En Colombia lucha Latinoamérica...


Actualizado 



 

 

LA TERCERA EDAD, EL CAPITALISMO MUNDIAL Y EL NUEVO ESTADO

 

Por lo regular cuando la gente habla de la tercera edad, lo hace relacionándola con la debilidad, con la vejez gastada, con la incapacidad para desenvolverse por sí mismo y realizar alguna actividad productiva. No hay un lugar común más falso. Lo que los años maduros traen consigo y que por odiosos intereses se quiere mantener oculto, son la experiencia, la sabiduría, y la templanza necesarias para comprender y asumir las complejidades de la vida, en particular las que atañen al sistema actual, que convierte en desechos a quienes no responden a los apetitos e intereses del gran capital.

 

La clase dirigente colombiana se rasga las vestiduras describiendo todo lo que hace para construir una sociedad más justa. Pero la propia realidad se encarga de desmentirla. En un país tan rico como el nuestro, lo que se redistribuye de manera acelerada es la indigencia. De cada cien habitantes, cincuenta están por debajo de la línea de pobreza. Hay más de seis millones de niños pobres y un millón y medio en situación de miseria absoluta. La mitad de la población no tiene el mínimo acceso al sistema de salud. Las cifras son escandalosas y nos perderíamos en un laberinto si pretendiéramos citarlas todas.

 

Vamos a hablar de la situación de la tercera edad. Comencemos con la Seguridad Social. Se dice que esos sistemas son un importante factor de redistribución del ingreso. Seguramente que sí, pero en donde existen y son universales. Porque en nuestro país el acceso a la seguridad social es excluyente y regresivo. No beneficia a los pobres que son quienes más lo requieren y apunta a negar derechos elementales alguna vez conquistados por los trabajadores. Una mirada rápida al sistema pensional nos lo demuestra.

 

Desde el Gobierno neoliberal de Gaviria se ha venido lanzando una ofensiva contra las pensiones de los trabajadores colombianos. El primer gran golpe fue la ley 100 de 1993, que dio paso al imperio de los fondos privados y diseñó la muerte del Instituto de los Seguros Sociales. El nuevo sistema que convirtió las pensiones en un negocio, desplazó hacia el mercado financiero los recursos de la seguridad social. Además traslada a los afiliados las pérdidas por las malas inversiones, manteniéndolos en constante riesgo de perderlo todo. Ministros, empresarios y hasta el mismo director del ISS claman en coro por una nueva reforma pensional, preparando las condiciones para el golpe definitivo contra el Seguro Social. Y lo hacen pervirtiendo la verdad sobre su crisis financiera.

 

Nada dicen acerca de los más de treinta billones de pesos que el propio Estado ha ido acumulando como deuda con el Instituto, con el solapado propósito de hacerlo morir lentamente. Se hacen los desentendidos sobre la corrupción de la clase política liberal conservadora que durante años ha tenido en este establecimiento público una importante fuente de suministros para sus arcas personales. Silencian sus propios yerros político financieros, tal y como sucedió con la liquidación del Banco Central Hipotecario, con cuyas acciones previamente se había pagado parte de la deuda estatal al Instituto.

 

Las frías estadísticas del gobierno nos muestran un número de 900.000 pensionados entre el ISS y las cajas públicas, proyectados para el 2.030 a 1.700.000. Según los grandes genios de las finanzas oficiales, esta cifra significa un aumento desbordado. Por culpa de ella, nos dicen, los colombianos estamos obligados a aceptar nuevas reformas tributarias, más incrementos de la deuda externa e importantes recortes en la inversión social, es decir en educación, salud y vivienda. También tendremos que olvidarnos de las asignaciones para infraestructura. Nos espera en consecuencia otro conjunto de reformas retardatarias. Entre ellas el aumento de la edad de jubilación y de las semanas de cotización.

 

La creación de un fondo regional de pensiones, prevista en el acto legislativo 012, concluye la ya iniciada privatización de la salud y comienza en serio la privatización de la educación, aplicando a este sistema la táctica de la motosierra empleada en las zonas rurales contra los campesinos. Todo en cumplimiento del acuerdo firmado en diciembre de  1.999 con el Fondo Monetario Internacional. Son las imposiciones del gran capital financiero internacional, y no la alta tasa pensional como nos han querido hacer creer, la verdadera razón de los recortes en salud, educación y seguridad social.

 

Según el Dane la población colombiana mayor de 60 años llega a las 3.600.000 personas. De cada cien de ellas, 47 carecen de ingresos por jubilación y 36 no tienen ningún tipo de ingreso. Estas últimas no cuentan con atención estatal pese a que la Constitución Política ordena la protección total del adulto mayor. En los hogares y asilos creados para ellos, están establecidas una serie de condiciones que por no poderse cumplir, privan a los ancianos discapacitados o abandonados de la atención que supuestamente deberían gozar. Además, esos hogares sobreviven de la caridad debido a lo raquítico de su presupuesto.

 

Lo que vivimos en Colombia es el olvido total, la indiferencia del Estado y las clases dominantes hacia millones de hombres y mujeres, que casi como una hazaña alcanzan la tercera edad tras una vida cargada de trabajo, explotación y privaciones. Es por eso que dolorosamente vemos crecer el número de ancianos obligados a ganarse el sustento en condiciones infames, perseguidos por la policía en la economía informal, mendigando en los hogares de caridad o en las avenidas, llorando amargamente su triste destino o muriendo solitarios en cuartuchos malolientes. ¡Qué vergüenza! ¡Qué sistema! ¡Qué gobierno!

