En Colombia lucha Latinoamérica...
Actualizado
Politiqueros colombianos segundos en el mundo por desplazados
La mesa redonda sobre distribución del ingreso y desarrollo social
LA
TERCERA EDAD, EL CAPITALISMO MUNDIAL Y EL NUEVO ESTADO
Por lo regular cuando la gente habla de la tercera edad, lo hace relacionándola
con la debilidad, con la vejez gastada, con la incapacidad para desenvolverse
por sí mismo y realizar alguna actividad productiva. No hay un lugar común más
falso. Lo que los años maduros traen consigo y que por odiosos intereses se
quiere mantener oculto, son la experiencia, la sabiduría, y la templanza
necesarias para comprender y asumir las complejidades de la vida, en particular
las que atañen al sistema actual, que convierte en desechos a quienes no
responden a los apetitos e intereses del gran capital.
La clase dirigente colombiana se rasga las vestiduras describiendo todo lo
que hace para construir una sociedad más justa. Pero la propia realidad se
encarga de desmentirla. En un país tan rico como el nuestro, lo que se
redistribuye de manera acelerada es la indigencia. De cada cien habitantes,
cincuenta están por debajo de la línea de pobreza. Hay más de seis millones
de niños pobres y un millón y medio en situación de miseria absoluta. La
mitad de la población no tiene el mínimo acceso al sistema de salud. Las
cifras son escandalosas y nos perderíamos en un laberinto si pretendiéramos
citarlas todas.
Vamos a hablar de la situación de la tercera edad. Comencemos con la
Seguridad Social. Se dice que esos sistemas son un importante factor de
redistribución del ingreso. Seguramente que sí, pero en donde existen y son
universales. Porque en nuestro país el acceso a la seguridad social es
excluyente y regresivo. No beneficia a los pobres que son quienes más lo
requieren y apunta a negar derechos elementales alguna vez conquistados por los
trabajadores. Una mirada rápida al sistema pensional nos lo demuestra.
Desde el Gobierno neoliberal de Gaviria se ha venido lanzando una ofensiva
contra las pensiones de los trabajadores colombianos. El primer gran golpe fue
la ley 100 de 1993, que dio paso al imperio de los fondos privados y diseñó la
muerte del Instituto de los Seguros Sociales. El nuevo sistema que convirtió
las pensiones en un negocio, desplazó hacia el mercado financiero los recursos
de la seguridad social. Además traslada a los afiliados las pérdidas por las
malas inversiones, manteniéndolos en constante riesgo de perderlo todo.
Ministros, empresarios y hasta el mismo director del ISS claman en coro por una
nueva reforma pensional, preparando las condiciones para el golpe definitivo
contra el Seguro Social. Y lo hacen pervirtiendo la verdad sobre su crisis
financiera.
Nada dicen acerca de los más de treinta billones de pesos que el propio
Estado ha ido acumulando como deuda con el Instituto, con el solapado propósito
de hacerlo morir lentamente. Se hacen los desentendidos sobre la corrupción de
la clase política liberal conservadora que durante años ha tenido en este
establecimiento público una importante fuente de suministros para sus arcas
personales. Silencian sus propios yerros político financieros, tal y como
sucedió con la liquidación del Banco Central Hipotecario, con cuyas acciones
previamente se había pagado parte de la deuda estatal al Instituto.
Las frías estadísticas del gobierno nos muestran un número de 900.000
pensionados entre el ISS y las cajas públicas, proyectados para el 2.030 a
1.700.000. Según los grandes genios de las finanzas oficiales, esta cifra
significa un aumento desbordado. Por culpa de ella, nos dicen, los colombianos
estamos obligados a aceptar nuevas reformas tributarias, más incrementos de la
deuda externa e importantes recortes en la inversión social, es decir en
educación, salud y vivienda. También tendremos que olvidarnos de las
asignaciones para infraestructura. Nos espera en consecuencia otro conjunto de
reformas retardatarias. Entre ellas el aumento de la edad de jubilación y de
las semanas de cotización.
La creación de un fondo regional de pensiones, prevista en el acto
legislativo 012, concluye la ya iniciada privatización de la salud y comienza
en serio la privatización de la educación, aplicando a este sistema la táctica
de la motosierra empleada en las zonas rurales contra los campesinos. Todo en
cumplimiento del acuerdo firmado en diciembre de 1.999 con el Fondo Monetario Internacional. Son las
imposiciones del gran capital financiero internacional, y no la alta tasa
pensional como nos han querido hacer creer, la verdadera razón de los recortes
en salud, educación y seguridad social.
Según el Dane la población colombiana mayor de 60 años llega a las
3.600.000 personas. De cada cien de ellas, 47 carecen de ingresos por jubilación
y 36 no tienen ningún tipo de ingreso. Estas últimas no cuentan con atención
estatal pese a que la Constitución Política ordena la protección total del
adulto mayor. En los hogares y asilos creados para ellos, están establecidas
una serie de condiciones que por no poderse cumplir, privan a los ancianos
discapacitados o abandonados de la atención que supuestamente deberían gozar.
Además, esos hogares sobreviven de la caridad debido a lo raquítico de su
presupuesto.
Lo que vivimos en Colombia es el olvido total, la indiferencia del Estado y
las clases dominantes hacia millones de hombres y mujeres, que casi como una
hazaña alcanzan la tercera edad tras una vida cargada de trabajo, explotación
y privaciones. Es por eso que dolorosamente vemos crecer el número de ancianos
obligados a ganarse el sustento en condiciones infames, perseguidos por la policía
en la economía informal, mendigando en los hogares de caridad o en las
avenidas, llorando amargamente su triste destino o muriendo solitarios en
cuartuchos malolientes. ¡Qué vergüenza! ¡Qué sistema! ¡Qué gobierno!
