.

Si bien el coronel dice que nunca conoció a 'Martelo', sindicado de ser el jefe del cartel de Bogotá, en poder de éste fue hallado un libro escrito por el oficial y autografiado con una nota en la que le agradece que le hubiera ayudado a financiar el proyecto editorial.

La historia de la Escuela de Armas y Servicios, es el título del libro autografiado por Murcia. El ejemplar fue enviado en su momento al alto mando militar, con una recomendación de que hubiera una investigación interna.

'Son casos desafortunados', dice el coronel Carlos A. Murcia
El coronel del Ejército Carlos Alonso Murcia Nieto, adscrito al Departamento de Personal de esa institución, habló ampliamente con EL TIEMPO sobre los hechos que rodearon la muerte del agente de la DEA, Frank Moreno, y su relación con 'Toto', el hombre que confesó haber asesinado al funcionario extranjero en la Zona Rosa de Bogotá.

El oficial también se refirió a la dedicatoria que supuestamente le hizo en un libro de su autoría a Luis Reinaldo Murcia, 'Martelo', señalado jefe del cartel de Bogotá y detenido en mayo pasado. Así habló con este diario:

"Para redondear este primer caso, que quede en claro la siguiente situación: ni estuve en el momento de los hechos cuando este joven mató al agente de la DEA, no estaba ahí ni le pagué la cuenta a él. Ni tengo una amistad permanente con el sujeto por el hecho de ser sobrino del amigo mío Eduardo Monroy.

"No tengo ningún vínculo de negocios con el sujeto que mató al agente de la DEA, simplemente reconozco que hay una amistad mía con Eduardo Monroy, a quien conozco desde el colegio. Al sobrino, lo conocí, eso sí, muy pequeño. Había oído que la familia no se lo aguantaba porque era supremamente hiperactivo. "En cuanto a lo de las armas, sí le guardé las armas a Eduardo Monroy. Tengo entendido que eran de Eduardo. Yo se las guardé porque él temía que lo fueran a allanar y a decomisárselas a raíz del incidente. Lo hice por amistad y por ingenuidad. Lo reconozco, fue un error.

"Yo bajé a las 2:15 de la tarde, hablé con el coronel León de la Dijín, le di mis teléfonos, le di información de la forma más cordial. Esa fue la situación. Si estuviera ocultando algo o en una actitud de vinculación con lo que pasa, ni hubiera hecho el cheque ni hubiera utilizado los teléfonos ni hubiera puesto mi cara allá ni hubiera recibido las armas...

"Yo le guardé las armas a él bajo ningún dolo, bajo ninguna situación de morbo y si fuera así no se las hubiera guardado. No me acuerdo si me las trajo él o el cabo Sánchez, un suboficial retirado que estuvo en Cimitarra cuando estuve yo de comandante... "Yo soy un hombre sano, si fuera una persona que estuviera tras bambalinas no me hubiera presentado ayer a la Fiscalía para aclarar cualquier interrogante que pudieran tener.

El caso Martelo

"La segunda situación, la del libro...ese libro lo lancé en el Club Militar, no sé si estuvo Martelo y creo que no porque hubiera sido detectado. Ese libro lo lancé en octubre del 97... cuando allanaron a Murcia, alias 'Martelo', aparece un libro en la casa de él y en las declaraciones que le da a la Fiscalía dice que lo entregó una tal Libia, yo no conozco a ninguna Libia... Prefiero omitir el nombre de la persona que me lo contó... ¿Por qué apareció un libro en la casa de él?. No sé... No era una dedicatoria. Yo firmé libros y no sé cómo llegó a la casa de ese tipo...

"Ni tengo vínculos con el narcotráfico, ni con nada ilegal. Son coincidencias desafortunadas... Vínculos con Lucho Murcia no tengo en ningún momento, vínculos con el hombre que mató al agente de la DEA no tengo. Simplemente son casos fortuitos que se presentaron en un momento determinado, de lo cual en una u otra forma he estado muy cerca de esos casos.

"Esta situación que afirman que estoy en la contabilidad del narcotraficante Lucho Murcia es falso porque no he tenido ningún nexo con él, ninguna situación de negocios ni de amistad con él, no conozco a ese caballero, o sino hace mucho tiempo me hubiera llamado la Fiscalía". (El Tiempo –981204)

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General Celso Suárez

Indagatoria por caso Caja de Vivienda Militar

La Fiscalía General de la Nación llamó ayer a indagatoria por presunto peculado a varios funcionarios de la Caja de Vivienda Militar, entre ellos, al general Celso Suárez, gerente de la entidad, y a Jorge Enrique Caicedo, tesorero.

Según los fiscales, la junta directiva de la Caja, de la que hacen parte Suárez y Caicedo, ordenó inversiones, al parecer en forma irregular, por más de $43 mil millones en cooperativas que no ofrecían estabilidad económica.