 

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo, FARC-EP, dirigidas a mucho honor por el legendario Comandante Manuel Marulanda Vélez, quien el pasado 13 de mayo cumpliera sus 71 años de edad, demostrando la berraquera, el aguante y el talento de la raza colombiana, no nos cansaremos de señalar como directos responsables de la angustiosa situación que padece el pueblo de Colombia, y en particular la tercera edad, a la nefasta alianza de terratenientes, monopolios financieros y capital trasnacional enquistados en el poder del Estado, interesados fundamentalmente en el incremento acelerado de sus ganancias, antes que en la suerte de los hijos de esta tierra.

 

Por eso proponemos un nuevo Estado y un nuevo poder que coloque la dignidad humana como referente permanente de sus políticas económicas, sociales y culturales. Un nuevo Estado que asuma con honor la soberanía nacional en todos su sentidos, que no se hinque de rodillas ante los centros de poder del capitalismo mundial, que se preocupe ante todo por el bienestar de cada uno de sus habitantes.

 

Ese Estado deberá invertir la mitad del presupuesto nacional en salud, vivienda, educación, empleo, cultura y recreación para los colombianos. Ese Estado pensará más en la paz que en la guerra, reduciendo el impresionante gasto militar a la medida de un país que no está en guerra con sus vecinos, buscará un acuerdo para la moratoria de la deuda externa por cinco años y eliminará la corrupción. Del cierre de esas tres venas abiertas del tesoro nacional saldrán los recursos suficientes. Es que la hora de la realización de la justicia se acerca.

 

En nuestro país tiene que cesar para siempre la perniciosa manía de hacer recaer sobre los hombros del pueblo trabajador, los efectos de las crisis que generan los dueños del capital y de la tierra. Si bien es cierto que pueden existir problemas relacionados con el tema de las pensiones de jubilación, nuestra convicción es la de que no se puede trasladar la responsabilidad a los trabajadores y actuales pensionados. El Estado tiene que pagar su enorme deuda al Seguro Social, los empleadores tienen que ser obligados a ponerse al día en sus aportes, la Superintendencia de Salud debe levantar la prohibición al Seguro de afiliar nuevos beneficiarios.

 

Es urgente suspender el trámite del proyecto de ley que cursa actualmente en el Congreso porque persigue precisamente eso. Y porque con él sobrevendrá la privatización y la muerte del Instituto de Seguros Sociales. Cualquier reforma que se pretenda promover en este campo, deberá tener un carácter progresista, lo cual sólo será posible si es producto de un amplio proceso democrático en el que se escuchen y atiendan, sin exclusiones ni imposiciones foráneas, las voces de todos los colombianos. Esta instancia del Caguán parece diseñada a la medida para eso. Toda mujer colombiana mayor de 55 años y todo varón mayor de 60, deben gozar del derecho a percibir una mesada mensual pagada por el Estado, que le permita pasar los últimos días de su vida dignamente, en compensación de lo que durante una larga vida de trabajo ha aportado al país.

 

La tercera edad, como la infancia, debe gozar de toda clase de privilegios en todos los campos del servicio público. Las ancianas y los ancianos de Colombia deben estar incluidos por ley en planes y programas que antes que decretar su muerte laboral, permitan su actividad y aporte constructivo a la sociedad, en aprovechamiento pleno de su experiencia y en reconocimiento a su legado.

 

El Estado neoliberal de hoy, a duras penas, y sólo a unos cuantos de ellos, les reconoce algo más de cien mil pesos para los gastos de su entierro. No hay mejor prueba del desprecio hacia sus semejantes por parte de los grandes teóricos y rectores de la sociedad moderna burguesa. Esos son el tipo de valores que quieren imponernos a los demás. La deshumanización plena en aras de la ganancia capitalista.

 

Contra ese sistema es que nos enfrentamos, aunque repitan sus defensores que no hay nada que hacer ante él. Nosotros, con miles de millones de gentes honestas y trabajadoras en el mundo, estamos convencidos de que se puede construir un futuro mejor. Y con millones de compatriotas que no aceptan la resignación, estamos dispuestos a impulsar la resistencia y la lucha. Hasta cambiar las cosas.

 

Por la vía de la paz o la que sea.

 

COMISION TEMATICA DE LAS FARC-EP

Villa Nueva Colombia, 10 de junio de 2.001


Canje 3ra parte

Ayer domingo se cumplió la tercera fase del acuerdo de canje de prisioneros de guerra entre el estado colombiano y las Farc-EP.

Con la entrega de otros 14 policías y soldados ocurrida ayer, ascendió a 47 el número de policías y soldados liberados por las FARC, el grupo rebelde activo más antiguo y numeroso de América Latina con unos 17.000 combatientes y que lucha por transformaciones democráticas en Colombia.

El gobierno informó que la entrega de los efectivos, que forman parte de un grupo de 450 prisioneros de guerra en poder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) hechos presos en combates en los últimos tres años, se registró en dos zonas selváticas del departamento de Antioquia, en el noroeste del país.

El sábado, el gobierno y las FARC canjearon a 11 rebeldes por 29 policías y soldados. Fue la primera vez en la historia del conflicto colombiano que el Estado liberó a guerrilleros de las FARC, como parte de un acuerdo.

A comienzos de junio, el gobierno del presidente Andrés Pastrana y las FARC firmaron un acuerdo para intercambiar combatientes. El acuerdo contempla la liberación de 42 policías y soldados y la excarcelación de 15 guerrilleros confinados en las hacinadas cárceles estatales.

En la primera fase del acuerdo, las FARC liberaron a un coronel parapléjico de la policía y a otros tres uniformados.

El número de efectivos liberados por la guerrilla supera los 42 contemplados en el acuerdo y la cifra llegará a 55, según el alto comisionado para la paz, Camilo Gómez.

Para hoy lunes, está prevista la liberación de otros ocho uniformados. También está pendiente la entrega por parte del gobierno de al menos cuatro guerrilleros encarcelados.

El acuerdo para el intercambio de combatientes es el primer logro concreto en medio del lento diálogo entre el gobierno y las FARC, y revivió las esperanzas de alcanzar la paz a través de una negociación política.