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo,
FARC-EP, dirigidas a mucho honor por el legendario Comandante Manuel Marulanda Vélez,
quien el pasado 13 de mayo cumpliera sus 71 años de edad, demostrando la
berraquera, el aguante y el talento de la raza colombiana, no nos cansaremos de
señalar como directos responsables de la angustiosa situación que padece el
pueblo de Colombia, y en particular la tercera edad, a la nefasta alianza de
terratenientes, monopolios financieros y capital trasnacional enquistados en el
poder del Estado, interesados fundamentalmente en el incremento acelerado de sus
ganancias, antes que en la suerte de los hijos de esta tierra.
Por eso proponemos un nuevo Estado y un nuevo poder que coloque la dignidad
humana como referente permanente de sus políticas económicas, sociales y
culturales. Un nuevo Estado que asuma con honor la soberanía nacional en todos
su sentidos, que no se hinque de rodillas ante los centros de poder del
capitalismo mundial, que se preocupe ante todo por el bienestar de cada uno de
sus habitantes.
Ese Estado deberá invertir la mitad del presupuesto nacional en salud,
vivienda, educación, empleo, cultura y recreación para los colombianos. Ese
Estado pensará más en la paz que en la guerra, reduciendo el impresionante
gasto militar a la medida de un país que no está en guerra con sus vecinos,
buscará un acuerdo para la moratoria de la deuda externa por cinco años y
eliminará la corrupción. Del cierre de esas tres venas abiertas del tesoro
nacional saldrán los recursos suficientes. Es que la hora de la realización de
la justicia se acerca.
En nuestro país tiene que cesar para siempre la perniciosa manía de hacer
recaer sobre los hombros del pueblo trabajador, los efectos de las crisis que
generan los dueños del capital y de la tierra. Si bien es cierto que pueden
existir problemas relacionados con el tema de las pensiones de jubilación,
nuestra convicción es la de que no se puede trasladar la responsabilidad a los
trabajadores y actuales pensionados. El Estado tiene que pagar su enorme deuda
al Seguro Social, los empleadores tienen que ser obligados a ponerse al día en
sus aportes, la Superintendencia de Salud debe levantar la prohibición al
Seguro de afiliar nuevos beneficiarios.
Es urgente suspender el trámite del proyecto de ley que cursa actualmente
en el Congreso porque persigue precisamente eso. Y porque con él sobrevendrá
la privatización y la muerte del Instituto de Seguros Sociales. Cualquier
reforma que se pretenda promover en este campo, deberá tener un carácter
progresista, lo cual sólo será posible si es producto de un amplio proceso
democrático en el que se escuchen y atiendan, sin exclusiones ni imposiciones
foráneas, las voces de todos los colombianos. Esta instancia del Caguán parece
diseñada a la medida para eso. Toda mujer colombiana mayor de 55 años y todo
varón mayor de 60, deben gozar del derecho a percibir una mesada mensual pagada
por el Estado, que le permita pasar los últimos días de su vida dignamente, en
compensación de lo que durante una larga vida de trabajo ha aportado al país.
La tercera edad, como la infancia, debe gozar de toda clase de privilegios
en todos los campos del servicio público. Las ancianas y los ancianos de
Colombia deben estar incluidos por ley en planes y programas que antes que
decretar su muerte laboral, permitan su actividad y aporte constructivo a la
sociedad, en aprovechamiento pleno de su experiencia y en reconocimiento a su
legado.
El Estado neoliberal de hoy, a duras penas, y sólo a unos cuantos de ellos,
les reconoce algo más de cien mil pesos para los gastos de su entierro. No hay
mejor prueba del desprecio hacia sus semejantes por parte de los grandes teóricos
y rectores de la sociedad moderna burguesa. Esos son el tipo de valores que
quieren imponernos a los demás. La deshumanización plena en aras de la
ganancia capitalista.
Contra ese sistema es que nos enfrentamos, aunque repitan sus defensores que
no hay nada que hacer ante él. Nosotros, con miles de millones de gentes
honestas y trabajadoras en el mundo, estamos convencidos de que se puede
construir un futuro mejor. Y con millones de compatriotas que no aceptan la
resignación, estamos dispuestos a impulsar la resistencia y la lucha. Hasta
cambiar las cosas.
Por la vía de la paz o la que sea.
COMISION TEMATICA DE LAS FARC-EP
Villa Nueva Colombia, 10 de junio de 2.001
Ayer
domingo se cumplió la tercera fase del acuerdo de canje de prisioneros de
guerra entre el estado colombiano y las Farc-EP.
Con
la entrega de otros 14 policías y soldados ocurrida ayer, ascendió a 47 el número
de policías y soldados liberados por las FARC, el grupo rebelde activo más
antiguo y numeroso de América Latina con unos 17.000 combatientes y que lucha
por transformaciones democráticas en Colombia.
El
gobierno informó que la entrega de los efectivos, que forman parte de un grupo
de 450 prisioneros de guerra en poder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia (FARC) hechos presos en combates en los últimos tres años, se registró
en dos zonas selváticas del departamento de Antioquia, en el noroeste del país.
El sábado,
el gobierno y las FARC canjearon a 11 rebeldes por 29 policías y soldados. Fue
la primera vez en la historia del conflicto colombiano que el Estado liberó a
guerrilleros de las FARC, como parte de un acuerdo.
A
comienzos de junio, el gobierno del presidente Andrés Pastrana y las FARC
firmaron un acuerdo para intercambiar combatientes. El acuerdo contempla la
liberación de 42 policías y soldados y la excarcelación de 15 guerrilleros
confinados en las hacinadas cárceles estatales.
En la
primera fase del acuerdo, las FARC liberaron a un coronel parapléjico de la
policía y a otros tres uniformados.
El número
de efectivos liberados por la guerrilla supera los 42 contemplados en el acuerdo
y la cifra llegará a 55, según el alto comisionado para la paz, Camilo Gómez.
Para
hoy lunes, está prevista la liberación de otros ocho uniformados. También está
pendiente la entrega por parte del gobierno de al menos cuatro guerrilleros
encarcelados.