La investigación tiene que ver con una denuncia presentada por el ex ministro de Defensa, Juan Carlos Esguerra, en junio del 1996. La Fiscalía había dictado un auto inhibitorio sobre el caso en diciembre de 1997, pero ahora decidió abrir nuevamente el proceso.( Tiempo 981118)

El Cartel azul

 

Catorce oficiales en la lista del 93...
Mediante un documento que tenía la doble condición de derecho de petición y solicitud oficial, un juez regional de Bogotá tuvo acceso a la bóveda del archivo clasificado de la Fuerza Aérea.

 

Allí encontró un documento que reposaba desde el 15 de junio de 1993, que relacionaba los nombres de 14 oficiales de la institución posiblemente relacionados con operaciones al servicio del narcotráfico.

Pero no era un documento anónimo, sino un oficio formalmente dirigido al entonces jefe del Departamento de Inteligencia de la FAC, coronel Van Heyl, por el Jefe del Centro de Informaciones sobre Actividades Delictivas (Cisad), dependiente de la Fiscalía, Ricardo Téllez Gómez.

En el se describen vuelos de aviones militares a Estados Unidos llevando droga y el cobro de sobornos, a cambio de la suspensión de patrullajes en zonas críticas para el tráfico de drogas.

Si bien ninguno de ellos ha sido condenado o vinculado a procesos penales por los hechos allí descritos, el documento, que hace parte de una especie de memoria que está siendo reconstruida por la justicia, tiene valor porque precisamente con base en él el juez regional le pidió a la Fiscalía que actúe a fondo.

El oficial de mayor graduación al que hace referencia el Cisad, en su informe con radicación FG-CISAD 0292 es el hoy brigadier general Jorge Ballesteros Rodríguez, actual comandante de la Base Aérea de Palanquero.

Allí se relacionan algunas supuestas actividades ilegales suyas cuando era segundo comandante de la misma unidad.

También el organismo pedía al comando de la FAC y la Jefatura del Estado Mayor Aéreo investigar las actividades del coronel Bueno y sus viajes en aviones Hércules a los Estados Unidos con cargas vedadas por el Estatuto Nacional de Estupefacientes.

"Aproximadamente -dice uno de los apartes del documento- en cinco oportunidades transportó entre 6 y 7 kilos".

Incluye, adicionalmente, al coronel Gabriel Rubianogrot y sugiere hacerle seguimiento a sus propiedades en Estados Unidos.

También alude al entonces mayor y hoy teniente coronel Tito Pinilla y afirma que cuando estaba asignado a la base de Apiay y volaba aviones T-33 solía ir a comisiones a Barranquilla, donde recibía dinero a cambio de omitir controles de patrullajes en áreas utilizadas por el narcotráfico.

No obstante, ellos no quieren saber hoy sobre el tema y los pocos que atendieron las llamadas y visitas de EL TIEMPO dijeron que sólo darán explicaciones ante las autoridades competentes.

 

Brigadier general Jorge Ballesteros

Oficiales prefieren el silencio
'Sólo hablaré ante jueces, si me lo piden'
El comandante de la base aérea de Palanquero, brigadier general Jorge Ballesteros, prefiere no hacer comentarios, por fuera de los estrados judiciales, sobre el documento de la Fiscalía.

 

En diálogo telefónico con EL TIEMPO el oficial se limitó a decir: "Lo que tenga que aclarar, si alguna vez soy requerido oficialmente para ello, lo aclararé ante la justicia y ante las demás autoridades competentes. Por lo pronto, no tengo nada que decir".

En la misma tónica se mostró el coronel Jaime Bueno, a quien reporteros visitaron en su oficina en el cuartel general de la FAC para enseñarle el documento y también un informe parcial de conclusiones que dos investigadores judiciales de la Fiscalía produjeron el 7 de noviembre de 1996 sobre sus movimientos patrimoniales.

Bueno dijo inicialmente que consultaría con el comandante de la Fuerza Aérea sobre si debería o no hacer comentarios. Según él, el alto mando no lo autorizó.

Lo propio ocurrió con el coronel Tito Pinilla, que después de anunciar que se entrevistaría con el comandante de la FAC no volvió a responder las llamadas.

El coronel Rubianogrot, que ya está retirado y trabaja para una firma comercial, dejó con compañeros el mensaje de que había tenido que viajar al exterior.

Las fuentes consultadas por EL TIEMPO dijeron que ninguno de ellos enfrenta actualmente proceso judicial.

La palabra la tiene ahora la Fiscalía. (Tiempo-981122)

 

José Arnoldo Estrada Ramírez

Alias El Médico, testaferro del cartel de Cali,

El Médico, llamado así por haberse dedicado a la construcción de grandes y lujosos centros asistenciales, fue militar y después trabajó con los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, jefes del cartel de Cali, amasando una gran fortuna, según informaciones del Bloque de Búsqueda que lo capturó el 24 de septiembre de 1995.

Estrada hacía parte de la Sociedad Serviguardas, que era la empresa de servicios de seguridad que prestaba protección a la familia de los hermanos Rodríguez Orejuela

Estrada Ramírez, después de acogerse a sentencia anticipada, fue condenado el 24 de julio del ano pasado a ocho anos y cuatro meses de prisión y a pagar una multa de $2.000 millones por el delito de enriquecimiento ilícito. Su esposa, entre tanto, fue condenada por el delito de testaferrato.