Reacciones

Diferentes personajes del país coincidieron en calificar de trascendental la liberación de uniformados por parte de las Farc, en la segunda etapa de entregas acordada desde el pasado 2 de junio, a instancias del Acuerdo Humanitario convenido con el gobierno.

Para el Presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Alberto Giraldo, "con la devolución de los uniformados se recupera la alegría de sus familias y la de Colombia, pero hay que seguir en la consolidación de más acuerdos para que esta tragedia termine".

Por su parte el ex presidente conservador Belisario Betancur, quien en su periodo de gobierno firmó un acuerdo con las Farc, que posibilitó la elección popular de alcaldes y gobernadores así como el nacimiento de la Unión Patriótica, calificó la devolución de los uniformados como "un paso definitivo hacia la paz" dado por el gobierno y las Farc.

El ex mandatario insistió en que todos los colombianos debemos respaldar el proceso de reconciliación, apoyando la humanización del conflicto armado, al tiempo que dijo que la entrega de uniformados y guerrilleros en el marco del Acuerdo Humanitario suscrito por el gobierno y las Farc, consolida los objetivos del presidente Andrés Pastrana y de la Mesa Nacional de Diálogo y Negociación.

"Es un capítulo que acentúa el ideal de hacer la política de paz, una política de Estado y considero que el Acuerdo Humanitario en marcha, se ajusta al Derecho Internacional Humanitario que merece aplausos", señaló.

Ana Teresa Bernal, directora de Redepaz, la liberación de los 29 soldados y policías, así como la de los 14 guerrilleros, "es un gran paso para la generación de confianza entre todos los colombianos hacia la paz".

Bernal dijo que "es muy importante lo que está sucediendo y esperamos que las Farc muy pronto liberen más uniformados que ahora están en su poder, pero lo que más queremos es que el proceso de diálogo y negociación avance hasta que se pueda firmar un acuerdo de paz definitivo".

Para Daniel García Peña, ex Comisionado durante el gobierno de el testaferro de los narcos Ernesto Samper, Es otro paso importante para darle credibilidad al proceso de paz y con ello se demuestra que sí es posible avanzar en estos temas como el secuestro, la desaparición forzada y otros relativos al Derecho Internacional Humanitario...


 

Dime quien te apoya y te diré quien eres!

 

Los hombres del mandato caro, del gobierno de las anchas espaldas, el del Estatuto de Seguridad, el del neoliberalismo radical y ortodoxo y el del palacio de Justicia han expresado su apoyo al Acto Legislativo 012. Los que en los últimos veinte años profundizaron el gran desmadre nacional, los que vendieron, regalaron y feriaron la nación apoyan al gobierno y sus planes. Perdón, a los planes del FMI. Lo raro es que apoyaran a Fecode, a los trabajadores de la salud, a los estudiantes o a los padres de familia. Lo raro es que apoyaran la nación. Lo bueno de este apoyo es saber que quienes hemos estado en las marchas, en los foros o en las barricadas por la defensa de la educación y la salud  reconfirmamos que seguimos estando en caminos diferentes a los caminos que recorren los López, los Samperes, los Turbay, los Gavirias y los Belisarios. Y que entonces...¡Vamos bien!


 

Avanza el militarismo...

 

Alguien decía que " La justicia penal militar es a la justicia lo que la música militar es a la música" y es bueno recordarlo ahora que el muy demócrata y progresista Parlamento colombiano ha aprobado facultades judiciales para las Fuerzas Armadas. Una vez mas un Congreso de mayorías terratenientes, agiotistas y profesionales del clientelismo muestra hasta donde ha avanzado el fascismo en la nación.

 

O la aprobación del entuerto fascista será para tranquilizar a Castaño quien vive señalando que la Fiscalía y la Procuraduría están totalmente infiltrados por la guerrilla?  


 

Politiqueros colombianos segundos en el mundo por desplazados

Otro “honroso” título acumula la dinastía mas arrodillada del mundo, ahora al cuarto lugar como los mas corruptos del mundo habrá que sumarles el del segundo lugar como provocadores del desplazamiento de población.

En declaraciones a la cadena Caracol, el coordinador de la ONG Paz Colombia, Jorge Rojas, aseguró que según un informe que su organización prepara sobre los desplazados,  Colombia ocupa el segundo lugar en el mundo después de Sudan con el mayor número de desplazados.

El informe será presentado el próximo miércoles con motivo del día internacional del desplazado, cuando las Naciones Unidas y la Comunidad Internacional harán un pronunciamiento para llamar la atención sobre el tema del desplazamiento interno que se está convirtiendo en caldo de cultivo para futuros brotes de violencia, dijo.

Rojas dijo que en los últimos cuatro años Colombia acumuló un millón 500 mil desplazados, la mayoría de ellos indígenas y campesinos que llegan a las grandes ciudades sin saber cómo sobrevivir.


 

La OIT define sanción contra gobierno colombiano

 


La asamblea anual de la OIT, que sesiona en Ginebra, Suiza, definirá antes de este viernes la aprobación del establecimiento de una Comisión de Encuesta, un mecanismo mediante el cual, el organismo designa a un grupo de juristas para monitorear permanentemente las acciones del Gobierno para proteger la vida de los dirigentes sindicales y los derechos de los trabajadores.


Pero la Comisión de Encuesta sirve también para que los países miembros de la OIT impongan sanciones adicionales al país afectado con acciones como por ejemplo, el bloqueo de las exportaciones.


La semana pasada, la OIT impuso una primera sanción a Colombia consistente en la aprobación de una glosa denominada "párrafo especial" por considerar que el Gobierno no ha adoptado medidas encaminadas a proteger la vida de los sindicalistas.