El
acuerdo para el intercambio de combatientes es el primer logro concreto en medio
del lento diálogo entre el gobierno y las FARC, y revivió las esperanzas de
alcanzar la paz a través de una negociación política.
Reacciones
Diferentes personajes del país coincidieron en calificar
de trascendental la liberación de uniformados por parte de las Farc, en la
segunda etapa de entregas acordada desde el pasado 2 de junio, a instancias del
Acuerdo Humanitario convenido con el gobierno.
Para el Presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor
Alberto Giraldo, "con la devolución de los uniformados se recupera la
alegría de sus familias y la de Colombia, pero hay que seguir en la consolidación
de más acuerdos para que esta tragedia termine".
Por su parte el ex presidente conservador Belisario
Betancur, quien en su periodo de gobierno firmó un acuerdo con las Farc, que
posibilitó la elección popular de alcaldes y gobernadores así como el
nacimiento de la Unión Patriótica, calificó la devolución de los uniformados
como "un paso definitivo hacia la paz" dado por el gobierno y las
Farc.
El ex mandatario insistió en que todos los colombianos
debemos respaldar el proceso de reconciliación, apoyando la humanización del
conflicto armado, al tiempo que dijo que la entrega de uniformados y
guerrilleros en el marco del Acuerdo Humanitario suscrito por el gobierno y las
Farc, consolida los objetivos del presidente Andrés Pastrana y de la Mesa
Nacional de Diálogo y Negociación.
"Es un capítulo que acentúa el ideal de hacer la
política de paz, una política de Estado y considero que el Acuerdo Humanitario
en marcha, se ajusta al Derecho Internacional Humanitario que merece
aplausos", señaló.
Ana Teresa Bernal, directora de Redepaz, la liberación de
los 29 soldados y policías, así como la de los 14 guerrilleros, "es un
gran paso para la generación de confianza entre todos los colombianos hacia la
paz".
Bernal dijo que "es muy importante lo que está
sucediendo y esperamos que las Farc muy pronto liberen más uniformados que
ahora están en su poder, pero lo que más queremos es que el proceso de diálogo
y negociación avance hasta que se pueda firmar un acuerdo de paz
definitivo".
Para
Daniel García Peña, ex Comisionado durante el
gobierno de el testaferro de los narcos Ernesto Samper, Es
otro paso importante para darle credibilidad al proceso de paz y con ello se
demuestra que sí es posible avanzar en estos temas como el secuestro, la
desaparición forzada y otros relativos al Derecho Internacional Humanitario...
Dime
quien te apoya y te diré quien eres!
Los
hombres del mandato caro, del gobierno de las anchas espaldas, el del Estatuto
de Seguridad, el del neoliberalismo radical y ortodoxo y el del palacio de
Justicia han expresado su apoyo al Acto Legislativo 012. Los que en los últimos
veinte años profundizaron el gran desmadre nacional, los que vendieron,
regalaron y feriaron la nación apoyan al gobierno y sus planes. Perdón, a los
planes del FMI. Lo raro es que apoyaran a Fecode, a los trabajadores de la
salud, a los estudiantes o a los padres de familia. Lo raro es que apoyaran la
nación. Lo bueno de este apoyo es saber que quienes hemos estado en las
marchas, en los foros o en las barricadas por la defensa de la educación y
la salud reconfirmamos que seguimos estando en caminos diferentes a los
caminos que recorren los López, los Samperes, los Turbay, los Gavirias y los
Belisarios. Y que entonces...¡Vamos bien!
Alguien
decía que " La justicia penal militar es a la justicia lo que la música
militar es a la música" y es bueno recordarlo ahora que el muy demócrata
y progresista Parlamento colombiano ha aprobado facultades judiciales para las
Fuerzas Armadas. Una vez mas un Congreso de mayorías terratenientes, agiotistas
y profesionales del clientelismo muestra hasta donde ha avanzado el fascismo en
la nación.
O
la aprobación del entuerto fascista será para tranquilizar a Castaño quien
vive señalando que la Fiscalía y la Procuraduría están totalmente
infiltrados por la guerrilla?
Politiqueros
colombianos segundos en el mundo por desplazados
Otro “honroso” título acumula la dinastía
mas arrodillada del mundo, ahora al cuarto lugar como los mas corruptos del
mundo habrá que sumarles el del segundo lugar como provocadores del
desplazamiento de población.
En declaraciones a la cadena Caracol, el
coordinador de la ONG Paz Colombia, Jorge Rojas, aseguró que según un informe
que su organización prepara sobre los desplazados, Colombia ocupa el segundo lugar en el mundo después de Sudan
con el mayor número de desplazados.
El informe será presentado el próximo miércoles
con motivo del día internacional del desplazado, cuando las Naciones Unidas y
la Comunidad Internacional harán un pronunciamiento para llamar la atención
sobre el tema del desplazamiento interno que se está convirtiendo en caldo de
cultivo para futuros brotes de violencia, dijo.
Rojas dijo que en los últimos cuatro años
Colombia acumuló un millón 500 mil desplazados, la mayoría de ellos indígenas
y campesinos que llegan a las grandes ciudades sin saber cómo sobrevivir.
La asamblea anual de la OIT, que sesiona en Ginebra, Suiza, definirá antes de
este viernes la aprobación del establecimiento de una Comisión de Encuesta, un
mecanismo mediante el cual, el organismo designa a un grupo de juristas para
monitorear permanentemente las acciones del Gobierno para proteger la vida de
los dirigentes sindicales y los derechos de los trabajadores.
Pero la Comisión de Encuesta sirve también para que los países miembros de la
OIT impongan sanciones adicionales al país afectado con acciones como por
ejemplo, el bloqueo de las exportaciones.
La semana pasada, la OIT impuso una primera sanción a Colombia consistente en
la aprobación de una glosa denominada "párrafo especial" por
considerar que el Gobierno no ha adoptado medidas encaminadas a proteger la vida
de los sindicalistas.