. ( Fuente: Espectador 981226)

 

Aseguran a mayor de la FAC

Bogotá

Un fiscal de la Unidad Especial de Narcotráfico profirió en las últimas horas medida de aseguramiento, consistente en detención preventiva sin beneficio de excarcelación, en contra del mayor César Augusto Delgado Tarquino, como presunto copartícipe del envío a E.U. de 415 kilogramos de cocaína y seis de heroína en un Hércules de la Fuerza Aérea Colombiana, en hechos ocurridos el 9 de noviembre anterior.

El mayor Delgado fue capturado el pasado 22 de diciembre en Bogotá y un día después fue escuchado en indagatoria, diligencia que concluyó el día 28 del mismo mes.

En la providencia, mediante la cual se le resuelve la situación jurídica al hoy encartado y que conoció El Espectador, la Fiscalía recuerda, en primer término, que el pasado 9 de noviembre llamó la atención del país el hallazgo de 415 kilos de cocaína que se encontraban camuflados en cuatro de los seis pallets del Hércules 1005 de la FAC, que tenía como destino final la ciudad de Fort Lauderdale (E.U.). Cuatro días después del primer hallazgo, las mismas autoridades encontraron en una de las correas del Hércules 1005 seis kilogramos de heroína.

Cúmulo de pruebas

Al hacer una síntesis del cúmulo probatorio en contra del mayor Delgado, la Fiscalía asegura que se "ha logrado establecer con plena certeza cómo el día 9 de noviembre de 1998 se hizo presente en la zona de alistamiento de aviones de carga de la Base Aérea de Catam el mayor César Augusto Delgado Tarquino, ejerciendo funciones y dando además órdenes que no le correspondían a éste, en razón al cargo que tenía en ese momento: subjefe de Contrainteligencia Terrestre".

La presencia del mayor Delgado en la zona de alistamiento de Catam no tenía explicación alguna; prueba de ello es que los suboficiales Óscar Barón Hurtado, Rivera Jara y Wilson Uyazán Gómez aseguraron ante el ente investigador que ellos desconocían por completo la presencia de mayor Delgado en ese sector de Catam, "siendo a la vez muy extrano para estos suboficiales recibir órdenes de quien no le corresponde darlas, aun siendo el mayor un superior jerárquico de los mismos, pero completamente ajeno a la actividad que se desarrolla ese 9 de noviembre" del ano pasado.

Según la Fiscalía, en su indagatoria el mayor Delgado no supo explicar con precisión por qué ese día y a esa hora se encontraba en la sección de alistamiento de Catam. Es más, llegó a decir que su presencia en ese lugar se debió a una colaboración que le pidió el mayor Gonzalo Alberto Noguera –también está detenido– para que entre los dos evitaran el tráfico de estupefacientes. "Asistencia que a todas luces resultó fallida conforme a los resultados ampliamente conocidos".

Considera la Fiscalía que de ser cierto el hecho de que Noguera le hubiera pedido a Delgado una colaboración, ésta se debió limitar a la revisión de la aeronave para evitar el tráfico de estupefacientes y no para el desarrollo de la actividad del alistamiento, tal y como lo ejecutó el comprometido desde el mismo momento de su llegada a Catam.

"En ese momento (Delgado) empieza a dar órdenes que no le atanen: organiza a los suboficiales encargados de los perros antinarcóticos, hasta el extremo de estar pendiente del tanqueo del FAC 1005, por consiguiente extralimitándose en su hacer", dice la providencia de la Fiscalía Regional.

Así las cosas, el ente investigador considera que lo dicho de antemano "se traduce sencillamente en la posibilidad real de participación que tenía el mayor Delgado en la acción criminal de lograr sacar del país la sustancia estupefaciente, que resultó ser cocaína y heroína".

Además, el pasado de 2 de junio el entonces comandante de la FAC, general José Manuel Sandoval Belalcázar, expidió una orden en la que dejaba en claro que sólo los efectivos del departamento A-2 (al que no pertenecía el mayor Delgado) podían encargarse del manejo de las aeronaves que tenían como destino final países del exterior.

"No hay duda de que este oficial falta a la verdad, ya que no es posible que el jefe de Contrainteligencia de la FAC no se entere de esta clase de disposiciones", dice la Fiscalía.

En consecuencia, el mayor Delgado será cobijado con medida de aseguramiento. Además, se le conmina para que su detención la cumpla en la Base Aérea de Madrid (Cundinamarca) y se le pide al comandante de la FAC, general Héctor Fabio Velasco, que suspenda del cargo al oficial investigado.

Finalmente, la providencia de la Fiscalía pide escuchar el testimonio del mayor Jaime Solano, y ampliar el testimonio rendido por el coronel Jairo Alberto Payán Bolanos.

(Espectador 990106)

 


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