Para adoptar una decisión frente a la sanción solicitada por la dirigencia sindical colombiana que asiste a las deliberaciones de la OIT, la asamblea se basará en el informe presentado por el delegado para Colombia del secretario general del organismo, Alfredo Albuquerquer.


 

Comunicado, entrega de prisioneros de guerra

Comunicado

El Estado Mayor Central de las FARC Ejército del Pueblo, comunica a la opinión nacional e internacional:


1. Que las FARC-Ejército del Pueblo, en cumplimiento del Acuerdo de los Pozos, firmado por el Presidente de la República y el Jefe de las FARC-EP, el pasado 9 de febrero, referido al numeral 6 y el que ahora se concreta en el Acuerdo Humanitario, firmado con el Gobierno el 2 de junio de 2.001; hace entrega al señor George Cominos, Delegado para Colombia de la Cruz Roja Internacional, CICR y por petición del Gobierno Nacional de, 49 hombres de la Fuerza Pública, con problemas de salud.

2. Como adelanto al compromiso unilateral de las FARC-EP de liberar a más de 100 prisioneros de la Fuerza Pública, luego de cumplido el Acuerdo Humanitario; para facilitar los requerimientos logísticos procedemos a entregar con los enfermos, otros  8 uniformados con los que dejamos en libertad un total de 55 prisioneros capturados en combate, en distintos lugares del país.

3. Dejamos claro que en cuanto respecta a las FARC-EP, mantenemos la disposición de buscar acuerdos de la misma naturaleza, en el futuro. 

4. El pasado día 5, de los corrientes entregamos al Coronel de la Policía Alvaro León Acosta y al Teniente Jhon Alexander Ruiz. Más los agentes Romero González Harold y Murillo José Nei, los dos en normales condiciones de salud, como parte de la entrega unilateral.

5. Hoy procedemos a hacer entrega de los siguientes uniformados:29

prisioneros enfermos en poder del Bloque Oriental: 

Miraflores

1. Silva Peña Yony  Fernando
2. Torres Tujancipa Elverth Antonio
3. Rodríguez Rincón Edgar
4. Romero Rico Pablo Alberto
5.
Leiton Leiton William Patricio
6.
Sandoval Arboleda Javier
7. Zambrano Manjares Hernán, cabo.
8. Grisales Bermúdez José Libardo
9. Guzmán Arias Edilson
10. Bueno Afanador Edgar
11. Sánchez Urriago Fredy Agustín
12. Meneses Muñoz Edwin Arley
13. López Jhon Jairo
14. Velasco  Delgado Ciro Alfonso
15. Galaraga Argel Ricardo

Puerto Rico Meta

1. Rodríguez Rodríguez  Luis Alfonso
2. Ladino Agudelo Orlando
3. Bastidas Silva Fredy

El Billar Caquetá.

1. Jaramillo Gutiérrez Orlando
2. Marín Gallego Isaías
3. Builles Grizales Mauricio

Mutú

1. Contreras Lancheros José Crisanto
2. Monroy Oscar Ivan
3. Mercado Espitia Enrique
4. Flores Jairo Emilio
5. Bravo González  Gimondy
6. González Arango Casimiro
7. Rodríguez Villegas Luis
8. Rojas Santamaría Olibardo 

14 prisioneros enfermos en poder del Bloque José María Córdova:

1. Mosquera Lozano Jair
2. Barba Ayala Yonisel
3. Peñate Silvano Antonio, Cabo
4. Arrollo Calderón Pereira
5. Nelson Calderón Pereira
6. Machado Heriberto Antonio ( policía)
7. Flores José Alberto
8. Díaz Monterrosa Ricardo Antonio
9. Hurtado Viveros Wilson Fabio
10. Rojas Barón Jaime
11. Montero Martínez Eduard
12. Pérez Rubén Darío
13. Fernández Jorge Albeiro
14. Patiño Juan Martín, Cabo

4 prisioneros enfermos en poder del Bloque Caribe:

1. Mier Alfonso Rafael
2. Bulla Luis Alberto
3. Torres Jamer
4. Mercado Otto Rafael.

DEL ESPINO BOYACÁ

1. Valero Cortez Armando Antonio
2. Bermúdez Segura Lucio Uriel
3. Reyes Pabón Luis Fernando
4. Plaza  Barayón  Jimy Darío

Hacen entrega a nombre del Estado Mayor Central de las FARC-EP.
 

 

Los comandantes, Jorge Briceño y Joaquín Gómez. 

Junio 16 de 2001


La mesa redonda sobre distribución del ingreso y desarrollo social

   

Con un formato especial se reanudaron por fin las audiencias públicas en Villa Nueva Colombia. La idea fue recoger las sugerencias de algunos colombianos sobre la necesidad de imprimir variantes que facilitaran algún grado de debate, y sirvieran a su vez para ilustrar el contenido sobre el que deben versar las ponencias de los participantes en las audiencias de formato tradicional, que también se seguirán realizando. Fueron seis meses y medio los transcurridos en esta parálisis, no toda producida por el congelamiento de las conversaciones decretado por las FARC-EP en noviembre del año pasado. La mitad de ese tiempo pasó después de la firma del Acuerdo de Los Pozos y no ha sido fácil lograr que nuestro interlocutor, imprima la dinámica necesaria al funcionamiento del Comité Temático encargado de la programación y realización de las audiencias. 

 

Hasta la fecha en que se realizó la mesa redonda, 19 de mayo de 2.001, no estaba aprobado ningún cronograma de audiencias públicas, y por parte del gobierno sólo se había accedido a celebrar el día 10 de junio una audiencia especial con el sector de la tercera edad. Parece como si su interés fuera  realizar el mínimo posible de ellas, impidiendo a su vez la  participación masiva de colombianos en las mismas. Resulta fácil inferir la intención que acompañaba al gobierno, cuando impulsó la diversificación de las audiencias: convertirlas en unos cuantos actos cerrados para un exclusivo círculo de expertos. Jamás ha encontrado sentido en escuchar la voz de un pueblo que considera ignorante. Todo indica que siguen pensando igual.