Para adoptar una decisión frente a la sanción solicitada por la dirigencia
sindical colombiana que asiste a las deliberaciones de la OIT, la asamblea se
basará en el informe presentado por el delegado para Colombia del secretario
general del organismo, Alfredo Albuquerquer.
Comunicado,
entrega de prisioneros de guerra
El Estado
Mayor Central de las FARC Ejército del Pueblo, comunica a la opinión nacional
e internacional:
1. Que las FARC-Ejército del Pueblo, en cumplimiento del Acuerdo de los Pozos,
firmado por el Presidente de la República y el Jefe de las FARC-EP, el pasado 9
de febrero, referido al numeral 6 y el que ahora se concreta en el Acuerdo
Humanitario, firmado con el Gobierno el 2 de junio de 2.001; hace entrega al señor
George Cominos, Delegado para Colombia de la Cruz Roja Internacional, CICR y por
petición del Gobierno Nacional de, 49 hombres de la Fuerza Pública, con
problemas de salud.
2. Como adelanto al compromiso unilateral de las FARC-EP de liberar a más de
100 prisioneros de la Fuerza Pública, luego de cumplido el Acuerdo Humanitario;
para facilitar los requerimientos logísticos procedemos a entregar con los
enfermos, otros 8 uniformados con los que dejamos en libertad un total de
55 prisioneros capturados en combate, en distintos lugares del país.
3. Dejamos claro que en cuanto respecta a las FARC-EP, mantenemos la disposición
de buscar acuerdos de la misma naturaleza, en el futuro.
4. El pasado día 5, de los corrientes entregamos al Coronel de la Policía
Alvaro León Acosta y al Teniente Jhon Alexander Ruiz. Más los agentes Romero
González Harold y Murillo José Nei, los dos en normales condiciones de salud,
como parte de la entrega unilateral.
5. Hoy procedemos a hacer entrega de los siguientes uniformados:29
prisioneros
enfermos en poder del Bloque Oriental:
Miraflores
1. Silva Peña Yony
Fernando
2. Torres Tujancipa Elverth Antonio
3. Rodríguez Rincón Edgar
4. Romero Rico Pablo Alberto
5. Leiton Leiton William Patricio
6. Sandoval Arboleda Javier
7. Zambrano Manjares Hernán, cabo.
8. Grisales Bermúdez José Libardo
9. Guzmán Arias Edilson
10. Bueno Afanador Edgar
11. Sánchez Urriago Fredy Agustín
12. Meneses Muñoz Edwin Arley
13. López Jhon Jairo
14. Velasco Delgado Ciro Alfonso
15. Galaraga Argel Ricardo
Puerto
Rico Meta
1. Rodríguez Rodríguez
Luis Alfonso
2. Ladino Agudelo Orlando
3. Bastidas Silva Fredy
El
Billar Caquetá.
1. Jaramillo Gutiérrez
Orlando
2. Marín Gallego Isaías
3. Builles Grizales Mauricio
Mutú
1. Contreras Lancheros
José Crisanto
2. Monroy Oscar Ivan
3. Mercado Espitia Enrique
4. Flores Jairo Emilio
5. Bravo González Gimondy
6. González Arango Casimiro
7. Rodríguez Villegas Luis
8. Rojas Santamaría Olibardo
14
prisioneros enfermos en poder del Bloque José María Córdova:
1. Mosquera Lozano Jair
2. Barba Ayala Yonisel
3. Peñate Silvano Antonio, Cabo
4. Arrollo Calderón Pereira
5. Nelson Calderón Pereira
6. Machado Heriberto Antonio ( policía)
7. Flores José Alberto
8. Díaz Monterrosa Ricardo Antonio
9. Hurtado Viveros Wilson Fabio
10. Rojas Barón Jaime
11. Montero Martínez Eduard
12. Pérez Rubén Darío
13. Fernández Jorge Albeiro
14. Patiño Juan Martín, Cabo
4
prisioneros enfermos en poder del Bloque Caribe:
1. Mier Alfonso Rafael
2. Bulla Luis Alberto
3. Torres Jamer
4. Mercado Otto Rafael.
DEL
ESPINO BOYACÁ
1. Valero Cortez Armando
Antonio
2. Bermúdez Segura Lucio Uriel
3. Reyes Pabón Luis Fernando
4. Plaza Barayón Jimy Darío
Hacen entrega a nombre del Estado Mayor Central de las FARC-EP.
Los comandantes, Jorge Briceño y Joaquín Gómez.
Junio 16 de 2001
La mesa redonda sobre distribución del ingreso y desarrollo social
Con un formato especial se reanudaron por fin las audiencias públicas en
Villa Nueva Colombia. La idea fue recoger las sugerencias de algunos colombianos
sobre la necesidad de imprimir variantes que facilitaran algún grado de debate,
y sirvieran a su vez para ilustrar el contenido sobre el que deben versar las
ponencias de los participantes en las audiencias de formato tradicional, que
también se seguirán realizando. Fueron seis meses y medio los transcurridos en
esta parálisis, no toda producida por el congelamiento de las conversaciones
decretado por las FARC-EP en noviembre del año pasado. La mitad de ese tiempo
pasó después de la firma del Acuerdo de Los Pozos y no ha sido fácil lograr
que nuestro interlocutor, imprima la dinámica necesaria al funcionamiento del
Comité Temático encargado de la programación y realización de las
audiencias.
Hasta la fecha en que se realizó la mesa redonda, 19 de mayo de 2.001, no
estaba aprobado ningún cronograma de audiencias públicas, y por parte del
gobierno sólo se había accedido a celebrar el día 10 de junio una audiencia
especial con el sector de la tercera edad. Parece como si su interés fuera
realizar el mínimo posible de ellas, impidiendo a su vez la participación
masiva de colombianos en las mismas. Resulta fácil inferir la intención que
acompañaba al gobierno, cuando impulsó la diversificación de las audiencias:
convertirlas en unos cuantos actos cerrados para un exclusivo círculo de
expertos. Jamás ha encontrado sentido en escuchar la voz de un pueblo que
considera ignorante. Todo indica que siguen pensando igual.