 

Eso precisamente se puso de manifiesto en la mesa redonda del 19 de mayo. Los rimbombantes títulos de doctor y máster obtenidos en universidades extranjeras, con los cuales se presentó a los ponentes invitados por el gobierno, parecían querer decir a los presentes que con tanta sabiduría no había nada que discutir. Y no podía ser cierto.

 

Ponencia de la CEPAL 

 

Con el título de Equidad, Distribución del Ingreso y Políticas Sociales, Juan Carlos Ramírez, director de esta Oficina en Bogotá, comenzó hablando acerca de lo ancestral que ha sido en Latinoamérica el fenómeno de la mala distribución del ingreso, pese a lo cual lo consideró superable. A juicio de los expertos son cuatro los factores determinantes del ingreso: el nivel de educación de las personas, el empleo, el tamaño del hogar y la distribución de activos.

 

La educación, sostuvo, es el principal de los determinantes. Para no ser pobre se requiere un nivel mínimo de educación, más ahora, cuando la mundialización de la economía hace primar el conocimiento y la tecnología.  Como de paso, reconoció que servía para elevar el ingreso siempre que se consiguiera empleo. El empleo, agregó, está ligado al crecimiento económico y hay que reconocer que las políticas públicas pueden ayudar a romper barreras de acceso al empleo. El número de hijos que se tenga también incide en la pobreza. Y en un último lugar ubicó lo que él llama la distribución de los activos productivos y sus rendimientos, la cual se ve afectada por su distribución inicial y su uso improductivo, por  las restricciones para acceder a ellos, por el acceso a los activos públicos, y por la orientación de la inversión pública. A su juicio debemos aplicar nuestro criterio creativo a la construcción de condiciones de enriquecimiento mejor distribuido.

 

El último de los factores que mencionó con lenguaje desorientador, es en realidad el capital, la tierra y las ganancias, los cuales al parecer son intocables según la ciencia económica, con lo cual quedó al descubierto tanto su carácter de clase como la falta de voluntad política para tratar a fondo el problema.

 

Enseguida pasó a analizar el papel  de las políticas sociales en la distribución del ingreso, las cuales dependen a su juicio de las estructuras de tributación y la orientación del gasto público. Nuevamente la educación, unida a la salud y la nutrición vienen a ser  las más distributivas. Sin negar que pueden haber otras menos distributivas como la vivienda, el sistema de pensiones y los subsidios a los servicios públicos. Y póngase atención de nuevo a esto: “la superación de la pobreza puede estar asociada o no con fenómenos de distribución o concentración de la riqueza y los ingresos”. ¿En dependencia de qué? No lo dijo. Al fin y al cabo no parece tener importancia para la ciencia económica avanzada.

 

Y se preguntó: ¿Cuánto invertir en gasto social? Como de pasada dijo que Colombia está por encima de los estándares en este campo. Y se limitó a destacar la necesidad de un Pacto Fiscal para determinar esta materia. Al final, diría que con sólo políticas sociales no se realizaría la superación de la  pobreza, puesto que habría que considerar el modelo de crecimiento y su estructura. Tal vez se vio arrebatado por un arranque de democracia demagógica al reconocer que, como las políticas públicas pueden ser concentradoras o distribuidoras del ingreso, es necesario discutirlas públicamente a la luz de la equidad. Pero  póngase atención a su criterio elitista en cuanto a quienes pueden participar en esa discusión: “Los actores deben contar con el conocimiento y las capacidades para participar”. Es decir que sólo los sabios pueden hacerlo. No sobra decir que según sus palabras esos sabios son ellos.

 

Ponencia de NELSON FAJARDO 

 

Con estilo académico y notable sencillez, este periodista e investigador en ciencias económicas, introdujo algunas cuestiones de contexto y se refirió a las relaciones entre el capital y el Estado en Colombia. A su juicio, la modernidad nos encontró con un Estado nacional inconcluso, convertido en bolsa para el enriquecimiento de las burocracias por medios legales e ilegales, dominado por una oligarquía de cortas miras, extractivista y de consumo primario individual, muy bien aprovechado por el capital mundial transnacional para someternos a su dependencia. 

 

A su juicio, una estrategia de distribución del ingreso que fortalezca el desarrollo social de nuestro país, requiere superar el modelo de acumulación neoliberal propio del sistema capitalista globalizante, así como la construcción de un Estado nacional que exprese los intereses del conjunto de los miembros de la sociedad y no los de una reducida oligarquía. Para el efecto sometió a aguda crítica las doctrinas dominantes de los economistas posmodernistas y tecnócratas que olvidan el componente humano y político de las ciencias económicas. Es necesario que el nuevo modelo económico democrático alternativo de acumulación y consumo, haga énfasis en el fortalecimiento y expansión de la economía real, para lo cual se requiere democratizar las formas de propiedad y apropiación de los beneficios.

 

Igualmente la inversión del Estado ha de apuntar a la expansión y fortalecimiento del capital fijo nacional, y las políticas económicas a la protección y proyección del patrimonio nacional, las instituciones y las empresas del Estado a partir de criterios de eficiencia, a obligar a las diversas formas de capital privado a invertir en el fortalecimiento y expansión del circuito y el aparato de reproducción socioeconómica. Las políticas fiscales se dirigirán a gravar la renta sobre la propiedad de la tierra improductiva y las utilidades de las diversas formas del capital con fines redistributivos. Por su parte, la política presupuestal ha de fortalecer el gasto social en desmedro de los gastos militares y de seguridad que deben corresponderse más bien a los de un país en paz. La inversión social debe priorizar la educación integral, la salud, la vivienda, la recreación, el deporte y la cultura.