Eso precisamente se puso de manifiesto en la mesa redonda del 19 de mayo.
Los rimbombantes títulos de doctor y máster obtenidos en universidades
extranjeras, con los cuales se presentó a los ponentes invitados por el
gobierno, parecían querer decir a los presentes que con tanta sabiduría no había
nada que discutir. Y no podía ser cierto.
Ponencia
de la CEPAL
Con el título de Equidad, Distribución del Ingreso y Políticas Sociales,
Juan Carlos Ramírez, director de esta Oficina en Bogotá, comenzó hablando
acerca de lo ancestral que ha sido en Latinoamérica el fenómeno de la mala
distribución del ingreso, pese a lo cual lo consideró superable. A juicio de
los expertos son cuatro los factores determinantes del ingreso: el nivel de
educación de las personas, el empleo, el tamaño del hogar y la distribución
de activos.
La educación, sostuvo, es el principal de los determinantes. Para no ser
pobre se requiere un nivel mínimo de educación, más ahora, cuando la
mundialización de la economía hace primar el conocimiento y la tecnología.
Como de paso, reconoció que servía para elevar el ingreso siempre que se
consiguiera empleo. El empleo, agregó, está ligado al crecimiento económico y
hay que reconocer que las políticas públicas pueden ayudar a romper barreras
de acceso al empleo. El número de hijos que se tenga también incide en la
pobreza. Y en un último lugar ubicó lo que él llama la distribución de los
activos productivos y sus rendimientos, la cual se ve afectada por su distribución
inicial y su uso improductivo, por las restricciones para acceder a ellos,
por el acceso a los activos públicos, y por la orientación de la inversión pública.
A su juicio debemos aplicar nuestro criterio creativo a la construcción de
condiciones de enriquecimiento mejor distribuido.
El último de los factores que mencionó con lenguaje desorientador, es en
realidad el capital, la tierra y las ganancias, los cuales al parecer son
intocables según la ciencia económica, con lo cual quedó al descubierto tanto
su carácter de clase como la falta de voluntad política para tratar a fondo el
problema.
Enseguida pasó a analizar el papel de las políticas sociales en la
distribución del ingreso, las cuales dependen a su juicio de las estructuras de
tributación y la orientación del gasto público. Nuevamente la educación,
unida a la salud y la nutrición vienen a ser las más distributivas. Sin
negar que pueden haber otras menos distributivas como la vivienda, el sistema de
pensiones y los subsidios a los servicios públicos. Y póngase atención de
nuevo a esto: “la superación de la pobreza puede estar asociada o no con fenómenos
de distribución o concentración de la riqueza y los ingresos”. ¿En
dependencia de qué? No lo dijo. Al fin y al cabo no parece tener importancia
para la ciencia económica avanzada.
Y se preguntó: ¿Cuánto invertir en gasto social? Como de pasada dijo que
Colombia está por encima de los estándares en este campo. Y se limitó a
destacar la necesidad de un Pacto Fiscal para determinar esta materia. Al final,
diría que con sólo políticas sociales no se realizaría la superación de la
pobreza, puesto que habría que considerar el modelo de crecimiento y su
estructura. Tal vez se vio arrebatado por un arranque de democracia demagógica
al reconocer que, como las políticas públicas pueden ser concentradoras o
distribuidoras del ingreso, es necesario discutirlas públicamente a la luz de
la equidad. Pero póngase atención a su criterio elitista en cuanto a
quienes pueden participar en esa discusión: “Los actores deben contar con el
conocimiento y las capacidades para participar”. Es decir que sólo los sabios
pueden hacerlo. No sobra decir que según sus palabras esos sabios son ellos.
Ponencia
de NELSON FAJARDO
Con estilo académico y notable sencillez, este periodista e investigador en
ciencias económicas, introdujo algunas cuestiones de contexto y se refirió a
las relaciones entre el capital y el Estado en Colombia. A su juicio, la
modernidad nos encontró con un Estado nacional inconcluso, convertido en bolsa
para el enriquecimiento de las burocracias por medios legales e ilegales,
dominado por una oligarquía de cortas miras, extractivista y de consumo
primario individual, muy bien aprovechado por el capital mundial transnacional
para someternos a su dependencia.
A su juicio, una estrategia de distribución del ingreso que fortalezca el
desarrollo social de nuestro país, requiere superar el modelo de acumulación
neoliberal propio del sistema capitalista globalizante, así como la construcción
de un Estado nacional que exprese los intereses del conjunto de los miembros de
la sociedad y no los de una reducida oligarquía. Para el efecto sometió a
aguda crítica las doctrinas dominantes de los economistas posmodernistas y tecnócratas
que olvidan el componente humano y político de las ciencias económicas. Es
necesario que el nuevo modelo económico democrático alternativo de acumulación
y consumo, haga énfasis en el fortalecimiento y expansión de la economía
real, para lo cual se requiere democratizar las formas de propiedad y apropiación
de los beneficios.
Igualmente la inversión del Estado ha de apuntar a la expansión y
fortalecimiento del capital fijo nacional, y las políticas económicas a la
protección y proyección del patrimonio nacional, las instituciones y las
empresas del Estado a partir de criterios de eficiencia, a obligar a las
diversas formas de capital privado a invertir en el fortalecimiento y expansión
del circuito y el aparato de reproducción socioeconómica. Las políticas
fiscales se dirigirán a gravar la renta sobre la propiedad de la tierra
improductiva y las utilidades de las diversas formas del capital con fines
redistributivos. Por su parte, la política presupuestal ha de fortalecer el
gasto social en desmedro de los gastos militares y de seguridad que deben
corresponderse más bien a los de un país en paz. La inversión social debe
priorizar la educación integral, la salud, la vivienda, la recreación, el
deporte y la cultura.