 

 

Ponencia de MAURICIO SANTAMARÍA por el Gobierno Nacional

 

Mediante el empleo de gráficos proyectados sobre un tablero blanco que no se podía distinguir muy bien en la claridad del día, el alto funcionario de Planeación Nacional, más que una ponencia sobre el tema, invirtió el tiempo en hacer una explicación didáctica muy rápida acerca de qué entiende las ciencia económica moderna por pobreza y de qué manera se la puede medir. Una de sus primeras afirmaciones aseguró que no era fácil definirla. Desentrañando el significado de cada una de las siglas LP, LI, INBI, ICV, IPH, IDH, léase línea de pobreza, línea de indigencia, índice de necesidades básicas insatisfechas, índice de condiciones de vida, índice de pobreza humana, índice de desarrollo humano y demás, fue demostrando cómo resultaban  insuficientes para abarcar la complejidad del problema. La conclusión más lógica que se podía sacar al oírlo, era la de que un problema tan difícil de definir resultaba apenas igual o más difícil de solucionar.

 

Es  que si se es pobre por uno de los indicadores, no se lo es por otro. Pero aún mejor: unos indicadores nos pueden señalar que cada vez hay más pobreza, pero otros, más autorizados, como los de Naciones Unidas, nos demostrarán que a pesar de la crisis, la pobreza urbana y rural continúa en descenso. Como quien dice, cambiemos la vara que nos mide y olvidémonos del hambre, la miseria, el abandono, la insalubridad, el desempleo y la ignorancia, palabrejas superadas por la historia. Pero el brillante expositor no dejó pasar una conclusión final: la pobreza hubiera descendido aún más si no fuera por culpa de la violencia. Casi dijo los violentos, estuvo a punto de decir la guerrilla. 

 

Había que buscar otra forma para decirlo. Y pasó a exponer sobre macroeconomía y pobreza. Entonces enseñó que para combatir la pobreza hay que combinar el crecimiento económico  con las políticas asistenciales. Y para crecer se requiere,  probado con gráficos del Dane, inversión privada que genere empleo e ingresos para los hogares. Desafortunadamente, según el expositor, los empresarios privados no invierten debido a las dificultades de orden público, segundo factor más negativo para la inversión, después de la demanda que ni siquiera tocó. También habría que considerar el saneamiento de las finanzas públicas, lo cual implica que no se puede seguir financiando indefinidamente el crecimiento del gasto. La deuda adquiere caracteres dramáticos. Con ella se ha financiado el gasto excesivo pero a su vez ella es un obstáculo para la inversión pública y privada. Y es intergeneracionalmente  ( ¿Qué tal la maroma verbal?) injusta. Tras conducirnos hasta este laberinto guardó un silencio total. Como quedaría demostrado unas horas más tarde, para el gobierno el tema de la deuda es intocable.

 

Pasando al tema de la desigualdad en el ingreso, el expositor nos dijo que los métodos de medición no tienen en cuenta  la distribución de los activos o riqueza, sino los solos ingresos provenientes del trabajo. Pese a ello, el reconocimiento oficial fue el de que en el año 2.000, el 20% más pobre percibía el 2.4% del ingreso total, mientras que el 10% más rico, el 63% del ingreso total. A ello se agrega que en los últimos años la brecha entre unos y otros ha venido ampliándose. Y remató este punto con el coeficiente de desigualdad GINI, según el cual Colombia ocupa en América Latina el puesto doce entre los países con mayor desigualdad y esta ha ido en deterioro en los últimos tres años.

 

La única alternativa viable por parte del gobierno para remediar esta situación, es la utilización de tres mecanismos de protección social: los subsidios, la red de protección social y la inversión en infraestructura (agua, vivienda, vías, electrificación, telefonía, etc.). La concepción asistencialista del Estado colombiano no deja dudas. El componente social del Plan Colombia es su estrategia fundamental, ocultando el hecho de que sus gestiones miran más al beneficio del gran capital inversionista en estas materias que al beneficio social de las mismas. Y sin siquiera mencionar que el Plan Colombia  entraña tales factores de empobrecimiento por causa de la guerra que impone, que sus beneficios sociales no alcanzarán a enmendarlos.

 

 

Ponencia de IVAN RIOS coordinador de la Comisión Temática de las FARC-EP

 

Las FARC partimos de considerar, con relación al tema, que existe una controversia de fondo para definir cuál Estado, cuál estrategia y cuáles políticas económicas necesita el país. Ella se da entre quienes planteamos que se debe privilegiar el impulso a la producción, el mercado interno, la pequeña, mediana y gran industria privada, la augestión, la microempresa y la economía solidaria, y quienes se amparan en conceptos técnicos aparentemente irrebatibles, para sostener que hay que privilegiar al gran capital financiero favoreciendo ampliamente sus actividades especulativas. Nuestro país se caracteriza por un amplio espectro de desigualdades económicas, sociales, políticas y culturales, agravadas por la vigencia de un régimen político intolerante que ha hecho del terrorismo de Estado su mecanismo permanente de dominación.

 

Planteamos una Plataforma para un Gobierno de Reconciliación y Reconstrucción Nacional, según la cual el Estado debe ser el principal propietario y administrador en los sectores estratégicos. Pero hablamos de un Estado nuevo, distinto por completo al que tenemos ahora. Ese Estado debe invertir el 50% del presupuesto nacional en bienestar social, definir democráticamente una política de aprovechamiento de nuestros recursos naturales, establecer condiciones claras para la inversión extranjera, impulsar el mercado interno mediante la economía campesina planificada regionalmente de manera democrática, expropiar la gran propiedad agraria improductiva y aquella nacida de la violencia, democratizar el crédito, la asistencia técnica y el mercadeo, elaborar una metodología más realista para medir los ingresos y posibilitar una política impositiva verdaderamente redistributiva, y ponerle las riendas al sector financiero para que sirva al desarrollo de las fuerzas productivas.