Ponencia
de MAURICIO SANTAMARÍA por el Gobierno Nacional
Mediante el empleo de gráficos proyectados sobre un tablero blanco que no
se podía distinguir muy bien en la claridad del día, el alto funcionario de
Planeación Nacional, más que una ponencia sobre el tema, invirtió el tiempo
en hacer una explicación didáctica muy rápida acerca de qué entiende las
ciencia económica moderna por pobreza y de qué manera se la puede medir. Una
de sus primeras afirmaciones aseguró que no era fácil definirla. Desentrañando
el significado de cada una de las siglas LP, LI, INBI, ICV, IPH, IDH, léase línea
de pobreza, línea de indigencia, índice de necesidades básicas insatisfechas,
índice de condiciones de vida, índice de pobreza humana, índice de desarrollo
humano y demás, fue demostrando cómo resultaban insuficientes para
abarcar la complejidad del problema. La conclusión más lógica que se podía
sacar al oírlo, era la de que un problema tan difícil de definir resultaba
apenas igual o más difícil de solucionar.
Es que si se es pobre por uno de los indicadores, no se lo es por
otro. Pero aún mejor: unos indicadores nos pueden señalar que cada vez hay más
pobreza, pero otros, más autorizados, como los de Naciones Unidas, nos
demostrarán que a pesar de la crisis, la pobreza urbana y rural continúa en
descenso. Como quien dice, cambiemos la vara que nos mide y olvidémonos del
hambre, la miseria, el abandono, la insalubridad, el desempleo y la ignorancia,
palabrejas superadas por la historia. Pero el brillante expositor no dejó pasar
una conclusión final: la pobreza hubiera descendido aún más si no fuera por
culpa de la violencia. Casi dijo los violentos, estuvo a punto de decir la
guerrilla.
Había que buscar otra forma para decirlo. Y pasó a exponer sobre
macroeconomía y pobreza. Entonces enseñó que para combatir la pobreza hay que
combinar el crecimiento económico con las políticas asistenciales. Y
para crecer se requiere, probado con gráficos del Dane, inversión
privada que genere empleo e ingresos para los hogares. Desafortunadamente, según
el expositor, los empresarios privados no invierten debido a las dificultades de
orden público, segundo factor más negativo para la inversión, después de la
demanda que ni siquiera tocó. También habría que considerar el saneamiento de
las finanzas públicas, lo cual implica que no se puede seguir financiando
indefinidamente el crecimiento del gasto. La deuda adquiere caracteres dramáticos.
Con ella se ha financiado el gasto excesivo pero a su vez ella es un obstáculo
para la inversión pública y privada. Y es intergeneracionalmente ( ¿Qué
tal la maroma verbal?) injusta. Tras conducirnos hasta este laberinto guardó un
silencio total. Como quedaría demostrado unas horas más tarde, para el
gobierno el tema de la deuda es intocable.
Pasando al tema de la desigualdad en el ingreso, el expositor nos dijo que
los métodos de medición no tienen en cuenta la distribución de los
activos o riqueza, sino los solos ingresos provenientes del trabajo. Pese a
ello, el reconocimiento oficial fue el de que en el año 2.000, el 20% más
pobre percibía el 2.4% del ingreso total, mientras que el 10% más rico, el 63%
del ingreso total. A ello se agrega que en los últimos años la brecha entre
unos y otros ha venido ampliándose. Y remató este punto con el coeficiente de
desigualdad GINI, según el cual Colombia ocupa en América Latina el puesto
doce entre los países con mayor desigualdad y esta ha ido en deterioro en los
últimos tres años.
La única alternativa viable por parte del gobierno para remediar esta
situación, es la utilización de tres mecanismos de protección social: los
subsidios, la red de protección social y la inversión en infraestructura
(agua, vivienda, vías, electrificación, telefonía, etc.). La concepción
asistencialista del Estado colombiano no deja dudas. El componente social del
Plan Colombia es su estrategia fundamental, ocultando el hecho de que sus
gestiones miran más al beneficio del gran capital inversionista en estas
materias que al beneficio social de las mismas. Y sin siquiera mencionar que el
Plan Colombia entraña tales factores de empobrecimiento por causa de la
guerra que impone, que sus beneficios sociales no alcanzarán a enmendarlos.
Ponencia
de IVAN RIOS coordinador de la Comisión Temática de las FARC-EP
Las FARC partimos de considerar, con relación al tema, que existe una
controversia de fondo para definir cuál Estado, cuál estrategia y cuáles políticas
económicas necesita el país. Ella se da entre quienes planteamos que se debe
privilegiar el impulso a la producción, el mercado interno, la pequeña,
mediana y gran industria privada, la augestión, la microempresa y la economía
solidaria, y quienes se amparan en conceptos técnicos aparentemente
irrebatibles, para sostener que hay que privilegiar al gran capital financiero
favoreciendo ampliamente sus actividades especulativas. Nuestro país se
caracteriza por un amplio espectro de desigualdades económicas, sociales, políticas
y culturales, agravadas por la vigencia de un régimen político intolerante que
ha hecho del terrorismo de Estado su mecanismo permanente de dominación.
Planteamos una Plataforma para un Gobierno de Reconciliación y Reconstrucción
Nacional, según la cual el Estado debe ser el principal propietario y
administrador en los sectores estratégicos. Pero hablamos de un Estado nuevo,
distinto por completo al que tenemos ahora. Ese Estado debe invertir el 50% del
presupuesto nacional en bienestar social, definir democráticamente una política
de aprovechamiento de nuestros recursos naturales, establecer condiciones claras
para la inversión extranjera, impulsar el mercado interno mediante la economía
campesina planificada regionalmente de manera democrática, expropiar la gran
propiedad agraria improductiva y aquella nacida de la violencia, democratizar el
crédito, la asistencia técnica y el mercadeo, elaborar una metodología más
realista para medir los ingresos y posibilitar una política impositiva
verdaderamente redistributiva, y ponerle las riendas al sector financiero para
que sirva al desarrollo de las fuerzas productivas.