 

De manera inmediata proponemos la creación de un subsidio estatal para todos los desempleados mientras se pone a funcionar una estrategia de creación y reconstrucción de empresas del  sector productivo agrario e industrial. Los dineros deben salir de una moratoria de la deuda externa por un término de cinco años para invertir esos recursos en ese propósito. Dada la alta descomposición de la clase política colombiana esos dineros ahorrados deben quedar a disposición de la Mesa Nacional de Diálogos. También deben renegociarse los acuerdos comerciales internacionales. Para ello será necesario retomar la desdeñada noción de soberanía nacional con el fin de esquivar las imposiciones de los centros de poder del capitalismo global. De igual modo deberá reducirse de manera considerable el gasto militar del Estado colombiano, partiendo de considerar que el conflicto interno obedece precisamente a la falta de desarrollo económico social  y a la intolerancia del régimen, antes que ser la causa del subdesarrollo.

 

Al finalizar reiterando nuestro anhelo de hallar una solución por la vía del diálogo, instamos al gobierno nacional a dar cumplimiento a su reconocimiento expreso en la Agenda Común para el Cambio, de que para lograr la paz es necesario implementar profundas transformaciones en todas las materias enumeradas en ella. Unas bases serias para el desarrollo social y la redistribución del ingreso han de ser el producto de un verdadero acto de contrición por parte del Estado en la Mesa Nacional de Diálogos. Se requiere echar manos a la obra y dejar los discursos, porque todos los actos del gobierno están apuntando a agravar de manera conciente e irresponsable el conflicto. 

 

 

Ponencia de MAURICIO PERFETTI

 

En su calidad de profesor universitario y director del CRECE de Manizales, este expositor presentó la ponencia titulada Equidad y Política Social. 

 

Con ella tuvo la intención de abordar los siguientes temas:  distribución funcional del ingreso, medidas del tamaño de la distribución, factores que determinan el tamaño de la distribución del ingreso  y sus variaciones, para finalizar con algunas propuestas. Así las cosas su contenido resultaba sugestivo. Pero una vez entrado en materia las expectativas fueron convirtiéndose en quimeras.  El primer tema se tradujo en una serie de gráficos comparativos entre ingresos provenientes de la remuneración al trabajo, el excedente bruto de explotación y el ingreso mixto. Y en cuanto al segundo, los factores que determinan el tamaño de la distribución del ingreso, nuestro profesor pareció penetrar por completo al plano de la metafísica:

 

“La participación de un factor en el Ingreso puede variar por:

 

a) Cambios  en cantidades relativas usadas 

b) Cambios en precios relativos que inducen cambios en las cantidades”.

 

Y todavía más cuando pasó a explicar: “Cambios en un factor no necesariamente implican cambios en la distribución funcional a favor del mismo, porque:

 

1) Se requieren grandes cambios en los precios relativos 

2) Complementariedad de capital humano y físico significa que cambios tecnológicos generalmente generan mayores inversiones en capital humano”.

 

Todo fue disipándose sin embargo cuando fue concluyendo de sus premisas una afirmación categórica: “Tal como lo sugiere la evidencia empírica disponible...sólo mediante un decidido fortalecimiento del capital humano es posible contribuir a mejorar las condiciones de desigualdad y pobreza imperantes en el país”, es decir que únicamente con el fortalecimiento de la educación será posible erradicar la pobreza, nada de ir a meterse con la desigual distribución de propiedad privada sobre el capital y la tierra.

 

Porque el ponente vino en realidad a hacer la defensa de la apertura económica neoliberal de los años noventa hacia acá, negando cualquier efecto negativo de ésta sobre la actual brecha de ingresos entre los ricos y el resto de la población. Los gastos sociales, en educación y  salud se vieron en realidad incrementados con la apertura, fue su tesis. Y por eso sus propuestas apuntaron más bien hacia un mejoramiento de la eficiencia del Estado en los campos de salud, educación y nutrición, pues a pesar de los grandes esfuerzos logrados en la década pasada todavía hay muchas cosas por hacer: mejorar la focalización y combinarla con la integralidad, eliminar la descoordinación entre las decisiones públicas y la capacidad para ejecutarlas, redistribuir regionalmente los recursos y reformar la educación superior con planes de financiación. Puro paño de agua tibia y nada más. El empleo del lenguaje seudo científico en realidad pretende evadir el análisis de las verdaderas causas de la desigualdad, al tiempo que revela la incapacidad de las clases dominantes para materializar con urgencia las profundas transformaciones que reclama nuestro país. Esto último resulta mucho más grave si se toma parte en una mesa de diálogos en la que se dice buscar la paz.

 

 

Intervención de Miguel Antonio Caro por la CUT

 

La Comisión Temática de las FARC-EP insistió hasta último momento para que los sectores de la salud y la educación, directamente afectados con el Proyecto de Acto Legislativos 012 sobre Reforma al sistema de Transferencias, aprovecharan este espacio para exponer ante el país y el mundo, sobre el verdadero contenido del intento de reforma constitucional que pone al desnudo la demagogia de las políticas estatales sobre distribución del ingreso y desarrollo social. Desafortunadamente se atravesaron factores ajenos a nuestra voluntad, para impedir que un asunto que lesiona tan duramente los intereses del pueblo colombiano pudiera ser tratado en el Caguán. Y no fueron precisamente del lado del gobierno los obstáculos. En el último momento, el secretario general de la CUT, Miguel Antonio Caro, quien asistió a la Mesa Redonda en calidad de participante invitado, optó por intervenir de manera casi improvisada, para no dejar silenciada la voz del sindicalismo consecuente.