De manera inmediata proponemos la creación de un subsidio estatal para
todos los desempleados mientras se pone a funcionar una estrategia de creación
y reconstrucción de empresas del sector productivo agrario e industrial.
Los dineros deben salir de una moratoria de la deuda externa por un término de
cinco años para invertir esos recursos en ese propósito. Dada la alta
descomposición de la clase política colombiana esos dineros ahorrados deben
quedar a disposición de la Mesa Nacional de Diálogos. También deben
renegociarse los acuerdos comerciales internacionales. Para ello será necesario
retomar la desdeñada noción de soberanía nacional con el fin de esquivar las
imposiciones de los centros de poder del capitalismo global. De igual modo deberá
reducirse de manera considerable el gasto militar del Estado colombiano,
partiendo de considerar que el conflicto interno obedece precisamente a la falta
de desarrollo económico social y a la intolerancia del régimen, antes
que ser la causa del subdesarrollo.
Al finalizar reiterando nuestro anhelo de hallar una solución por la vía
del diálogo, instamos al gobierno nacional a dar cumplimiento a su
reconocimiento expreso en la Agenda Común para el Cambio, de que para lograr la
paz es necesario implementar profundas transformaciones en todas las materias
enumeradas en ella. Unas bases serias para el desarrollo social y la
redistribución del ingreso han de ser el producto de un verdadero acto de
contrición por parte del Estado en la Mesa Nacional de Diálogos. Se requiere
echar manos a la obra y dejar los discursos, porque todos los actos del gobierno
están apuntando a agravar de manera conciente e irresponsable el conflicto.
Ponencia
de MAURICIO PERFETTI
En su calidad de profesor universitario y director del CRECE de Manizales,
este expositor presentó la ponencia titulada Equidad y Política Social.
Con ella tuvo la intención de abordar los siguientes temas:
distribución funcional del ingreso, medidas del tamaño de la distribución,
factores que determinan el tamaño de la distribución del ingreso y sus
variaciones, para finalizar con algunas propuestas. Así las cosas su contenido
resultaba sugestivo. Pero una vez entrado en materia las expectativas fueron
convirtiéndose en quimeras. El primer tema se tradujo en una serie de gráficos
comparativos entre ingresos provenientes de la remuneración al trabajo, el
excedente bruto de explotación y el ingreso mixto. Y en cuanto al segundo, los
factores que determinan el tamaño de la distribución del ingreso, nuestro
profesor pareció penetrar por completo al plano de la metafísica:
“La participación de un factor en el Ingreso puede variar por:
a) Cambios en cantidades relativas usadas
b) Cambios en precios relativos que inducen cambios en las cantidades”.
Y todavía más cuando pasó a explicar: “Cambios en un factor no
necesariamente implican cambios en la distribución funcional a favor del mismo,
porque:
1) Se requieren grandes cambios en los precios relativos
2) Complementariedad de capital humano y físico significa que cambios
tecnológicos generalmente generan mayores inversiones en capital humano”.
Todo fue disipándose sin embargo cuando fue concluyendo de sus premisas una
afirmación categórica: “Tal como lo sugiere la evidencia empírica
disponible...sólo mediante un decidido fortalecimiento del capital humano es
posible contribuir a mejorar las condiciones de desigualdad y pobreza imperantes
en el país”, es decir que únicamente con el fortalecimiento de la educación
será posible erradicar la pobreza, nada de ir a meterse con la desigual
distribución de propiedad privada sobre el capital y la tierra.
Porque el ponente vino en realidad a hacer la defensa de la apertura económica
neoliberal de los años noventa hacia acá, negando cualquier efecto negativo de
ésta sobre la actual brecha de ingresos entre los ricos y el resto de la
población. Los gastos sociales, en educación y salud se vieron en
realidad incrementados con la apertura, fue su tesis. Y por eso sus propuestas
apuntaron más bien hacia un mejoramiento de la eficiencia del Estado en los
campos de salud, educación y nutrición, pues a pesar de los grandes esfuerzos
logrados en la década pasada todavía hay muchas cosas por hacer: mejorar la
focalización y combinarla con la integralidad, eliminar la descoordinación
entre las decisiones públicas y la capacidad para ejecutarlas, redistribuir
regionalmente los recursos y reformar la educación superior con planes de
financiación. Puro paño de agua tibia y nada más. El empleo del lenguaje
seudo científico en realidad pretende evadir el análisis de las verdaderas
causas de la desigualdad, al tiempo que revela la incapacidad de las clases
dominantes para materializar con urgencia las profundas transformaciones que
reclama nuestro país. Esto último resulta mucho más grave si se toma parte en
una mesa de diálogos en la que se dice buscar la paz.
Intervención
de Miguel Antonio Caro por la CUT
La Comisión Temática de las FARC-EP insistió hasta último momento para
que los sectores de la salud y la educación, directamente afectados con el
Proyecto de Acto Legislativos 012 sobre Reforma al sistema de Transferencias,
aprovecharan este espacio para exponer ante el país y el mundo, sobre el
verdadero contenido del intento de reforma constitucional que pone al desnudo la
demagogia de las políticas estatales sobre distribución del ingreso y
desarrollo social. Desafortunadamente se atravesaron factores ajenos a nuestra
voluntad, para impedir que un asunto que lesiona tan duramente los intereses del
pueblo colombiano pudiera ser tratado en el Caguán. Y no fueron precisamente
del lado del gobierno los obstáculos. En el último momento, el secretario
general de la CUT, Miguel Antonio Caro, quien asistió a la Mesa Redonda en
calidad de participante invitado, optó por intervenir de manera casi
improvisada, para no dejar silenciada la voz del sindicalismo consecuente.