 

“Quisiera en primer lugar -comenzó-... decir que lo que a habido en nuestro país, en los últimos años es un grave retroceso social  y que en lo que respecta al ingreso lo que hay es una cada vez mayor concentración del  ingreso al tiempo que  crece desmesuradamente la pobreza y la exclusión social”. Luego insistiría en la necesidad de adentrarse en las causas que han originado esa situación, entre las cuales no vaciló para calificar de primera, a la entrega de la soberanía nacional por parte de las clases gobernantes a los grandes centros de poder del capitalismo financiero transnacional. Y puso como ejemplo al acuerdo con el FMI que impone la reforma al sistema de transferencias, que arrebatará las finanzas a los sectores de salud y educación para dejarlas en manos de alcaldes y gobernadores politiqueros y corruptos. Y advirtió que la anunciada reforma tributaria territorial proyectada por el gobierno nacional, busca en realidad sacar del bolsillo de los contribuyentes, mediante nuevos impuestos, los dineros que le restarán a la salud y a la educación. Igualmente denunció la reforma pensional en ciernes, otra imposición del Fondo Monetario Internacional, como un intento más del Estado colombiano por repartir la pobreza, nunca la riqueza, entre los de abajo.

 

Finalmente haría dos precisiones. La primera que no es posible resolver la crisis nacional mientras se mantenga vigente el modelo económico neoliberal y mientras el país siga sometido a los dictados de los organismos internacionales al servicio del capital. Y la segunda, que cualquier solución tiene que pasar por la construcción de un modelo alternativo de desarrollo económico y social, que reivindique  la soberanía nacional y que oriente no solo la economía, sino el conjunto de la política, en favor de los más desprotegidos de nuestro país.

 

 

La intervención de los participantes

 

Un violento aguacero que obligó a interrumpir el desarrollo de la mesa redonda durante varias horas, impidió que los participantes invitados, 15 en total, tuvieran la oportunidad de presentar sus preguntas y comentarios a los ponentes del día. La urgencia de regresar a Bogotá en el vuelo de Satena escasamente permitió a unos pocos de ellos dar inicio a una interesante discusión que apenas quedó planteada cuando finalizó la audiencia. Además de los invitados también estaban presentes en la mesa redonda los voceros del gobierno nacional y las FARC-EP en la mesa de diálogos, así como los miembros del Comité Temático Nacional. Los participantes que quedaron esperando su oportunidad fueron: Nelson Caballero por la CGTD, Miguel Morantes por la CTC, Darley Moreno por SINTRADIAN, Ancízar Rico por la CNA, Juan Carlos Villamizar por Red Unipaz Estudiantil, Rafael Mejía López por la SAC, Imelda Restrepo por la ANDI, Raúl Alameda por la Academia Colombiana de Ciencias Económicas, Carlos Humberto Ortiz por la Universidad del Valle y Jesús Elías Aguilar por la Universidad Santiago de Cali.

 

Destacamos la crítica de Rafael Uribe Uribe de la Universidad de Antioquia al gobierno nacional por presentarse a dar una charla didáctica sin propuestas distintas a la de que hay que hacer crecer la economía. Igualmente el énfasis que puso Héctor Ochoa de la Universidad ICESI de Cali en la necesidad de un nuevo Estado, ya que el actual obra en absoluta contravía de los propósitos que expone, citando como ejemplos su ausencia en el impulso a la educación y su favorecimiento a las altas tasas de interés. Los dos participantes expresaron su grata impresión con la propuesta de las FARC-EP. El comandante Gabriel Ángel de la Comisión Temática agradeció con ironía las enseñanzas brindadas por Planeación y la CEPAL, al tiempo que inquirió en forma vehemente al gobierno nacional por presentarse a defender unas políticas económicas que nos han conducido al grave estado de desigualdad, pobreza e injusticia en que nos hallamos sumidos en Colombia. 

 

Por su parte Hans Blumenthal de Fescol y Juan Ricardo Ortega, asesor económico de Andrés Pastrana, quisieron que el comandante Iván Ríos aclarara algunos puntos de la propuesta de las Farc. Aspectos como la enorme deuda social de los sectores dominantes con el pueblo colombiano, el escandaloso nivel de corrupción de la clase política y la desproporcionada cifra del gasto militar en Colombia, sirvieron al coordinador de la Comisión Temática para justificar ampliamente las propuestas sobre el subsidio al desempleo, la moratoria de la deuda externa y la destinación de la mitad del presupuesto nacional a la inversión social.

 

 

La relatoría final

 

El doctor Miguel Eduardo Cárdenas, de Fescol, tuvo a su cargo una breve relatoría verbal final.  En ella puso de presente el consenso general en el sentido de que la concentración del ingreso se convirtió en un fenómeno irrefrenable no solo en Colombia sino en América Latina, hasta el punto de llegar a obstaculizar el crecimiento económico. Por lo mismo, la pregunta que resumiría el objetivo de la audiencia podría ser: ¿De qué manera se puede  desconcentrar el ingreso?

 

A su juicio en la mesa redonda se presentaron dos enfoques al respecto. El economicista técnico, seriamente cuestionado, según el cual el problema en estudio no requiere para su solución de reformas estructurales, sino posibilitar las condiciones para que la economía de mercado genere el crecimiento económico esperado, el cual, si se acompaña de una ampliación en las fronteras educativas de la población, permitirá cumplir la anhelada redistribución del ingreso y la riqueza. Y el enfoque político expuesto por Nelson Fajardo y las FARC-EP, según el cual la concentración del poder económico y el poder político marchan de la mano y se retroalimentan mutuamente, lo cual hace necesario plantear la construcción de un nuevo tipo de Estado que posibilite penetrar la estructura de la propiedad privada sobre la riqueza.

 

Igualmente consideró como supremamente interesantes las propuestas de las FARC-EP sobre las cuales no ocultó la indisposición del gobierno, por lo cual aseguró que eran un importante material para la discusión en la Mesa Nacional de Diálogos.¨

 

 

Para mayor información:

 

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo 

FARC-EP


 

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