“Quisiera en primer lugar -comenzó-... decir que lo que a habido en
nuestro país, en los últimos años es un grave retroceso social y que en
lo que respecta al ingreso lo que hay es una cada vez mayor concentración del
ingreso al tiempo que crece desmesuradamente la pobreza y la exclusión
social”. Luego insistiría en la necesidad de adentrarse en las causas que han
originado esa situación, entre las cuales no vaciló para calificar de primera,
a la entrega de la soberanía nacional por parte de las clases gobernantes a los
grandes centros de poder del capitalismo financiero transnacional. Y puso como
ejemplo al acuerdo con el FMI que impone la reforma al sistema de
transferencias, que arrebatará las finanzas a los sectores de salud y educación
para dejarlas en manos de alcaldes y gobernadores politiqueros y corruptos. Y
advirtió que la anunciada reforma tributaria territorial proyectada por el
gobierno nacional, busca en realidad sacar del bolsillo de los contribuyentes,
mediante nuevos impuestos, los dineros que le restarán a la salud y a la
educación. Igualmente denunció la reforma pensional en ciernes, otra imposición
del Fondo Monetario Internacional, como un intento más del Estado colombiano
por repartir la pobreza, nunca la riqueza, entre los de abajo.
Finalmente haría dos precisiones. La primera que no es posible resolver la
crisis nacional mientras se mantenga vigente el modelo económico neoliberal y
mientras el país siga sometido a los dictados de los organismos internacionales
al servicio del capital. Y la segunda, que cualquier solución tiene que pasar
por la construcción de un modelo alternativo de desarrollo económico y social,
que reivindique la soberanía nacional y que oriente no solo la economía,
sino el conjunto de la política, en favor de los más desprotegidos de nuestro
país.
La
intervención de los participantes
Un violento aguacero que obligó a interrumpir el desarrollo de la mesa
redonda durante varias horas, impidió que los participantes invitados, 15 en
total, tuvieran la oportunidad de presentar sus preguntas y comentarios a los
ponentes del día. La urgencia de regresar a Bogotá en el vuelo de Satena
escasamente permitió a unos pocos de ellos dar inicio a una interesante discusión
que apenas quedó planteada cuando finalizó la audiencia. Además de los
invitados también estaban presentes en la mesa redonda los voceros del gobierno
nacional y las FARC-EP en la mesa de diálogos, así como los miembros del Comité
Temático Nacional. Los participantes que quedaron esperando su oportunidad
fueron: Nelson Caballero por la CGTD, Miguel Morantes por la CTC, Darley Moreno
por SINTRADIAN, Ancízar Rico por la CNA, Juan Carlos Villamizar por Red Unipaz
Estudiantil, Rafael Mejía López por la SAC, Imelda Restrepo por la ANDI, Raúl
Alameda por la Academia Colombiana de Ciencias Económicas, Carlos Humberto
Ortiz por la Universidad del Valle y Jesús Elías Aguilar por la Universidad
Santiago de Cali.
Destacamos la crítica de Rafael Uribe Uribe de la Universidad de Antioquia
al gobierno nacional por presentarse a dar una charla didáctica sin propuestas
distintas a la de que hay que hacer crecer la economía. Igualmente el énfasis
que puso Héctor Ochoa de la Universidad ICESI de Cali en la necesidad de un
nuevo Estado, ya que el actual obra en absoluta contravía de los propósitos
que expone, citando como ejemplos su ausencia en el impulso a la educación y su
favorecimiento a las altas tasas de interés. Los dos participantes expresaron
su grata impresión con la propuesta de las FARC-EP. El comandante Gabriel Ángel
de la Comisión Temática agradeció con ironía las enseñanzas brindadas por
Planeación y la CEPAL, al tiempo que inquirió en forma vehemente al gobierno
nacional por presentarse a defender unas políticas económicas que nos han
conducido al grave estado de desigualdad, pobreza e injusticia en que nos
hallamos sumidos en Colombia.
Por su parte Hans Blumenthal de Fescol y Juan Ricardo Ortega, asesor económico
de Andrés Pastrana, quisieron que el comandante Iván Ríos aclarara algunos
puntos de la propuesta de las Farc. Aspectos como la enorme deuda social de los
sectores dominantes con el pueblo colombiano, el escandaloso nivel de corrupción
de la clase política y la desproporcionada cifra del gasto militar en Colombia,
sirvieron al coordinador de la Comisión Temática para justificar ampliamente
las propuestas sobre el subsidio al desempleo, la moratoria de la deuda externa
y la destinación de la mitad del presupuesto nacional a la inversión social.
La
relatoría final
El doctor Miguel Eduardo Cárdenas, de Fescol, tuvo a su cargo una breve
relatoría verbal final. En ella puso de presente el consenso general en
el sentido de que la concentración del ingreso se convirtió en un fenómeno
irrefrenable no solo en Colombia sino en América Latina, hasta el punto de
llegar a obstaculizar el crecimiento económico. Por lo mismo, la pregunta que
resumiría el objetivo de la audiencia podría ser: ¿De qué manera se puede
desconcentrar el ingreso?
A su juicio en la mesa redonda se presentaron dos enfoques al respecto. El
economicista técnico, seriamente cuestionado, según el cual el problema en
estudio no requiere para su solución de reformas estructurales, sino
posibilitar las condiciones para que la economía de mercado genere el
crecimiento económico esperado, el cual, si se acompaña de una ampliación en
las fronteras educativas de la población, permitirá cumplir la anhelada
redistribución del ingreso y la riqueza. Y el enfoque político expuesto por
Nelson Fajardo y las FARC-EP, según el cual la concentración del poder económico
y el poder político marchan de la mano y se retroalimentan mutuamente, lo cual
hace necesario plantear la construcción de un nuevo tipo de Estado que
posibilite penetrar la estructura de la propiedad privada sobre la riqueza.
Igualmente consideró como supremamente interesantes las propuestas de las
FARC-EP sobre las cuales no ocultó la indisposición del gobierno, por lo cual
aseguró que eran un importante material para la discusión en la Mesa Nacional
de Diálogos.¨
Para
mayor información:
Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo
PAGINA
PRINCIPAL
| Anncol
Anncol
| Voz
| Radio
Café Stéreo
|